Ciudad de México.- Luego de que con ocho votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada al análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma judicial, lo que se avecina es una tormenta, un choque de trenes y una serie de descalificaciones que empezaron a surgir de inmediato.
En este análisis al que someterá la Corte dicha reforma solamente pueden darse dos conclusiones definitivas: la reforma judicial es constitucional o no lo es.
El mero anuncio de someter a análisis la reforma judicial que aprobó el poder Legislativo de inmediato generó posturas en contra desde la parte oficial, la misma presidente Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia mañanera del viernes 4 de octubre se refirió al tema diciendo que “no tiene sustento” y recalcó que se trata de una provocación en la cual no caerá.
Abundó que la intención de esos ocho ministros es “parar la trasformación”, pero esta no se va a detener por la voluntad de esas ocho personas.
La presidente deslizó una mentira al asegurar que “en ningún lugar de la Constitución dice que la Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional”, pero esto es una falsedad; la Corte puede analizar todo el proceso y establecer si se cumplió o no la constitucionalidad, si se hizo todo con apego a los mandatos constitucionales no hay modificación, pero si concluyen que existen violaciones, no será la Corte la que enmiende los yerros, simplemente devolverá al Legislativo para que realice las correcciones pertinentes.
Las descalificaciones a la decisión asumida mayoritariamente por la Suprema Corte también se sumó la propia ministra Lenia Batres, una de las tres que votaron en contra de analizar a fondo la constitucionalidad de la reforma Judicial, calificando la decisión como “un golpe de Estado”.
Sin embargo, la presidente matizó la declaración asegurando que no es un golpe de Estado “porque sustento tiene”, con lo cual concedió a la Corte una pizca de razón jurídica en su decisión de retomar el análisis. Pero ironizó: “yo más bien digo que es un golpe aguado”.
Si la SCJN determina que la reforma judicial cumplió con la Carta Magna, los halagos vendrían de la parte oficial, aunque desde la parte opositora se les acusaría de traidores. Si, por el contrario, determinan que la reforma incumple con la constitucionalidad todo el aparato gubernamental se volcará en contra de los ministros y ministras e incluso con la posibilidad muy amplia de que los poderes Legislativo y Ejecutivo puedan incurrir en desacato a un mandato directo de la Corte.
Los ministros solamente están haciendo uso de las facultades que les otorga la misma Constitución, pero desde la parte oficial les dicen que no pueden imponerse a un poder como el legislativo que es un Constituyente permanente y menos a un Poder Ejecutivo al que evidentemente le tratan de enmendar la plana.
El asunto tomó otro cariz luego de que la presidente de la Corte, Norma Piña anunció que puso ante la mesa de debates una propuesta, con acciones concretas para una reforma de Seguridad Pública y Justicia que emana de un ejercicio de diálogo y escucha amplio con todos los actores y que va en concordancia con recomendaciones emitidas por organismos jurídicos internacionales.
Lo que hace la ministra es deslizar una propuesta de reforma mucho menos agresiva, pasada por el tamiz de diversas instancias internacionales donde se toman en cuenta las voces de expertos juristas, de colegios y barras de abogados, de impartidores de justicia locales y de víctimas.
Pero más allá de la buena intención que manifiesta la ministra, es innegable que su propuesta llega muy forzada y además entra con el calzador de la decisión de analizar la Constitucionalidad de la reforma, esto ya de entrada le quita impacto a su propuesta y deja en la escena pública solamente el debate de la decisión votada.
La predicción es que se avecina una crisis donde puede acusarse de desacato a los poderes Legislativo y Ejecutivo al empecinarse en no suspender acciones de la reforma judicial pese a un mando directo de la Corte; o bien las amenazas de juicio político –donde Morena tiene las de ganar—contra los ministros de la SCJN al acusarlos de ir más allá de sus facultades constitucionales y querer imponer su deseo al de los otros dos poderes.
Todo lo anterior aderezado con choques, manifestaciones de protestas y falta de diálogo entre las partes para llegar a acuerdos.
Sin embargo hay que decirlo claramente: la SCJN está facultada para analizar a fondo la Constitucionalidad de la reforma judicial, les guste o no, al final de cuentas, “la ley es la ley” y se debe respetar.