No llega hasta acá la batiseñal de Harfuch
Crece negro historial de la Guardia Nacional
Canaco hace la luchita para miniempresas

Una clara y peligrosa señal de impunidad favorecida desde algún escritorio judicial representa el caso de homicidio de Francisco Javier Romero, asesinado a balazos el 25 de octubre de este año, sin que hasta la fecha haya podido ser procesado el acusado de haberle quitado la vida, a pesar de estar plenamente identificado.
El atorón del asunto es judicial, nos aseguran desde la Fiscalía del Estado, por un amparo y otros recursos que ha promovido el que aparece como principal sospechoso del crimen, Alejandro R.M, supuesto empleado de la Comisión Federal de Electricidad que ha logrado evitar la imputación.
Las investigaciones del homicidio apuntan a que, descontrolado por una posible agresión contra su hija, Alejandro acudió en la madrugada al domicilio de la víctima, quien se encontraba acompañado de dos amigos al exterior de su casa.
El sujeto, cegado por la ira, bajó de su camioneta blanca, que incluso fue asegurada como evidencia, y disparó contra dos de los sujetos, pero Francisco Javier nada tenía que ver con algún hecho relacionado con la hija del agresor. Ni la conocía ni había cruzado siquiera alguna mirada.
Los dictámenes toxicológicos oficiales mostraron que la víctima no tenía alcohol ni drogas en su organismo, además de que diversos testimonios apuntaron a que, en efecto, habría sido una confusión del hombre armado la causa de la tragedia.
Tras los hechos, la Fiscalía aseguró domicilios, evidencias y recabó declaraciones de los testigos que son clave, pero Alejandro, con buenos y seguramente muy costosos abogados, logró ampararse y evadir todo intento de detención que hizo la autoridad investigadora estatal, sobre la que los familiares de las víctimas, desde luego, también tienen sus sospechas.
Total que, incluso con una orden de aprehensión vigente, la justicia federal ha impedido la detención de R.M, quien ha comenzado a convertirse en emblema de grupos que, mediante redes sociales y otras vías, reclaman la impunidad impulsada, fomentada, desde las mismas instituciones.
Para colmo, después de varios actos de investigación e intentos ministeriales, había sido fijada una audiencia dentro del juicio de amparo, del expediente 2262/2025, para el 26 de noviembre, pero la justicia federal de la capital decidió aplazarla hasta el cinco de enero, como si un homicidio fuera cualquier otro asunto que puede esperar.
Así, la conjunción de deficiencias ministeriales con la negligencia judicial han dado como resultado que un presunto asesino ande libre gracias al amparo. Qué grave mensaje de impunidad, porque ni siquiera es un asesinato del crimen organizado o de alta complejidad, como para tamaña protección indebida.

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Resulta interesante que con tanta anticipación, el secretario de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se esté posicionando en medios extranjeros como un posible candidato presidencial para 2030.
En las últimas semanas antes de cerrar el año 2025, fue publicado primero un reportaje en semanario londinense The Economist, con el título nada discreto de “El Batman mexicano con grandes ambiciones políticas”. Ahí es pintado como un tecnócrata con carrera política en ascenso, alejado de los perfiles populistas, disciplinado y con un plan firme para combatir al crimen organizado.
Después, The New York Times le realizó una entrevista donde destaca, además de la confianza que le brinda Palacio Nacional, su capacidad de interlocución con los mandos de seguridad estadounidenses.
Una especulación es que desde la Presidencia de la República se promueven estas publicaciones para contrastarlo con Genaro García Luna, quien ocupara ese mismo cargo con Felipe Calderón y ahora está sentenciado por narco en Nueva York.
Otros analistas lo enmarcan en la destrucción de laboratorios de fentanilo justo cuando el presidente estadounidense, Donal Trump, ha decretado que esa droga es “un arma de destrucción masiva”.
A nivel interno, Harfuch no tiene mala imagen, por lo menos es más aceptado, incluso en la oposición, que otros posibles candidatos de Morena para 2030.
Sin embargo no es suficiente, falta que García Harfuch dé golpes contundentes contra los cárteles. En Chihuahua sobran zonas donde esperan con urgencia la luz de la “batiseñal”.

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Para mañana viernes, los dos elementos de la Guardia Nacional, uno activo y otro desertor, Eduardo Miguel M. C. y Jesús Eduardo M., serán llevados a la audiencia de vinculación o no a proceso, luego de que en días pasados fueran enviados a prisión acusados de una ejecución en Riberas de Sacramento.
Ante ello, el coordinador de la Guardia Nacional en Chihuahua, Alejandro Rivas, ha guardado absoluto silencio, como suele hacerlo cualquier titular de la corporación, a pesar del negro historial que acumula en el estado, desde la constitución de la militarizada institución.
Si bien no puede hablarse de una conducta delictiva generalizada en la GN, los casos de delitos atribuidos a elementos de la corporación ya rebasan lo anecdótico. Van desde la acusación contra un agente por violar a una mujer en Juárez, hasta el asesinato de civiles en Jiménez.
Pero más allá de esos signos de falta de controles internos, ha quedado en evidencia la ausencia de controles sobre los exelementos, esos desertores que dejan de reportarse a los cuarteles sin solicitar una baja formal y luego aparecen en grupos criminales.
Este es el caso de uno de los implicados en el más reciente hecho delictivo que mancha a la Guardia Nacional; pero durante este mismo año, en Villa Matamoros, otros cuatro desertores de la GN y el Ejército, fueron detenidos tras atacar a quienes fueron sus compañeros de corporación.
No es por generalizar, pero el silencio se vuelve sospecha institucional cuando estos casos no son aclarados decididamente ante la opinión pública, tarea en la que está muy rezagada la corporación federal.

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En el sector privado levantaron las cejas más de tres con el anuncio realizado por el líder del comercio organizado en la capital, Alejandro Lazzarotto, de estar en pláticas con el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, para que le sea perdonada el alza del Impuesto Sobre Nómina a las micro y pequeñas empresas.
El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), debe recordarse, no fue parte de la revuelta de la iniciativa privada que, en modo chairo, acudió a protestar al Congreso del Estado a mediados de diciembre pasado, por el alza del tres al cuatro por ciento en la carga fiscal sobre la nómina pagada por las empresas.
Lazzarotto Rodríguez, prudente, cauto, cuidadoso de los intereses del gremio, planteó donde tenía que hacerlo su postura, pero no se lanzó a la guerra.
Con argumentos mostró la tormenta perfecta que podría desatarse en las empresas con más presiones fiscales, que finalmente repercutirían en la recaudación de recursos estatales y federales, dado que todos los factores en contra del sector privado orillarían a muchas empresas a migrar a la informalidad, fuera del sector que sí tributa y se mantiene cautivo.
Pero más allá de los argumentos, la cuestión política es la que abrió la puerta a la lectura de que el líder de Canaco podría hacer más por sus agremiados sin tanto alboroto, que sus colegas de otras cámaras empresariales lanzados a la protesta por el ISN.
Habrá que esperar la resolución fiscal estatal después de las gestiones y reuniones que Lazzarotto ha tenido en las subsecretarías de Ingresos y de Egresos de Hacienda. Veremos qué sucede en estos días; a ver si los micro y pequeños empresarios pueden empezar a pensar en un feliz 2026.