En estos días el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ordenó a su partido Morena y sus pequeños aliados llevaran a cabo una encuesta para preguntar al “pueblo” si estaban de acuerdo con las reformas al Poder Judicial Federal y en vía de consecuencia a los supremos tribunales de justicia de las entidades; de inicio violentaron la soberanía de los estados, uno de los principios que desde nuestra primera Constitución sembraron las bases del Estado mexicano.

No tuve la oportunidad de ser encuestado, cuando menos contestar una sola pregunta, la cual sería la principal: ¿Está de acuerdo en que los ciudadanos voten por los ministros, magistrados, jueces y demás funcionarios del Poder Judicial? Un gran amigo me dijo que sí. No pude entrar a mayor debate, ya con las divisiones en los hogares de los mexicanos es suficiente, para qué más. Suena devastador de mi parte, después de algunos años de ser funcionario público y litigante, como siempre buscando ya no justicia sino la aplicación del principio de legalidad de los procesos judiciales.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó un análisis pormenorizado sobre estas reformas, señalando todas y cada una de las propuestas que terminarán con el sistema de la división de poderes que hasta la fecha es vigente en la Constitución, cuando menos algunos meses.

Comparto las conclusiones de dichos estudio para dimensionar en términos amplios las consecuencias que estas reformas afectarán a la vida democrática de México.

“De aprobarse la iniciativa de reforma constitucional, el daño al PJF será mayúsculo, ya que implicará el cese inmediato de 1,665 ministros, magistraturas y judicaturas, y generará un movimiento pendular del PJF para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad que actualmente tienen garantizada, y se adentren en el campo de la política. 

En ese devenir, los cambios al estatuto jurídico y a la mecánica de selección de sus integrantes buscan dejar a las personas juzgadoras a expensas del poder avasallante de la política, obligándolos a incursionar en el terreno electoral, lo que paulatinamente los irá deslizando a que se conduzcan políticamente, y a que valoren y resuelvan las controversias constitucionales, de por sí aderezadas de un gran contenido político, mediante criterios de interés político, en un contexto en el que la expectativa de reelección que se ha dispuesto para las magistraturas de circuito y las judicaturas de distrito incorporarán un aliciente adicional para que su razonamiento se deje llevar por lo que en cada momento reclame el electorado…”

“…Cuando el PJF deje de ser independiente, la ciudadanía quedará desprotegida, porque la independencia judicial, más allá de concebirse como una garantía institucional o una prerrogativa personal de sus integrantes, constituye un derecho esencial de las personas a contar con jueces que, sin injerencias ni condicionamientos externos o internos, y bajo una posición de estricta neutralidad, impartan justicia. Para no ir más lejos, sin independencia judicial, el núcleo genético de nuestro estado constitucional se verá seriamente fracturado, al renunciar a su obligación esencial de controlar la razonabilidad del poder, y la propia salud de nuestro sistema democrático se encontrará en un riesgo inminente al verse debilitados los mecanismos que permiten la efectividad de los derechos y libertades de las y los mexicanos…”.

Hay un tema que no puede ser parte de la discusión, en especial a los ministros de la Suprema Corte de Justicia se les debe recortar sus haberes y demás privilegios que gozan, pero tampoco desmembrarlos como lo pretende la reforma, no podemos olvidar que la Corte debe y tiene el derecho de manejar sus recursos, como éste lo considere, pero siempre dentro del marco de la ley, con transparencia.

En estas reformas no se toma en cuenta a los estudiantes, pasantes de Derecho y recién titulados que inician en los juzgados cosiendo expedientes, una gran responsabilidad archivarlos, atender todas y cada una de las órdenes de los funcionarios con más nivel. Se olvida en la propuesta a los estudiantes de Derecho, pasantes y recién egresados, no reciben pago alguno del erario. “Luego, entre sus compañeros de trabajo en la quincena, en ocasiones, les hacen una cooperacha y los invitan a tomar una cervezas”.

Deseo comentar lo relacionado a los Tribunales del fuero Común, es decir de los estados de la República, en los cuales su funcionamiento es básicamente igual.

En el caso del estado de Chihuahua, como en todas partes, existen buenos y malos juzgadores, así como funcionarios de menor nivel, es decir secretarias de Acuerdos, sala, estudio y cuenta, entre otros más.

No todos, pero un número considerable llegan con una “palomita”, el reparto de los grupos políticos, entiéndase empresarios, partidos políticos, incluyendo a Morena.

Esto es grave y lamentable, funcionarios de primer nivel con gran capacidad y conocimientos no son tomados en cuenta para acceder a niveles de jueces y magistrados. Duran hasta diez años, si bien les va, para acceder a un puesto de juez, no se diga magistrado.

Basta decir que en la exposición de motivos de la reforma a la Constitución de la República por parte del presidente, se pone como ejemplo que la designación de magistrados en Bolivia es mediante voto directo, olvidando, como lo he señalado, que la historia de este país es distinta en cuanto a su proceso de independencia y sistema jurídico vigente en su amplitud.

Evo Morales, expresidente de Bolivia, cavó su propia tumba esperando ser el todopoderoso, con la propuesta y aprobación no solo de los magistrados de la Corte, sino también del fiscal general.

La Fiscalía de Bolivia anunció que al exmandatario no le corresponde un "juicio de privilegio", sino un proceso judicial ordinario dado que la grabación atribuida a él se produjo después de su renuncia a la primera magistratura del país.

La autoridad judicial añadió que se notificará a la Interpol y se coordinará con la Cancillería boliviana para solicitar una orden de captura internacional.

Es decir, al desconocer el monstruo que creó se lo tragó completo quien fue refugiado en México por el Gobierno de López Obrador, quien acusó a la Corte de Bolivia y al fiscal de “conservadores, clasistas, corruptos y demás discurso que le gusta”.

Bueno sabrán de lo que hablan y lo que dicen. ¿Dónde están sus asesores? Seguro escondidos en los rincones de Palacio para no ver sus cabezas rodar.

“Nunca soporté el olor de naftalina de mi familia política: la nostalgia de San Petersburgo, el cumpleaños del Zar. Era lo mismo que velar cadáveres.” Arturo Pérez-Reverte. El club Dumas.