-Jueza federal con la cargada en contra
-Ponen orden con líneas azules en el C4
-Otro numerito moreno en el Congreso

Las tres emboscadas en las afueras del Cereso de Aquiles Serdán no han hecho entender a las autoridades que hay “pitazos” o fugas de información de investigación obligada, por las consecuencias fatales que han tenido y el riesgo que representan para la población.
El 18 de julio, el 15 de agosto y el ocho de octubre de este año, los grupos criminales han hecho gala del uso que le dan a su “información de inteligencia”.
Los ataques han dejado tres personas muertas y cuatro heridas; dos hechos han sido atribuidos al Cártel de Sinaloa, por una pugna intestina que ha causado varias oleadas de violencia en la capital, mientras que otro fue adjudicado a un conflicto entre delincuentes de la vieja escuela integrados a células del Cártel de Juárez.
Pese a la gravedad de lo ocurrido, por tratarse de ataques contra presuntos criminales que recién salían de prisión, parece que el tema no ha sido tomado en serio por las autoridades respectivas.
El Tribunal Superior de Justicia también ha optado por hacerse el occiso, bajo el argumento de que los jueces no determinan la parte técnica ni la tramitología de las liberaciones.
Ni han salido resultados de las investigaciones por las evidentes fugas de información que les permiten a los sicarios atacar, ni se han tomado medidas serias para evitarlas, más allá de restringir el ingreso al estacionamiento del Cereso.
No se ha tomado en serio, además, el reclamo de un grupo de abogados penalistas que, con justa razón, ha solicitado a la justicia mayores medidas de seguridad.
Han planteado, por ejemplo, que al dictarse una medida de libertad a favor de algún acusado, se haga efectiva de forma inmediata, sin que deban regresar al imputado al penal y luego soltarlo.
Son esos litigantes, en cambio, los que han tenido que pagar las emboscadas de los sicarios, pues ya no les permiten ingresar al estacionamiento del penal, exponiéndolos a lo que pueda ocurrir en el exterior, con el pretexto de que es por seguridad. Mientras tanto, siguen los cárteles dándose vuelo.
Esa cerrazón a investigar a fondo y tapar los huecos, aderezada con medidas ineficaces que representan más riesgos que protección, le suma agitación al hervidero que es el Cereso.

***

Como dio cuenta El Diario, la jueza federal, Martha Cecilia Zúñiga Rosas, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en Chihuahua, desafió el paro judicial que mantiene la gran mayoría de sus compañeros, el cual, poco a poco, comienza a ser tachado de ilegal en buena parte del país. Obviamente la 4T anda encantada de desacreditarlo.
El acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (Pro Cuarta Transformación) que ordenó la reapertura de los tribunales desde el pasado 22 de octubre y el emitido la noche del miércoles, llevó a los límites de la legalidad a quienes han decidido mantenerse en paro.
No hay sustento legal, así de simple, que permita la paralización, lo que lleva a configurar faltas y responsabilidades administrativas.
Con esa base debe haber actuado la juzgadora, quien así respondió, con la reapertura, al reclamo del sector privado y litigantes, para sacar del atasco miles de casos, demandas y promociones desatendidas durante meses.
Con la reanudación de labores de su tribunal, Zúñiga Rosas también mandó el mensaje de puertas abiertas para la ciudadanía, lo que representa un quiebre con la postura dominante del aparato de la justicia federal, aferrado a frenar una reforma que sigue su avance como tren.
Es también una señal de debilidad del movimiento judicial que, en realidad, nunca tuvo la necesaria solidez política para sostenerse, frente a la avalancha de la 4T que impulsa la mayor reforma en toda la historia judicial del país.
En los juzgados, la jueza se echó toda la cargada en contra, pero es el precio de razonar sin fanatismos y apegada a una realidad política y social que muchos de los que consideran intocable al Poder Judicial, siguen negados a ver.
Así lo ven quienes coinciden con su postura, a la que el CJF terminó dándole la razón con la instrucción de reabrir y retomar las actividades habituales en todos los tribunales esta misma semana.

