-Ya no aguantan al jurídico del IMSS

-Mensaje de la Corte a AMLO

-La Browning y los cartuchos Barret

En medio de la ola de agresiones impunes a conductores de plataforma, para este lunes fue citada la audiencia de vinculación a proceso de uno, el único sospechoso detenido por la desaparición y muerte de una de las víctimas, el joven Irving Smith, encontrado sin vida en Guachochi a principios de marzo.

En un proceso complejo, lleno de fallas desde su inicio, por fin fue llevado ante un juez de control Napoleón R.B., acusado desde febrero por el robo de un vehículo usado en la aplicación Didi, hecho registrado desde finales de enero en la ciudad de Chihuahua.

El mismo sujeto fue encontrado en posesión de otro automóvil de plataforma, el utilizado por Irving, el 16 de febrero de este año, dos días después de que fuera reportada la desaparición en la capital del joven, quien fue asesinado y su cadáver abandonado en un paraje de Rocheachi.

Increíblemente, la Fiscalía Zona Sur dirigida por Juan Carlos Portillo, alias “El Tatos” para sus amigos y “El Tratos” para sus enemigos, dejó en libertad al tal Napoleón unos días después, por algún acuerdo en lo oscurito con quién sabe cuál grupo criminal de la región. Le echó la culpa al juez, pero todo mundo supo que la liberación fue por un deplorable papel del Ministerio Público, que ni planeado le habría salido tan mal.

En versión digital de GPS recuperamos imágenes del archivo de los desafortunados momentos del ahora imputado. Es de cuando fue capturado inicialmente y liberado pese a que presumía en redes fotos armado y uniformado como los “soldados con tenis”; luego, la foto de su segunda detención, acusado únicamente por el robo de un vehículo, también de plataforma.

Era, precisamente, por robo de auto que permaneció detenido después de ser vinculado a proceso, mientras seguía la investigación por la desaparición y muerte del joven Smith Vargas.

Pudo la Fiscalía Zona Centro recomponer el caso tras el batidero de la Zona Sur, imputándole al tal Napoleón el asesinato del conductor. Este día, un juez de control deberá dictar el auto de vinculación o no a proceso.

Sin lugar a dudas, más vale 120 días después que nunca. Sin embargo, hay todavía una decena de casos en los que ni un solo avance reportan las autoridades investigadoras, que ni cuando tienen logros los dan a conocer, menos cuando los casos están estancados y se acumulan por cientos.

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El recién llegado Jefe de Servicios Jurídicos del IMSS, Yan Jorge Vargas Serrano, ya levantó ampolla entre sus subordinados, dedicado completamente a hostigar y amedrentar, como si no hubiera trabajo en tan sensible área...

Bajo el argumento de tener el respaldo del delegado José Zamudio -cosa que quién sabe si sea cierta al 100 por ciento-, el chilango, como le dicen en la delegación, hace laborar a sus subalternos hasta altas horas de la madrugada diciendo que si no hay personal suficiente no es su problema.

Dicen que la especialidad de este sujeto es la amenaza, ya que no hay un solo día que no esté encima de sus colaboradores, investigándolos, buscándoles cualquier cosa, por mínima que sea, para orillarlos a irse, firmando renuncia, porque en el fondo, quiere traerse a sus cuates de la ciudad de México, sin importarle que hay personal con bastante antigüedad, y derechos adquiridos por su buen desempeño.

En la misma línea de Vargas, atenidas a quien sabe que palanca, las jefas de los departamentos laborales y fiscales, son omisas en realizar sus funciones y en el colmo, responsabilizan a los demás de las malas prácticas ya conocidas en el IMSS en el ámbito jurídico.

En el área hay un gran rezago por atender, multas y asuntos perdidos.

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Hace cosa de tres días, desde el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la ciudad de México, la Corte mandó un mensaje al presidente López Obrador, por los excesos en que ha incurrido dentro de las conferencias mañaneras.

La tesis, aunque aislada -algo es algo- con número de registro 2029033, tiene como rubro que la suspensión definitiva en amparo indirecto, “procede contra los actos y expresiones de acoso, represalia o denostación del presidente de la república durante sus conferencias de prensa, que impliquen intromisiones a los derechos humanos de las personas periodistas”.

