-Presumen sus votos en el extranjero
-Los apuros en Actuaría siguen
-Medias verdades y mentiras de La Torre

La resolución del magistrado de la Primera Sala Penal, Jorge Ramírez Alvídrez, de liberar a Diego Z., uno de los presuntos participantes en el asesinato del joven Gabriel Alejandro Díaz Ascencio, es un gran problema para la justicia, pero no es el único en la impunidad con la que se ha dejado ese homicidio.
Si bien para la jueza de control, Hortensia Rodríguez, había elementos para vincular a proceso al sujeto que participó en la gresca de la que salió sin vida el joven de 19 años, el juzgador de segunda instancia hizo una revaloración de los argumentos y encontró que la Fiscalía General del Estado no había acreditado las circunstancias específicas de su posible participación.
Habría que ver la forma en que el asunto recayó en esa sala, eso podría explicar algo de la impunidad fomentada desde el aparato judicial. Nos aseguran que muchas explicaciones tienen al respecto el magistrado, Gerardo Acosta, y la misma presidenta del Tribunal, Myriam Hernández.
Jurídicamente la decisión de exonerar al único detenido puede ser discutible, pero la acusación de homicidio calificado fincada contra el presunto agresor era insostenible, dado que no estaba especificada la forma ni el grado en que habría participado.
Pero la resolución judicial, según lo que observan desde la Judicatura, puede pasar a segundo plano porque los agresores directos de la víctima, el tirador Édgar R.F y su hijo Bryan, de acuerdo a la narración coincidente de cuatro testigos, huyeron horas después del crimen.
Mientras el papel de Diego Z. quedó en un nivel secundario y fue detenido después de ocurridos los hechos de sangre, los atacantes identificados pudieron irse a Estados Unidos, gracias, en buena medida, a la protección de cinco policías estatales de investigación vinculados con el señor que accionó directamente la pistola.
Los señalamientos directos a agentes ministeriales incluyen obstrucción de la justicia, apoyo para su fuga y hasta ayuda para resguardar sus bienes. En ese punto vital es donde reside la impunidad del crimen, al menos es la presunción que existe en la familia de la víctima, que no ha encontrado justicia ni en los tribunales ni en la instancia investigadora estatal.
En la FGE dicen que en Asuntos Internos de la Fiscalía de Control y Evaluación hay reportes del caso para determinar si hubo o no alguna intervención o algún tipo de influencia a favor de los agresores por parte de agentes. Son complementarios a una queja existente también en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
No sabemos a estas alturas si de esto estaba enterado o no el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Guillermo Arturo Zuany. Sería igual de grave si lo sabía o no. Por ahí podría reforzar la autoridad investigadora sus labores para buscar a los agresores si en realidad lo que quiere es hacer justicia.
Combatir la impunidad desde adentro y no sólo patalear por las resoluciones judiciales, a veces incomprensibles para el Ministerio Público, pudiera darle a la Fiscalía muy buenos resultados.

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Comenzaron a circular en redes sociales las fotos de los chihuahuenses que desde Estados Unidos y Canadá ya votaron en la elección presidencial, luego del envío de sus boletas por paquetería y los mecanismos electrónicos dispuestos por el Instituto Nacional Electoral.
Algunas imágenes (pueden verse en la edición digital de GPS) muestran la satisfacción en la cara de las personas a las que la autoridad electoral les hizo válido y efectivo su derecho a votar fuera de México, pues residir en otro país por necesidad o deseo no les quita su carácter de ciudadanos.
Por ahora, según el corte actualizado del INE, son alrededor de 300 los chihuahuenses que han votado, de los cerca de cinco mil que forman parte de la Lista Nominal de mexicanos en el extranjero. No hay una tendencia marcada de estos sufragios, tanto han votado de forma arrasadora por el PAN, en 2021, como lo hicieron por Morena en 2018. Habrá que esperar cómo se manifiestan ahora los que observan su país desde afuera.
Lo importante, nos resaltan quienes han hecho válido su derecho al sufragio, es que ha sido un proceso bien organizado por el INE, que con ello da muestra de las razones por las que debe mantenerse vivo y en evolución, contra los intentos por mancharlo y presentarlo como un organismo burocrático, costoso e ineficiente.

