Como usted ya debe estar enterado y ha sido el tema de discusión pública más importante de los últimos días, está en puerta la votación y muy probable aprobación por parte del Constituyente permanente (El congreso federal y la mayoría de los congresos estatales del país), de una iniciativa de reforma constitucional que pretende hacer una justicia ahora sí verdaderamente pronta y expedita, según la iniciativa, y viene a transformar completamente la manera de elegir todas las y los jueces, magistrados y ministros del país, así como su remuneración, duración en el cargo, la revisión y sanción de su desempeño.
Siendo actualmente el único poder del país que no ha sido transformado en su estructura y funcionamiento, desde la reforma judicial del presidente Ernesto Zedillo del 01 de diciembre de 1995, quien eliminó a la Suprema Corte de Justicia de esa fecha y creo una nueva Suprema Corte a modo, reduciendo de 26 a 11 ministros dicho órgano siendo elegidos todos por él y el priismo; la propuesta actual plantea la renovación total del poder judicial por votación.
Como se esperaba y por los cambios que plantea con la renovación total de los jueces del país, ha sido rechazada por la totalidad de los jueces, magistrados y ministros en funciones, así como por una gran parte de los trabajadores del poder judicial de la federación quienes, desinformadamente, están saliendo a exigir que no se apruebe la reforma judicial porque se afectarán sus derechos laborales, a pesar de que en la iniciativa de reforma en uno de los artículos transitorios (el décimo) se establece que se respetarán los derechos de los trabajadores en su totalidad, pues únicamente cambiarán a los jueces, magistrados y ministros del país.
Por lo anterior, ante el paro actual que se lleva a cabo en el poder judicial federal, pero sobre todo ante el cúmulo de desinformación que circula en las redes sociales, es oportuno revisar los principales cambios que plantea la reforma judicial a nivel constitucional, que será aprobada muy probablemente en los próximos días y antes de que termine su mandato AMLO, en el mes de septiembre; para que usted arribe a su propia conclusión.
En primer lugar como ya lo anticipé líneas arriba, uno de los principales cambios, y el más controversial, es la manera de elegir ahora a los jueces, magistrados y ministros del país, donde se le quitará el poder al propio poder judicial así como a los gobernantes en turno (gobernadores y presidente de la república), de elegir a los jueces, magistrados y ministros, pues a diferencia de cómo ahora ocurre donde son designados por los gobernantes en turno o en el mejor de los casos a través de concursos sin transparencia y siempre controversiales, y ahora serán votados por los ciudadanos, previa evaluación y selección de un grupo de abogados y abogadas, considerando su trayectoria, fama pública, y conocimientos.
El segundo cambio importante es la desaparición del actual Consejo de la Judicatura, un órgano administrativo que pertenece al mismo poder judicial y que en teoría se encarga de evaluar y disciplinar a los jueces y que en la práctica ha resultado ineficaz, sustituyéndolo por un Tribunal de Disciplina Judicial autónomo e independiente de dicho Poder Judicial (que también se elegirá por voto), que en el ámbito federal se compondrá de 5 magistrados, y en el ámbito local (entidades federativas) impone la obligación de la creación de sus propios Tribunales de Disciplina Judicial, con el fin de revisar y sancionar el actuar irregular de los jueces, y que ahora podrán ser denunciados por cualquier ciudadano, e investigados, como ocurre con cualquier servidor público.
El tercer cambio es la duración en el cargo, pues ahora ya no serán vitalicios los cargos de jueces, como funciona actualmente, pues sólo durarán en el cargo nueve años con posibilidad de una reelección, en el caso de un buen desempeño, y si quieren durar otros nueve años tendrán que ser sometidos a votación de los ciudadanos nuevamente. En el caso de los magistrados durarán 8 y 11 años según la votación que obtengan, y por lo que hace a los ministros de la Corte durarán 12 años. 
El cuarto cambio es la remuneración que obtendrán así como la eliminación de las prestaciones de autos, gastos médicos mayores, chofer, gasolina, teléfono, etcétera, pues ahora tendrán que ser pagados de su sueldo, el cual ya no será de 130 hasta más de 200 mil pesos neto (en los casos de ministros), pues ahora se les reducirá a un sueldo máximo de lo que gana el presidente de la república, que actualmente es de 128 mil pesos neto aproximadamente, prohibiéndoles ganar más que él, conservando aún sueldos muy decorosos por encima de todos los servidores públicos federales.  
En la parte dos del presente artículo continuaremos con los demás puntos de esta reforma tan significativa para la impartición de justicia del país.