Casi ejerce Acosta de magistrado presidente

No encendió bien “Yako” la mecha del paro

Bonilla de cerca con Canacintra


“Yo soy Gael González de 18 años, fui levantado el día 12 de enero de mi casa en Santa María de Cuevas, Dr. Belisario Domínguez, Chih. y el día 13 me encontraron sin vida”, dice un estremecedor relato con la foto del joven (puede verse en la edición digital de GPS), que hace unos días pusieron a circular en redes sus familiares.

“Vine a pasar vacaciones con mis padres y me mataron injustamente yo no me metía con nadie era solo un estudiante, mi papá es agricultor y ganadero, mi mamá ama de casa (sic)”, agrega. “No supe por qué me quitaron la vida si yo no le debía nada a nadie, hubiera preferido que me dieran una oportunidad, que hablaran con mis padres y me hubieran corrido si no me querían aquí”.

Como si fuera la víctima con voz propia la que narra los hechos, indica que era un joven estudiante que acababa de ingresar a la universidad y ahora sus padres y hermanos sufren por su ausencia.

“Mi noticia jamás se difundió en ningún medio de comunicación. Les exijo justicia a las autoridades por que me quitaron la vida yo siendo inocente y con ello se llevaron todos mis sueños y le destruyeron la vida a mis padres y hermanos”, reclama Gael a casi tres meses de su asesinato, escondido quizás con el ánimo de no resolverlo.

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El caso de Gael viene de esa franja de Chihuahua donde -lo decíamos en GPS apenas el pasado Viernes Santo- cae el sol y con él se apaga la vida pública, porque hay un toque de queda impuesto por los grupos criminales, que a partir de las ocho de la noche vigilan caminos y carreteras hasta con drones.

La historia del joven, oculta hasta ahora, es parte de otras tragedias ya no tan aisladas. Tragedias que son parte de una normalidad instalada entre Gran Morelos, Belisario Domínguez, San Francisco de Borja y el rumbo a Nonoava-Guachochi, donde la presencia policial estatal y federal es intermitente y la del crimen es constante.

Esa es la realidad, por más que funcionarios del ramo de seguridad salgan a tratar de ocultarla con declaraciones bobas o boletines que repiten falsedades hasta el cansancio, como lo dicta la escuela goebbeliana.

Ahí, en ese corredor donde la disputa por el control va desde la droga hasta la madera y la extorsión, la vida cotidiana se acomoda al miedo. Hay una base de la Guardia Nacional a un costado del Banco del Bienestar en Carretas, pero nadie alcanza a explicar para qué sirve cuando, en los hechos, quienes dictan las reglas son otros. De hecho, esa comandancia parece abandonada.

En ese contexto ocurrió lo de Gael. Un grupo armado, encapuchado, con vestimenta tipo militar, entró directo a una vivienda donde todos dormían. La escena duró minutos, pero dejó una marca indeleble en sus deudos, hasta donde hemos podido investigar.

A la madre la obligaron a hincarse, igual que a sus hijos. Las armas largas apuntaban a todos. A Gael lo tiraron al suelo, lo inmovilizaron entre varios. Alcanzó a decir que no había hecho nada, que qué querían, pero los criminales no lo escucharon. Cuando su madre intentó acercarse, la amenazaron de atacar a sus otros hijos menores de edad y quemarle la casa.

Se lo llevaron así, frente a todos. Cinco hombres en un par vehículos. Horas después llegaron las autoridades, levantaron el informe, hicieron preguntas, cumplieron con el protocolo y se fueron. Al día siguiente, el cuerpo de Gael apareció sin vida en los alrededores de Tutuaca, sobre la carretera que conecta con San Francisco de Borja.

Ningún operativo, ninguna detención ni línea clara de investigación. Tampoco boletín del caso, pero sí comunicados triunfalistas de supuestas detenciones en la región, por lo que el caso se diluyó como se diluyen tantos en esa región donde, paradójicamente, todo se sabe y nada se esclarece.