***

Vaya numerito el que se aventaron ayer en el Congreso del Estado los legisladores de Morena.
Con el pretexto de exigir respeto al orden del día, reventaron la sesión del Congreso para impedir que fuera analizada una propuesta de Pancho Sánchez, diputado del Movimiento Ciudadano.
La propuesta, a la que se sumaron el PAN y el PRI, tenía como finalidad exhortar al Congreso de la Unión a rechazar la reforma de “supremacía constitucional” que impediría impugnar reformas a la Constitución realizadas por el legislativo federal, por considerar que se trata de una forma de someter a los estados al poder centralista.
Cuauhtémoc Estrada, cada vez menos jefe de los guindas, aseguró que ese reclamo no es otra cosa que falta de respeto hacia el resto de los legisladores.
Aseguró que otros diputados(as) registraron propuestas a tiempo y fueron relegados por privilegiar a Pancho, quien pidió subir su asunto de último momento.
Otros morenistas también aprovecharon para darle pedradas a Sánchez, como Rossana Díaz y Pedrito Torres, este último hasta le dijo que todo su discurso era basura por no practicar lo que predica.
No obstante, quedó más clara su intención cuando subieron a la tribuna para impedir la realización de la sesión, forzando a un receso que ni varios promorenos respaldaron.
América Aguilar, del PT, dijo que la reforma de Morena es violatoria al Estado de Derecho; mientras su compañera Irlanda Márquez permanecía en su lugar en la curul, sin posicionarse a favor o en contra.
Habrá qué ver, por cierto, qué piensa su hermana Lilia Aguilar, que le entra a todas la peleas de la 4T en la Cámara de Diputados.
Aferrados los de Morena a su petición de “orden y respeto”, volvieron a ocupar la tribuna una vez reiniciada la sesión y no le quedó de otra a la presidenta Elizabeth Guzmán que suspenderla. Total que no hubo ni orden, ni respeto, ni, claro está, discusión de la reforma que deberá votar el Senado.
Acá es puro güiri güiri sin, como dicen los jueces, las decisiones tomadas sean vinculativas sobre las que tome la cámara alta.
***

Mencionamos ayer en GPS de la infracción común frente a la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, ubicada en el complejo del C-4, de obstruir el paso especial para personas con discapacidad, debidamente marcado en la banqueta.
Asentamos que sin respetar siquiera a la Policía Vial, que había tratado de poner orden en algunas ocasiones, violaban la línea azul los agentes ministeriales, directivos y empleados de la Fiscalía General.
Pues bien, ayer nos reportaron que tras la publicación ahora sí hicieron caso de no violar las reglas los mismos encargados de hacer que se cumplan, por lo que también dejamos la evidencia correspondiente en la versión digital.
Ojalá que sea duradero este orden no sólo para mostrar que la misma autoridad cumple las reglas que le exige cumplir a los ciudadanos, sino por dar la muestra de que los funcionarios son capaces de mostrar empatía con los que en realidad necesitan de esos espacios.

****

Vaya sorpresa que nos llevamos al buscar información en la página oficial del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) en la red social X y encontrar una foto de la tesorera del gobierno municipal de Chihuahua, Amanda Córdova y la titular de transparencia, Amelia Martínez, por un premio que recibió la mañana del jueves.
Resulta que el gobierno municipal, ganó el segundo lugar en la categoría municipal del certamen de Innovación en Transparencia 2024, que entrega cada año ese instituto, por su Sistema de Información Geográfica Municipal (SIGMUN), que la misma tesorera expuso en la ceremonia de premiación.
Ese galardón será otro que Bonilla tendrá para presumir. Se nota que la administración le apuesta a la transparencia y buscan organismos externos que califiquen y valoren el funcionamiento de la administración, para evitar ser juez y parte.