-Burocracia de CFE frena MegaGranja

-Mal uso de Consulta Remota al MP

-Tres años de más equipo a polis y bomberos


Fue hace alrededor de tres semanas que la madre de Gabriel Alejandro Díaz Ascencio, el joven asesinado el dos de marzo en Cumbres de San Francisco, viajó a Estados Unidos a darle seguimiento a las investigaciones sobre el paradero de los presuntos victimarios del joven de 19 años de edad.

La Fiscalía de Operaciones Estratégicas, nos reportan, facilitó las gestiones con las corporaciones integradas al Departamento de Seguridad Nacional de EU, que colaboran de manera estrecha con autoridades investigadoras de la entidad y del país en la búsqueda de fugitivos.

La situación migratoria irregular de Édgar R.F., uno de los presuntos asesinos, así como la ficha roja que pesaba sobre él, hicieron inminente su detención para ser entregado a la justicia mexicana de forma exprés, sin mayor proceso de por medio más que el puramente administrativo.

Así fue concretada su entrega por El Paso el sábado de la semana pasada, después de la detención el día previo. Fue recibido por la Fiscalía estatal para ser presentado ante el juez que ya había librado la correspondiente orden de aprehensión desde el pasado mes de marzo.

Falta el otro presunto asesino por detener, Bryan R.N., lamentablemente el hijo del ya preso, cuya audiencia de vinculación a proceso fue convocada para el jueves de esta semana. El joven acusado seguramente tiene encima, en alguna otra entidad norteamericana, a las mismas autoridades que detuvieron a su padre.

El zarpazo que dio la Fiscalía junto con la madre de la joven víctima es sin duda una sorpresa positiva, tanto para la familia de la víctima como para la sociedad.

No hay que olvidar la denuncia de que fueron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la propia Fiscalía General del Estado, los que habrían facilitado la fuga de los presuntos homicidas, en lo que fue un pésimo mensaje de impunidad que ahora vemos casi corregido.

Desde el dos de marzo, ha pasado casi medio año del crimen contra Gabriel Alejandro a causa de un simple pleito de jóvenes afuera de un bar, extendido a su domicilio en Cumbres de San Francisco, hecho que conmocionó por la incesante alza de la violencia y la implicación increíble de un padre y su hijo en un asesinato.

Un avance contra la impunidad es plausible no sólo por cerrar este caso, sino para regresar la confianza en las instituciones.

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Construida hace poco más de una década, la que en su momento fue la granja solar fotovoltaica más grande de Latinoamérica con una producción de 35.5 megavatios, ubicada al sur de la ciudad de Camargo, en la actualidad enfrenta trabas para su expansión.

La mega granja no es cualquier granja. En operaciones desde abril 2017 genera una potencia nominal de 30 MWn y una potencia pico instalada de 35,5 MWp.

Si una casa promedio consume .5 kw, entonces con esa potencia pico muy bien podrían abastecerse 75 mil casas aproximadamente.

Cuenta con 113 mil panales fotovoltaicos, a través de los cuales se generan alrededor de 83 GWh al año, evitando la emisión de más de 60,000 toneladas de CO2 a la atmósfera cada año.

El objetivo no solo es producir energía, sino que sea energía limpia, renovable, al menos durante los próximos 25-30 años.
El proyecto vendía inicialmente el 100% de su energía a la Comisión Federal de Electricidad, pero migró al Mercado Eléctrico Mayorista el 1 de junio de 2018, financiado íntegramente por Balam Fund I, L.P. y BalamCK16, contando con Bancomext para la financiación.

Pero resulta que este megaproyecto para la generación de energías limpias se encuentra impedido en su expansión, debido a las nuevas políticas de la CFE, que han dilatado de manera interminable los permisos indispensables para crecer.

A los apagones, tarifas no preferenciales para Chihuahua, etc., se suman estas políticas restrictivas de la paraestatal que impiden nuevas inversiones y fortalecimiento de proyectos ya existentes.

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Qué habrán hecho los litigantes o el público en general en el Juzgado Cuarto Civil por Audiencias, como para que publique en los cristales una advertencia de dar vista al Ministerio Público a quien esté haciendo uso doloso de la consulta remota de expedientes.

En el documento del cual tenemos foto dice con mucha claridad que hay personas que están haciendo un uso indebido de las altas y las bajas en la consulta remota, que atenta contra el principio de lealtad que se deben las partes en cualquier procedimiento jurisdiccional.

“Se solicita en atención al Principio de Lealtad que debe imperar entre las partes en cualquier contienda jurisdiccional, se evite solicitar el Alta y/o Baja de la Consulta Remota de expedientes de manera dolosa y/o malintencionada, pues quien sea sorprendido haciéndolo, deberá soportar las consecuencias legales de ello”, dice el escrito.

Queremos pensar que hay litigantes o personas que mañosamente dan de baja o se dan de alta en la Consulta Remota, ya sea para alegar desconocimiento del asunto o para conocer de asuntos en los cuales aún no son parte, porque no han comparecido a juicio, es decir, no han sido emplazados.

Al darse de baja queremos pensar que pueden denunciar alguna mala fe en el juzgado, pero dándose de alta en asuntos donde aún no han sido emplazados o asuntos en donde quieren conocer el contenido de alguna demanda, sin ser parte, pues es algo gravísimo, y que permite manipular los asuntos, incluso vender información.

Será por eso que el letrero impreso en papel de color llamativo termina con una leyenda en la cual advierte que el juzgado llevará esas conductas indebidas al Ministerio Público, por lo que será dicha autoridad la que finalmente determine si hay o no alguna conducta antijurídica que amerite iniciar un proceso judicial de sanción.

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En tres años, la Policía Municipal y el cuerpo de Bomberos, fueron equipados con lo mejor que existe en el mercado para los cuerpos de seguridad, además, la administración del alcalde Marco Bonilla, le apostó recursos para profesionalizar y capacitar a todos sus elementos con la creación del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU) y sus dos licenciaturas para polis y bomberos.

Las acciones anteriores, unidas con la creación del Campus de Seguridad y Justicia que entregó ayer el alcalde y el jefe de la policía, Julio César Salas, en una primera etapa, le valió a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para que, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, le otorgara el nivel A.

Esta clasificación es la máxima otorgada por contar con infraestructura creada para la profesionalización de elementos de seguridad. Cumple con el modelo nacional de policía y justicia cívica, al reunir los estándares de calidad y seguridad nacional e internacional establecidos en el manual de identidad para corporaciones de seguridad pública.