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Pareciera que a Miguel La Torre se le acabaron las ideas. Salió el lunes a contar verdades a medias, que se convierten en mentiras completas.
Una simple investigación periodística respecto a la empresa CADUMA, cuya razón social aparece con gobiernos de todos los niveles y partidos políticos, arroja que tiene contratos tanto en el municipio de Chihuahua como en Ciudad Juárez, donde por cierto supera por el monto de lo contratado en la capital.
No conforme con pegarle nuevamente de manera colateral al municipio de Juárez, La Torre no se quiso dar cuenta que CADUMA tiene diversos contratos con el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por un monto que en su vida verá todo junto.
No cabe duda que hay desesperación en “Pelón”. Quizá no levanta en las encuestas, y cada vez que sale a pedir el voto topa con pared.
Al candidato y su asesor Marco Quezada, se les hizo buena idea contar una historia con mentiras y datos a medias, que con un simple vientecito se le cae. Por andar con esas mentiras a ver si  no le sale peor.
Ya parece costumbre en Morena atacar a las mujeres, primero Andrés Manuel le cierra la puerta a la candidata Xóchitl Gálvez, luego el diputado Cuauhtémoc Estrada insulta a la diputada Adriana Terrazas y ahora La Torre intenta difamar a una funcionaria pública municipal con datos erróneos.

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Mientras la principal propuesta de Morena es aumentar el presupuesto para entregar becas a quien no estudia ni trabaja, el candidato a la presidencia municipal, Marco Bonilla, está manejando su apuesta en los emprendedores y reforzar a los micro, pequeños y medianos negocios con un aumento en el presupuesto para apoyos, capacitación y créditos.
Bonilla ha dicho que la pobreza se combate generando mejores oportunidades de trabajo, con mejores sueldos y propiciando nuevos negocios y comercios. Ha prometido que inyectará 100 millones de pesos para el Fondo para el Emprendedor, 150 millones de pesos para la bolsa de garantías que apoya a empresas pequeñas y medianas para que sigan creciendo.
También ha ofrecido que incrementará a cuatro millones los recursos para apoyo de proyectos productivos e iniciativas de personas en situación económica adversa.
Con estas acciones, de ser concretadas, la capital seguirá siendo innovadora y con el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, algo que la mayoría de las ciudades gobernadas por Morena no le invierte, porque dejarían depender de las limosnas que le dan a su población para mantenerse vigentes.

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Está sin funcionar correctamente el sistema de citas en la Actuaría del distrito Morelos, ubicada en la Ciudad Judicial aquí en la capital, arrancando corajes un día sí y otro también en los litigantes.
A principios de semana, el lunes para ser precisos, vieron salir a uno de ellos echando lumbre porque hizo la cita por sistema informático y resulta que tiene la hora adelantada.
Esa plataforma Jindel es oscura e imprecisa, porque si la cita acordada es a las nueve, entonces es realmente para las ocho. Ese elemental detalle no ha podido ser corregido.
A ese abogado que salió echando chispas le dijeron que simplemente había perdido su cita, porque tenía que llegar una hora antes.
Pero no sólo es ese sistema el que está mal sino los otros métodos de cita; está el de la lista de las 11 de la mañana, al cual deben llegar a las ocho para hacer fila y obtener un turno a las 10:30 para diligenciar el mismo día.
Está la posibilidad de agendar por teléfono, pero jamás contestan, porque las líneas están saturadas.
También están las citas de urgencia, que sólo se autorizan por el titular del juzgado, siempre y cuando tenga la Actuaría algún funcionario para atender el asunto.
Está el otro sistema, el de las citas para asuntos habilitados en hora y día inhábil, para lo que hay que llegar antes de las siete y media de la mañana.
Finalmente están las citas vía consulta remota, que también se saturan inmediatamente, ¿Por qué?, sólo Dios y los casi dueños del Tribunal lo saben.
De todos estos métodos no se hace uno, son todos muy confusos y arbitrarios, según nos dicen dolidos litigantes que sufren las de Caín cada día que deben arrimarse a la Actuaría.