Guardadas algunas proporciones, el exgobernador Javier Corral terminó convirtiéndose en “La Coneja” del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gran protector del expanista que algún tiempo lo acusó de sembrar el odio, manipular y faltar a la verdad.
No es un nuevo apodo del eterno parásito de las plurinominales, es el símil de un episodio que le tocó a Corral vivir desde otra posición más cómoda, la de jefe del Ejecutivo, mientras que, en su lugar de acusado de corrupción, estaba el exsecretario general adjunto del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez, conocido con ese alias que no le hace justicia a los animalitos caracterizados por su productividad genética.
A Gutiérrez, Corral lo señaló, acusó y detuvo -contra varios intentos por liberarlo de parte de la administración federal de Enrique Peña Nieto- en medio de una trama de corrupción muy interesante, la famosa Operación Safiro para desviar del erario de Chihuahua 250 millones de pesos a las campañas del PRI.
En el transcurso del tiempo, la dichosa operación terminó siendo una mezcla de muchas realidades, pero también de muchas ficciones, algunas salidas de la misma Fiscalía General del Estado a través de carpetas de investigación en la que fácilmente se perdían las fronteras entre los hechos y las fantasías.
No está demás asentar que nadie está preso por ese hurto descomunal que en realidad ya no sabemos si existió y, en caso de que así haya ocurrido, cuál fue el destino de las maletas de dinero; menos sabemos cuántos, quiénes y cómo sacaron ganancias, porque “La Coneja” hace mucho cambió de madriguera, dado que terminó exonerado en un caso elevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fortalece la idea de que gran dosis de fantasía, de la que todavía habla Corral como uno de los logros, el mediocre resultado de la FGE corralista y su falaz Operación Justicia. Uno de esos es la sentencia impuesta durante el corralato a Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación con Duarte, como presunto responsable del supuesto gran desvío para las campañas del PRI en el país.
Al duartista le fue impuesta una pena de prisión de pocos años, que cambió con un opaco acuerdo reparatorio para pagar de su bolsa los casi 250 millones de pesos, en abonos chiquitos jamás transparentados.
Obviamente nunca pagó un centavo, pero Corral lo liberó, escondió el acuerdo que hizo con él a través de la FGE y lo puso en su lista de grandes resultados en el combate a la corrupción. Boletinó la mentira de la reparación del daño, más como una herramienta publicitaria que como un hecho jurídico cierto.

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A finales de 2017, el primer año  del trágico gobierno vendedor de la mentira del “Nuevo Amanecer”, fue capturado Gutiérrez en Saltillo, por agentes de la FGE y la Policía Federal, que primero apoyó la ejecución de la orden de aprehensión y luego trató de liberar al allegado de exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
Para la FGE corralista, fue el estratega del multimillonario desvío de varios estados del país para las campañas priistas de 2016, aunque la única acusación fue fincada aquí.
Es ahora Corral Jurado el que es señalado por corrupción, por un monto también monumental: 98.6 millones de pesos pagados al despacho López Elías Finanzas Públicas S.C, de Pedro López Elías, contratado a la brava por la Secretaría de Hacienda, sin evidencia alguna de su trabajo supuestamente dirigido a reestructurar la deuda pública estatal, que Duarte dejó en niveles escandalosamente altos, que Corral llegó a incrementar.
De acuerdo con la denuncia que sustentó la Auditoría Superior del Estado, hubo irregularidades hasta para llevar en el jugoso contrato otorgado por el secretario de Hacienda del corralato, Arturo Fuentes Vélez, prófugo desde el nueve de mayo de 2023.
Una auditoría forense a la deuda con la que cerró el sexenio corralista, arrojó que de 170 actividades que supuestamente realizaría el despacho beneficiado con el presupuesto estatal, 137 son relatorías o documentos oficiales que emanan de la misma Secretaría de Hacienda; las otras 33 no fueron presentadas.
No sólo eso, existen además entregables del despacho con fechas previas a la celebración del contrato, desde enero de 2019, y por si fuera poco, personal Departamento de Información Financiera de Hacienda, en marzo de 2022, manifestó que participó en las actividades objeto de la contratación de prestación de servicios, de las cuales algunas de ellas se realizaron incluso sin apoyo del despacho.