No lo dice, pero se refiere a la demanda de amparo presentada por Denisse Dresser, en contra de la revelación de datos fiscales, efectuada por el presidente de la República López Obrador, de quien depende la Secretaría de Hacienda y el SAT como órgano desconcentrado, en clarísimo abuso de poder.

Dice la tesis que “la suspensión definitiva…se otorgó para el efecto de que las autoridades responsables se abstuvieran de emitir…cualquier manifestación o declaración pública que pusiera en conocimiento del dominio público información íntima y privada”.

“O se abstuvieran de decir que es una persona mala, vil, de malas entrañas, irresponsable, perversa o cualquier otro adjetivo calificativo o acepción en la sección Quién es quién en las mentiras de la semana, dentro de las conferencias de prensa denominadas Mañaneras”.

Y en caso de hacerlo, “debían mencionar y exhibir las pruebas que sustentaran su dicho y otorgar el derecho de réplica dentro de las 24 horas siguientes a las manifestaciones e imputaciones que se realizaran”.

El Tribunal Colegiado, bajo la ponencia del magistrado Fernando Silva García, basa su determinación en los artículos 6o., 7o., 39 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“En un análisis de la apariencia del buen derecho, el presidente de la República y su Vocería, durante una conferencia de prensa organizada con recursos estatales y en un espacio de difusión de derecho público, actúan en ejercicio de sus funciones de comunicación, información, transparencia y rendición de cuentas, por lo que sus actos de difusión están subordinados a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales sobre derechos humanos”.

El presidente de la República –dice la Tesis- es titular del derecho humano a la libertad de expresión, sólo que ésta termina donde comienza la libertad de prensa y los derechos humanos de las personas que ejercen el periodismo.

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Luego de un enfrentamiento con integrantes de un grupo delincuencial en el poblado de Loreto, en Chínipas, el personal del Operativo Conjunto decomisó un pequeño pero no por eso importante arsenal.

Entre las armas está una larga de la marca WASR-10, calibre 7.62x39 milímetros así como 650 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros para la misma. Nada despreciable esa cantidad de balas.

También hallaron cuatro placas balísticas, un chaleco porta placas, tres chalecos tácticos, 22 cargadores para arma larga, calibre 7.62x39 mm.

Pequeño el armamento en número, pero falta lo mejor, la cereza, un arma larga, tipo ametralladora marca Browning Machine Gun, calibre 308 milímetros, localizada a los delincuentes que lograron fugarse, con sus 342 cartuchos en cinta calibre 7.62x51 milímetros.

Esta es una ametralladora, muy pesada, de cerca de 14 kilos, que por lo regular es utilizada con un trípode o un bipode, para soportar la descarga.

También encontraron los elementos de la Fiscalía Estatal, la Secretaria de Seguridad Estatal y el Ejército, cerca de 30 cartuchos calibre 50 milímetros, esas municiones usadas por el Barret.

Estaban entonces, muy bien pertrechados los delincuentes, por eso la insistencia de la gobernadora en que puedan usar los agentes estatales y municipales armas de similar calibre, para estar en igualdad de circunstancias.

Ya fueron liberados permisos para algunas armas, pero son claramente insuficientes para las necesidades del servicio.

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Las impugnaciones interpuestas hasta el momento por los distintos partidos políticos en contra de la elección estatal, en el distrito 01 con cabecera en Nuevo Casas Grandes, afectarán los tiempos de resolución del Tribunal Estatal y en su caso de la Sala Guadalajara del Trife.

Es cierto que deberá resolverse en el menor tiempo posible, primero a nivel local en el TEE, y luego en el Trife, pero nada quitará la tensión de lo que sigue, que es la distribución de pluris, que deberá seguir el mismo caminito.

Las impugnaciones primero se resuelven aquí y después en Guadalajara.

La cuestión entonces es que mientras no se cierre la elección del distrito 01, estarán detenidos los pluris, y con ellos los nervios a todo lo que da, porque está definiéndose la mayoría simple y la calificada, con múltiples criterios, incluso algunos irracionales, que Morena quiere aplicar a nivel local, pero se niega a observar a nivel federal.

Es la técnica del agandalle en protección del interés propio, haciendo del principio de sobre representación un argumento rígido o flexible, según convenga.