-Código Penal mocho en el Congreso
-Los abarrotados bancos del Bienestar
-Carvel, avanza frente a la adversidad
Era cuestión de tiempo nada más para que la gestión de Marco Antonio Parra González, jefe del Departamento de Educación Indígena de Servicios Educativos del Estado (SEECH), acabara de molestar a todas las etnias de la entidad, luego de haber sido exhibido como un impostor que trata de hacerse pasar como tarahumara.
A principios del mes dimos cuenta de varios reclamos contra el funcionario, que van desde fungir como tapadera de casos de hostigamiento sexual en la sierra hasta negligencia, conflicto de intereses, acoso laboral, discriminación racial y abuso de autoridad.
Entre otras linduras, Parra González ha sido acusado de fingir que es tarahumara y no hablar la lengua indígena, aunque le gusta vestirse como tal por la mera apropiación cultural. Clásico de quienes no entienden la diferencia entre la impostura y mostrar una supuesta admiración por los pueblos originarios.
Retomamos en versión digital de GPS las imágenes de una polémica que rebasó los límites de la entidad e hizo eco en varias organizaciones sociales del país por el atrevimiento del funcionario falso indígena, a cargo del departamento educativo que tiene como misión la formación académica de los niños y jóvenes integrantes de las diferentes etnias que subsisten en la entidad.
Pero, además, también mostramos la carta en la que, con toda rudeza, los consejos supremos indígenas tarahumara, pima, guarojío y tepehuán piden la remoción de Parra González de tan sensible área, donde fue instalado durante la gestión de Héctor González Astudillo como director de SEECH, ahora relevado por la maestra Teresa de Jesús López Ramírez.
Sin rodeos, porque ya superó los topes de la paciencia indígena, los cuatro consejos supremos asientan que la designación del funcionario contraviene y lesiona los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades en todas sus esferas.
“Por tales actos reprobables y al considerarse una persona no idónea para estar al frente del mencionado departamento; al no ser hablante ni ser de extracción indígena, no cumple con el perfil”, argumentan los representantes de las etnias para justificar la exigencia de su cabeza.
Además, piden emprender las investigaciones administrativas y de cualquier tipo por los reclamos que fueron enviados a la basura en la pasada gestión de Sandra Elena Gutiérrez Fierro como secretaria de Educación y Deporte, sustituida desde el 14 de mayo de este año por Hugo Gutiérrez Dávila.
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Hay cuando menos ocho códigos en la biblioteca del Congreso del Estado, entre ellos, el Código Penal, el Código Civil, el Código de Procedimientos Penales y el Civil, pero estos son los menos; hay 168 leyes vigentes de muy diversa naturaleza; 174 reglamentos; mil 338 presupuestos de egresos y mil 340 leyes de ingresos. No todos pueden comprar dichos volúmenes, aunque los necesiten para consulta.
Imaginemos entonces el tamaño de la base de datos, con tanto documento, por lo que el hecho de que alguno tenga un error parecería no relevante; sin embargo, es la principal fuente de información no oficial de la legislación local.
Tenemos imagen del Código Penal del Estado, consultado el día de ayer, con la pena de que está mocho; le faltan las páginas de la uno a la 104.
Parece un error más, que no tiene mayor trascendencia, pero es la única vía de conocimiento de los artículos de dicho Código, al cual tienen acceso litigantes y público en general, si no es que también las autoridades de los distintos niveles de gobierno.
En la página del Congreso del Estado aparecen tres opciones de descarga, el tipo PDF, el Word y el Historial de Reformas. Pues el PDF está mocho, y los demás bien, sin problema. La cuestión es que por virus y lo inmanejable que en ocasiones se pone office, las personas prefieren el PDF, que es muy manejable, y su procesador es gratuito y muy liviano.
Seguramente el área de sistemas ya ubicó el error; si no, aquí lo exponemos, a solicitud de algún litigante que tuvo la cortesía de comunicarse para pedir que lo corrijan, para poder acceder al documento completo.
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De nueva cuenta lucieron abarrotados los bancos del Bienestar con decenas de personas sentadas cubiertas apenas por una lona; otras más, que no alcanzan silla ni sombra, a la intemperie, esperando de pie haciendo fila para cobrar alguna de las becas el gobierno federal.