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Ha sido documentado con claridad este caso de peculado, que comenzó desde la burla a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, donde queda claramente prohibido que en Chihuahua “no podrán crearse fideicomisos, otorgarse mandatos o celebrarse contratos o cualquier tipo de actos cuya finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento”.
Corral y Fuentes Vélez utilizaron la figura del fideicomiso para contratar de manera discrecional y directa al despacho de López Elías, para lo cual botaron a la basura la Ley de Adquisiciones. Por ende, no se aseguraron las mejores condiciones para el estado en lo que fue, además, una contratación innecesaria.
Los casi 100 millones de pesos se entregaron sin contar con la debida suficiencia presupuestal, sin realizar la investigación de mercado, sin el correspondiente dictamen de excepción y la autorización del Comité Especial; además, sin establecer en el contrato las garantías y penas convencionales y registrarlo en el Sistema Electrónico de Compras.
Habría que pecar de exagerada ingenuidad suponer que el exgobernador y su extesorero, dos grandes vergüenzas del PAN de la vieja guardia que valoraba sobre todo su escudo de honestidad, no hicieron negocio con la jugosa contratación de papel, igual a las que le llegaron a acusar a César Duarte, cuando usaba la hacienda estatal como su caja personal.
La reestructuración de la deuda fue una falacia, como lo fue el trabajo del despacho becado para ayudar en esa labor. No hay evidencia de la labor realizada, como no hay resultados de lo que hizo Fuentes Vélez desde su brutal ignorancia en materia de finanzas públicas.
La verdad es que el pasivo reportado al registro oficial -que no incluye otros compromisos indirectos del estado en ciertos supuestos- era de 49 mil 408 millones de pesos en la transición Duarte-Corral; en 2021 terminó siendo de 51 mil 890 millones de pesos. Está claro que no fue un buen manejo.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados ha documentado la evolución de este indicador vergonzante de los gobiernos de Duarte y Corral. Apenas este año parece mostrar una tendencia a la baja, por fin.

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También habría que pecar de ingenuidad si supusiéramos que “La Coneja”, Manlio Fabio y Duarte Jáquez eran angelitos enviados en la tierra a sacrificarse por los mexicanos desde el servicio público.
Igualmente habría que hacerlo para suponer que Corral se conduce con la verdad. Los datos lo desmienten, más allá de cualquier motivación política que, por supuesto, está detrás del desfasado intento de arresto que no pudo lograr la Fiscalía Anticorrupción del Estado, con un operativo fallido en la Ciudad de México.
Tramposamente busca Duarte, perdón, Corral, esconder en mentiras los hechos de corrupción que lo desnudan.
Tras el operativo en el restaurante Gin Gin de la capital del país, salió en redes a decir que no hay delito qué perseguir y hasta aseguró que la dichosa reestructuración le ahorró al estado siete mil millones de pesos; la terca realidad lo golpea en la cara: el mismo López Elías al que contrató, en su momento, presumió de ahorros de tres mil 500 millones de pesos en ese desaseado proceso.
La verdad es que ni ahorraron ni la contratación fue legal, ahí está la evidencia en la danza de cifras sin sentido, lo que suma sustento al proceso que pretende fincarle la autoridad ministerial al exgobernador, ligándolo de forma coherente a su exsecretario prófugo.
Más allá de la palabrería habitual de Corral Jurado, la parte sustancial de la acusación de peculado, con la evidencia debidamente reunida, lo obligan a comparecer ante la justicia, aunque no aguante las ganas de publicitar la basura de su administración como si fueran resultados favorables.
Atenerse a ganar el amparo y lograr el fuero no hace sino llevarlo a ser otro símil de otro duartista, ya fallecido por suicidio luego de años de haber estado preso, Antonio Tarín, quien también tenía una orden de aprehensión en tiempos del corralato, en la antesala de asumir como diputado federal, lo que casi logró, pero el PRI terminó entregándolo para no cargar con más vergüenzas.
A lo mejor Morena tolera más las vergüenzas, así lo ha dejado ver allegándose de los despojos de otros partidos, como Corral, el gran protegido de Andrés Manuel como “La Coneja” lo fue de Peña Nieto.