Meses más tarde, la historia regresa, no por las autoridades, sino por la denuncia de los familiares, ante la invisibilización de un crimen individual, pero también por el apoderamiento de ranchos y localidades enteras por parte de los grupos criminales en esos municipios.

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Las quejas de juezas, magistradas y empleadas del Poder Judicial del Estado contra el magistrado Gerardo Acosta Barrera siguen al alza, pero en vista de que prácticamente ejerce, sin serlo, de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cada día se ve más lejos que alguien le ponga frenos.

Desde la elección judicial del año pasado, Acosta asumió el papel de gran operador político-judicial. Primero tomaba pantalones prestados y cada orden que daba aseguraba que eran “instrucciones superiores”, pero los últimos movimientos que ha instruido ya los hace por sus pistolas.

Así, metió las manos, por ejemplo, con un juez de Parral al que presionó para que dictara una resolución política, en un vergonzante caso que involucraba a Fernando “El Chapito” Ramírez, por atacar a balazos a Eloy Soto Payán, afuera de una funeraria.

El juez presentó su queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial, pero hasta la fecha ni una llamadita de atención le han hecho.

Además, en los pasillos judiciales ven la marca de Acosta en retrasos de audiencias, cambios de medidas cautelares para ciertos detenidos y sentencias que no ven la luz -según las quejas- hasta que suena el cash en la caja registradora de la Cuarta Sala de lo Penal.

En fin, ni los reclamos concretos y formales, ni las denuncias que se hacen bajo la mesa contra el magistrado Acosta Barrera, parecen tener conclusión, lo que lleva a pensar que, en efecto, tiene todos o muchos de los controles del aparato de justicia estatal.

Así, al órgano disciplinario se le acumulan las quejas contra el que actúa como magistrado presidente de facto, sin importarle afectar a la magistrada presidenta formal, Marcela Herrera Sandoval.


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Los reportes al interior de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano indican que las afectaciones mayores del paro y bloqueo de carreteras de ayer fueron en los accesos a la Ciudad de México.

Los productores y transportistas ahorcaron gravemente las autopistas que llegan a la capital del país de Querétaro, Puebla, Pachuca y Cuernavaca; con afectaciones medias fueron apuntados los tramos Arco Norte y Circuito Exterior Mexiquense; y con menor intensidad algunas carreteras del Bajío, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

Evidentemente, aquí no prendió bien la mecha que trató de encender Eraclio “Yako” Rodríguez con apoyo de Jesús Emiliano García, en el centro del estado; Manuel Márquez en el sur y David Ortiz en la región norte.

Apenas fue semibloqueo de la carretera en Juárez y liberación de la caseta de Sacramento; fue algo leve, pero dañino para el transporte, al menos por la afectación en los tiempos de espera. En el noroeste, Cuauhtémoc, Meoqui-Delicias y la zona de Parral, ni siquiera hubo intentos serios de manifestación.

En el fondo de este aparente fracaso del movimiento, según algunos productores del campo y usuarios del agua, está la determinación de no hacerle el caldo gordo a activistas que presionan por supuestos beneficios colectivos, pero luego se arreglan en lo individual y se olvidan de las causas, como ocurrió en los bloqueos pasados.

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La reciente reunión entre el alcalde Marco Bonilla y el presidente de CANACINTRA en Chihuahua, Sergio Gremer Quiñones, no solo confirma una agenda de trabajo económico, sino también una ruta política para fortalecer la alianza entre gobierno y sector empresarial como base de gobernabilidad y crecimiento.
Bonilla parece entender que el músculo económico local no está solo en las grandes industrias, sino en la red de proveedores que sostiene la dinámica productiva de Chihuahua.
Por eso resalta el tema de profesionalizar a las empresas locales para integrarlas a cadenas de valor más exigentes, que termina por elevar la competitividad de la ciudad y claro, la atracción de mayor inversión extranjera.
Otro ángulo de esta reunión es la relación institucional, porque al mantener constante comunicación con organismos como CANACINTRA, le permite al alcalde no solo escuchar al sector productivo, sino también construir legitimidad entre quienes generan empleo y quien pone las condiciones para la apertura de más empresas.