-“El Pingüino” nadó con tiburones en legislatura
-Un Moreno lavó ropa sucia a corralismo
-La UIF en los camiones de la salud

Parece que el empresario de la seguridad privada del residencial Bosques de San Francisco, Osvaldo P.N., siguió una cuestionable estrategia jurídica después del incidente que protagonizó con uno de los guardias de la caseta del exclusivo fraccionamiento a fines de la semana pasada.
Algunos esperaban que el dueño y director de Adelita del Norte Servicios de Seguridad, cuya agencia estaba en orden hasta el año 2023, pero no renovó permisos estatales en 2024, acudiera voluntariamente a la Fiscalía General del Estado horas después de los hechos, debido a que el incidente podría tener una solución pacífica y no tan costosa en todo sentido como es ahora.
Entre abogados e investigadores ministeriales prevalecía la idea de que, vencido el término de la flagrancia para una detención, de unas cuantas horas a partir del momento del delito, habría de acudir con amparo bajo el brazo para evitar alguna aprehensión.
Presumiblemente tiene el porte de arma vigente por el giro al que se dedica. Además, el delito, según los litigantes, es combatible y cuestionable por darse en medio de una riña entre adultos, en la que el guardia de seguridad considerado víctima, también fue agresor en cierto momento de la disputa.
Pero el hecho de que no se haya presentado ni con amparo, sumado a la huida de su hogar cateado por la Fiscalía Zona Centro el domingo y su supuesta desaparición o abandono de sus rutinas, genera más sospechas sobre lo que puede haber detrás del empresario.
Es decir, Osvaldo P.N tenía ciertas ventajas, como una defensa jurídica válida y vías de solución al conflicto no tan duras como una pena de prisión.
Hoy, posiblemente ya no las tiene si, como ha trascendido, su calidad es de prófugo de la justicia, lo que implica de entrada pase directo a un penal en lo que es resuelta su situación jurídica, en caso de ser aprehendido.
¿A poco tendrá otros pecados a cuestas que lo hicieron salir huyendo después de una riña? Algunas versiones apuntan a que le siguen la pista fuera de Chihuahua, en algún estado vecino como Sonora o Durango, cada vez con más sospechas.
Lo cierto es que será rostizado una vez detenido y quizá lo sabe. El guardia fue agredido pero Osvaldo ya debía muchas en el Sanfra que estaban anotadas por muy, pero muy, muy poderosos empresarios, políticos, periodistas, notarios y activistas “sociales” que ahí radican y a los que ya tenía hartos con sus deschongues.

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A los 86 años dejó “El Pingüino”, Humberto Ramos Molina, de existir. Dejó huella en la lucha social, política y en la radio, con sus maratones “con causa social.
Fue alcalde en Cuauhtémoc en 1983, con el boom panista, que le arrebató al poderoso PRI muchos municipios importantes, desde Juárez hasta Jiménez.
Años más tarde, cuando Patricio Martínez gobernó el estado, llegó “El Pingüino” por la vía plurinominal a la diputación local.
El distrito local en aquellas tierras lo ganó Israel Beltrán Montes, propietario de una de las radiodifusoras más escuchadas de la región.
Dicha legislatura tuvo blancos y oscuros en diputaciones propietarias y suplentes. En orden de distrito, por Juárez, Nacho Duarte Murillo, Isela Torres, Hiram Apolo Contreras, Tomás Herrera; por Chihuahua, Bernardo Ruiz Ceballos, Patricia Borunda, Teresa Ortuño, Víctor Garay, Sergio Martínez Garza; Guerrero, Carlos Comaduran; Delicias, Rogelio Muñoz; Guachochi, Manuel Chávez, y Parral, Jesús Manuel Tarín.
De los pluris, Cesáreo Valles -sección octava-, Guillermo Ontiveros, Blanca Gámez, Cruz Pérez Cuéllar, María Luisa Ugalde, Pedro Alvarado, Alma Gómez Caballero, y Luis Pavel Aguilar, entre los más sonados.
Entre los suplentes, destacaban Joel Aranda, Teporaca Romero, el actual rector, Luis Alfonso Rivera Campos, Carlo Alarcón, Alejandro Domínguez, entre otros.
Unos muy jóvenes en aquel entonces, apenas iniciando carrera, otros con colmillo muy retorcido, rayando el piso legislativo, cuando aún estaba en Palacio de Gobierno, en el segundo piso, donde funcionó hasta el año 2004, que se mudó al antiguo hotel Fairmont, hoy torre legislativa.
Con esos tiburones en la legislatura le tocó al “Pingüino”. Descanse en paz.

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Si la reforma a la ley que regula la Auditoría Superior del Estado actualmente hubiera estado vigente en 2018, las irregularidades encontradas en el impago del patronato de la Feria de Santa Rita, no hubieran quedado impunes.
El entonces presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Miguel Ángel Colunga Martínez, escondió en un cajón las irregularidades detectadas por la auditoría del ejercicio fiscal del 2017, y sólo presentó una observación, la 007, referente a la retención del Impuesto sobre la renta.
Son tres millones 800 mil pesos los que no fueron pagados al DIF, quien cedió los derechos para la realización de la Feria de Santa Rita a un patronato, que debía reportarse con un porcentaje de la venta de boletos de entrada, así como con parte de la utilidad en el consumo de cerveza.
Hubo malabar y medio al interior del DIF para solventar la irregularidad mostrando una póliza contingente por la cantidad adeudada por el Patronato, comprometiéndose la dependencia en realizar gestiones judiciales para el cobro.
Como sea, a la fecha no hay noticia cierta de qué fue lo que ocurrió, si finalmente los recursos entraron o no a las arcas del DIF o simplemente el Patronato se lavó las manos y no pagó el adeudo millonario.
Le lavó Colunga desde Morena el detallito a la administración de Corral, hoy el exgobernador es su compañero de partido.

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Sigue dando de qué hablar la senadora, Andrea Chávez, con el tema de los famosos camiones de la salud, esos que costarían 10 millones al mes cada uno.
De nuevo con Azucena Uresti, el miércoles en el debate a que nos tiene acostumbrados con Kenia López Rabadán, del PAN, la legisladora repitió lo que ya se ha manejado, que quitó sus imágenes de los mentados camiones.
Pero, en ese auditorio, ratificó que no dejará de llevar salud a los chihuahuenses que tanto lo necesitan.
Son dos aspectos en el delicado asunto, por un lado, la difusión anticipada de promoción de imagen -ella asegura que está mejor posicionada que todos los demás contendientes de su partido, Morena- y el recurso económico con el cual se está financiando dicha actividad.
Pareciera un franco desafío ya no a la oposición que está desdibujada, o al INE ausente, sino a la misma presidenta, y no de su partido, sino del país.
Debe ya estar dándose gusto Pablo Gómez con alguna investigación preliminar -para lo que se ofrezca-, en el trazado del dinero con el cual se pagan los camiones, sus insumos médicos y el personal que brinda servicios de salud.
De dónde salen esos dineros, y si es cierto que el rastro lleva hasta los gobiernos de Chiapas y Quintana Roo.
Por menos de lo que se ha difundido la Unidad de Inteligencia Financiera ha pedido reportes a instituciones bancarias, e incluso, ha congelado cuentas, sólo para averiguar.
A ver si no viene un manotazo de este nivel.