Barril sin fondo en Sindicato de la UACH

La sombra del chanchullo en la Octava y la 42

Mal año económico nacional pesa en Chihuahua

Fue la casa de un conocido empresario, dedicado al negocio funerario, la elegida por una banda de asaltantes para entrar el pasado 20 de diciembre. Amarraron a tres víctimas en el interior de la residencia y cargaron con joyas, dinero en efectivo y otras pertenencias de los afectados.

Fueron cinco sujetos armados los que sometieron a un matrimonio de adultos mayores y a un hijo; los ataron con sábanas para poder sustraer todo lo de valor que hallaron a su paso, mientras eran sometidos con violencia física y tortura psicológica.

El hecho, ocurrido en Haciendas Santa Fe, parte de los segurísimos corredores de clase económica alta en Chihuahua, encendió las alarmas de los vecinos, aterrorizados durante varios días por la violenta incursión criminal.

En un residencial de mansiones con amplios espacios abiertos, mucho personal de servicio e incluso escoltas armados de algunos propietarios durante el día, la noche y madrugada, la violación a la seguridad se vio como una burla a cualquier protocolo; también, como una señal de riesgo en la siempre incompleta labor gubernamental de garantizar la tranquilidad a los ciudadanos.

Para el 24 de diciembre, por fortuna, el fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, ya tenía en sus manos órdenes de aprehensión obsequiadas por un juez penal, con los cinco sujetos plenamente identificados: Roberto G. S., Luis Joel M. M., Joan Manuel S. N., José Leopoldo R. F y Óscar Osvaldo B. C.

Ese fue el resultado de un trabajo de investigación de la Fiscalía del Estado, con apoyo de la tecnología y las áreas de inteligencia de la Policía Municipal, al mando de Julio César Salas.

Para la Nochebuena, nos aseguran, ya estaba prácticamente planeado el golpe contra la banda, la cual aparece vinculada con integrantes de otra banda de origen colombiano, que opera extorsiones, monta deuda falsas, ejecuta secuestros y estafas.

Los cinco detenidos están ahora procesados por secuestro y robo agravado, una condición que hace más delicada su situación jurídica, pero apenas equivale a la saña con la que actuaron en contra de la familia afectada.

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Propuso la planilla Amarilla del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la UACH, encabezada por María Concepción Rodríguez Zendejas, entonces candidata hoy secretaria general, una serie de cuestiones realizables, nada del otro mundo, para convencer a la base, en una continuidad de la dirigencia de Salvador García Salgado.

Entre otras cosas ofreció el fortalecimiento del gremio, recuperar la confianza, unidad y respeto, ambiente de solidaridad y responsabilidad colectiva, realizar oportunamente las asambleas ordinarias y extraordinarias conforme estatutos.

Asimismo, reducir descuentos por inasistencias injustificadas a asambleas, con canal abierto de diálogo, respeto y cooperación con las autoridades universitarias, priorizando siempre los intereses de las y los trabajadores.

Todo bien hasta ahí, con el beneficio de la duda -como lo de los descuentos que son abusivos y que deberían regresarse los ya impuestos-, porque son apenas unos meses los que lleva al frente del sindicato, pero hay quienes ponen el dedo en la llaga en asuntos que ella no tocó de manera directa y no deben ser ignorados.

Por ejemplo, exigir el cumplimiento del contrato, haciendo valer el derecho de prestaciones nacidas del uso y costumbre en la relación patronal, fortalecer el fideicomiso, pago de tiempo extra de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, aumento al tabulador, agregar bono anual al contrato.

También está no abandonar el asunto legal del terreno y transparentar su venta, y el destino de los millones a obtener, retomar asambleas ordinarias -y no solo extraordinarias donde el comité monopoliza el micrófono y los temas-, y gestionar la basificación de plazas de apoyo.

Sí, son parte de las propuestas de sus competidores bajo la sombra de Ricardo Moncayo, pero están ahí como demanda viva. No está fácil para Conchita, como se le conoce a la líder, que por lo pronto estuvo activa con el tema del fideicomiso para jubilados y pensionados, que es barril sin fondo.

