-Atorado PANAL con el SAT

-Peleará el Verde por regiduría

-La primera podada en Juárez

Un contrato tremendamente leonino,firmado por una comunidad indígena y la empresa que opera el gasoducto Encino-Topolobampo, llevó al pago de apenas 46 mil pesos por el uso de una franja boscosa de 51 mil 882 metros cuadrados, en uno de los muchos abusos tolerados por las propias autoridades en la promoción de la inversión en el sector energético.

En este caso, la población afectada es la de San Elías, municipio de Bocoyna, y la empresa señalada, vencida en juicio recientemente, es Infraestructura Energética Monarca S. De R.L.

Al celebrarse el contrato, aseguran los conocedores del sector, los abogados de la privada se aprovecharon de la ignorancia extrema de la comunidad tarahumara, al fin que tenían todas las facilidades de las autoridades federales y estatales de hace unos años.
Tras años de litigio, a la fecha existe sentencia firme del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cinco con sede en la ciudad de Chihuahua, en la cual, entre otras cosas, ordena el pago de rentas, daños y perjuicios en relación a los recursos maderables y a la entrega de los terrenos ocupados con motivo del contrato de arrendamiento.
Quedó demostrado que la beneficiaria pagó en una sola exhibición la ridícula suma de 46 mil 974 pesos con 36 centavos, no obstante que la franja ocupada era de 51 mil 882 metros cuadrados, lo que además causó daños ecológicos y ambientales no cubiertos.
A la fecha no se ha cumplido la sentencia debido a que la empresa demandada se siente poderosa y respaldada por la autoridades competentes, burlándose así de la sentencia condenatoria dictada en su contra.
Por si fuera poco, los miembros del Comisariado Ejidal de San Elías están siendo presionados por las autoridades y la empresa para que se den por satisfechos y ya no reclamen el cumplimiento de la sentencia.
Esas personas han tenido que resguardarse para evitar que los sigan presionando, a ese grado ha llegado la actitud abusiva e indebida de la empresa, de la cual, por supuesto, existen sospechas de arreglos con funcionarios para que le permitan ese nivel de impunidad.
La falta de representación federal en Chihuahua, sin un responsable claro desde la retirada del ahora senador electo, Juan Carlos Loera, puede llevar a escalar el asunto en un escándalo internacional, por el vil atropello a una comunidad indígena.
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Deben andar nerviosos los dirigentes del Partido Nueva Alianza, porque tiene el Sistema de Administración Tributaria su papelería en revisión desde hace varios meses, para dar de baja el Registro Federal de Causantes, cuando es un trámite por lo regular verdaderamente rápido, máxime cuando se supone hay marcaje personal de un interventor que atiende entre otras materias la fiscal.
Conforme los archivos periodísticos de El Diario, el último dirigente estatal es Eduardo Rodríguez Olveda, “el profe Penky”, quien fue electo por el Consejo Estatal, luego de fungir en el comité anterior como secretario general, allá en el 2019 y es quien se supone estaba vigente al momento en que ocurrió la declaratoria de pérdida del registro.
Rodríguez venía de ser candidato del PANAL a la presidencia municipal de Saucillo, donde perdió en contra del candidato del PAN, en los fatídicos comicios del 2021.
Pues a él le tocó la responsabilidad de enfrentar la liquidación luego de que en las elecciones federales anteriores, en 2018, perdiera el registro nacional el occiso Panal.
Desde abril, el interventor Gossler, que es la empresa contratada por el IEE, metió el trámite ante el SAT para dar de baja el RFC del partido y concluir con dicho pendiente, pero resulta que ya van dos citas, la última a mediados de junio, en que el órgano hacendario les dice que siguen revisando papelería y no pueden aún darles respuesta.
Debe  estar el SAT revisando hasta debajo de las piedras a ver qué encuentra en dicho partido.
La verdad es que el proceso de liquidación ha sido prácticamente en lo oscurito, porque solo se publican los informes con información general, pero los datos concretos, bienes muebles e inmuebles, su destino, liquidación de personal, etc., permanece en las sombras.
En un esfuerzo de transparencia deben ser ventilados públicamente dichos informes junto con los anexos técnicos.
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Cerró la asamblea municipal de Cuauhtémoc y envió toda la papelería a Chihuahua, al cumplir con su última responsabilidad de definir los regidores de representación proporcional, cuyo criterio de distribución podría terminar en el Tribunal Estatal Electoral por parte del partido Verde.
La Asamblea Electoral otorgó regidurías de representación proporcional al PAN, Morena, PRI, MC, PT, PAN, y Morena , en ese orden, Heriberto González, Ana Franco, Alma Arias, Carolina Jiménez, Jesús González, Moraima Ruelas, y Julio Soto, respectivamente.
La primera ronda de asignación se hizo bajo el criterio único de haber obtenido el dos por ciento de la votación, lo cual ocurrió con todos los partidos en contienda excepto México Republicano y PRD, que no lograron esos números.
Tenemos la imagen de los resultados del cómputo inicial efectuado en el IEE, y salvo que hubiese existido algún cambio en Tribunal, inicialmente el Verde alcanzaba el dos por ciento, con mil 486 votos, el 2.19 de la votación válida emitida.
Si a esa votación se le restan los sufragios de México Republicano y PRD, por no lograr el dos por ciento, inclusive mejora en décimas dicho porcentaje, por lo que a simple vista no encontramos la razón de que no se le haya otorgado regidor en la primera ronda.
Esa distribución es importante, porque de considerar al Verde, entonces Morena quedaría con un solo regidor pluri, en la segunda ronda, cuando se distribuyen conforme al cociente de votación, que es de ocho mil 911 votos y que favorece en primer lugar al PAN.
Alguna razón entonces debe existir para haber tomado esa determinación, que deberá ser comunicada al Verde y hacerse pública, porque es momento que no se conocen bien a bien los criterios de distribución.
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El periplo que se aventaron ayer por Juárez Santiago de la Peña y Salvador Caballero es únicamente el inicio de la limpia que tiene preparada Palacio de Gobierno para su representación en Juárez en virtud del desastre electoral sufrido debido a la cuasi traición, o al menos sabotaje, del jefe de gobierno estatal allá, Oscar Ibáñez Hernández.
De la Peña y “Chava” metieron sin contemplación la tijera podadora en Gobernación y Transporte, cuyos ahora extitulares, Oscar Baquier y Alberto Martínez, provocaban más problemas de los que resolvían.
Igual está prácticamente todo lo que los juarenses llaman Pueblito Mexicano, el lugar que alberga a las dependencias del gobierno del estado.
Ibáñez llegó al grado de aliarse con empresarios estrechamente ligados al exgobernador, Javier Corral, sin tener el visto bueno de Palacio de Gobierno.
Pronto habrá más noticias de Palacio al respecto, tanto en relación a su representante en Juárez como a la gran cantidad de subordinados que nomás de floreros han servido por más que Santiago y otros operadores para que desarrollen un trabajo más cercano como todos los juarenses.