Definitivamente no es la eficiencia en la distribución de los recursos y la atención de las personas la preocupación fundamental del gobierno de la Cuatro T, sino alimentar el clientelismo electoral a través de una técnica muy antigua. Lo que no cuesta no se valora.
Las personas deben de pasar hasta un par de horas, muchos madrugando, otros en el calor del mediodía, para poder cobrar únicamente en los cajeros del Bienestar el dinero que les manda el gobierno con cargo a todos los contribuyentes.
Pudiera el gobierno federal contratar a los bancos para que participen en la distribución de ese dinero, pero no quiere pagar comisiones, como lo hace cualquier otro comerciante o dependencia gubernamental, si requiere utilizar el servicio de la banca comercial, que es eficiente, porque permite el cobro a través de miles de corresponsalías, casi en cada esquina.
Pudiera también la administración federal, en el extremo, obligar constitucional o legalmente a los bancos para que distribuyan sin costo dichas becas, dentro de la obligación que tienen al ejercer una concesión pública, como es el caso de la Banca, sin embargo, no es conveniente hacer esto.
Sería una especie de “requisa”, con alto costo político nacional e internacional, imponer una carga de esta naturaleza, aún y cuando se trate de concesiones del estado mexicano, pero esto es lo de menos.
Lo importante es ¿dónde estarían entonces las largas filas y el sufrimiento que ello genera para construir el agradecimiento que se convierte en sufragio?; una estrategia entonces que no debe desaparecer y que es conveniente a los fines políticos electorales actuales.
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Los dueños de las gasolineras Carvel no se arredran ante nada; colocan su espíritu emprendedor frente a las adversidades.
Sabemos que el SAT les tiene congeladas cuentas bancarias por alrededor de 500 millones de pesos; ignoramos en GPS los motivos aunque muchos conocedores del tema al menos sospechan las razones.
A pesar de ese que podemos calificar como inconveniente, los negocios siguen floreciendo como los cultivos en temporada de lluvias con adquisiciones de terrenos, construcciones de grandes mansiones y mantenimiento de una regular flotilla aérea.
Seguro el “detalle” con el SAT podrá ser pronto superado y vendrán inversiones aún mayores, en bien del incremento del empleo y pago de puntuales contribuciones a la ciudad.
Enhorabuena por tantas bendiciones, como dice ahora la expresión popular.
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Desde el martes, el alcalde Marco Bonilla viajó a la Ciudad de México para conocer las plantas recicladoras de basura que ya funcionan y que replicarán aquí en Chihuahua capital, para terminar con los rellenos sanitarios tal y cual los conocemos.
Bonilla no ha soltado el tema desde que terminó la campaña. Es el principal proyecto a desarrollar en su segundo periodo como alcalde.
De ahí que traiga marcaje personas a todos los entes involucrados. Está conociendo personalmente la operación de estas plantas, que no sólo separan la basura para darles un segundo uso, sino también aprovechan el gas metano que produce el relleno sanitario como el de Cuautla, para generar electricidad.
Los beneficiados con la construcción del Complejo Ambiental, de entrada, son los vecinos de Romanzza, con quienes el alcalde contrajo un compromiso desde el 2021 de sacar el relleno sanitario de esta zona, además casi millón de habitantes que tendrán una ciudad menos contaminante del medio ambiente.
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Salió a hablar en nombre de todos los empresarios Federico Baeza para exigir resultados a las autoridades en materia de seguridad; él sabrá si esta declaración fue consensuada con otros líderes empresariales o no, aunque suele hacer señalamientos muy a bote pronto.
De lo último que dijo, llama la atención que no precisa hacia qué autoridad o nivel de gobierno es el reclamo.
La gente en las calles sabe que los gobiernos locales son los que deben actuar ante la inexistente estrategia y presencia del Gobierno Federal, sobre todo en el tema de homicidios, situación que se agravó en las últimas semanas en Chihuahua así como en otras entidades del país.
La preocupación de Baeza es legítima, no cabe duda, pero debe ser preciso en hacer el reclamo hacia la autoridad que no está haciendo su parte, porque eso de echarle la culpa a todos los policías por lo que sucede no parece muy pertinente.