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De acuerdo con los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, las secciones sindicales deben ser renovadas cada cuatro años, mediante voto directo y secreto, tras la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional.

Una convocatoria que antes estaba más o menos sencilla, con decisión cupular e intervención de gobernadores.

Ahora, con la nueva Ley Federal del Trabajo, los sindicatos deben organizar elecciones abiertas, con urnas de votación y un procedimiento más o menos riguroso como el que organizan el IEE o el INE, aunque con grandes lagunas, por ejemplo, quienes cuentan los votos y por tanto los tienen a su disposición para hacer chanchullos, aún con aquello de urnas cerradas, selladas y notariadas.

Pero es un gran esfuerzo institucional y gasto para los sindicatos; por ejemplo, en la 42, fueron instaladas en 2022, 63 casillas a lo largo del territorio, con un padrón especifico de votantes.

Tenemos la convocatoria emitida hace casi cuatro años y es patente la dificultad de organización que viene, para poder obtener la validación de la Secretaria del Trabajo del nivel federal.

Hay prohibición expresa para que los miembros de los Comités Seccionales puedan ser reelectos para el mismo cargo en el mismo comité para el periodo inmediato.

En abril serán las elecciones no solo de la 42 sino también de la octava, donde despachan Manuel Quiroz y Eduardo Zendejas, quienes se despiden del cargo.

Andan muchos tiradores: Edgar Ramos, Gabriel Faudoa, Fernando Pacheco, y otros más, movidos y algunos hasta ansiosos. Veremos grilla de estos y otros muchos personajes más, algunos con nula, otros con más posibilidades.

Valdrá el trabajo y compromiso en terrenos como la defensa de jubilados, soluciones a planteamientos como Pensiones Civiles del Estado, seguros, escalafones, prestaciones y demás beneficios.

Los grupos de Quiroz y Zendejas llevan mano, junto con operadores que -a nadie debe extrañar- se pintan de guinda, azul y un disminuido tricolor, así como la operación de cercanos a Palacio de Gobierno, así como de los alcaldes punteros en la batalla por la sucesión, Cruz Pérez Cuéllar de Juárez y Marco Bonilla de Chihuahua, más otros liderazgos políticos regionales.

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El cierre económico de 2025 dejó tres datos incómodos para la presidenta Claudia Sheinbaum. Inflación, deuda y crecimiento pintan un primer balance poco alentador, pero el golpe no se reparte parejo, porque estados como Chihuahua están entre los primeros en resentir las consecuencias.

La primera señal llegó con la inflación. En la primera quincena de diciembre, el índice general se ubicó en 3.72 por ciento, por encima del nivel registrado en el mismo periodo de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ya era presidente.

Aunque el dato sigue dentro del rango del Banco de México, en Chihuahua el efecto se multiplica, pegándole a alimentos, transporte y servicios básicos, con aumentos que duros en una economía donde los salarios avanzan más lento que los precios.

La segunda mala noticia es más profunda y más peligrosa: la deuda pública. Todo indica que 2025 cerrará como el año con la mayor proporción de deuda respecto al PIB, 53.6 por ciento, un nivel jamás visto.

Para estados como Chihuahua, con sus propios demonios en esto de la deuda, esto significa menos margen fiscal para carreteras, seguridad, agua e infraestructura productiva, justo cuando la entidad enfrenta presiones crecientes en servicios y competitividad.

La tercera mala noticia es el débil el crecimiento económico. En este año la economía mexicana avanzó apenas 0.29 por ciento. En la capital del estado, donde el sector servicios, la construcción y el gasto público son motores clave, el estancamiento nacional se traduce en menos obra, menos empleo y una actividad económica que apenas respira.

Estos números chocan de frente con la narrativa de estabilidad y prosperidad. Y el problema para Chihuahua es que, cuando la Federación aprieta, es de los primeros estados en sentirlo, con menos participaciones, menos inversión... y más deuda, inflación y presión política y social.