-Despeja Ayuntamiento camino de deuda pública
-Errores en elección judicial irrepetibles
-Los Torquemadas del Instituto Electoral

La subdirectora jurídica de Seguridad Pública municipal, Diana Reyes, encabezó el operativo para liberar los accesos de una de las plantas de la maquiladora Superior, tomada por exempleados de la empresa que ha venido de más a menos desde el comienzo de sus operaciones en la capital.
La fuerza táctica desplegada, 27 elementos antimotines desarmados y 14 elementos adicionales en los alrededores, además de unidades de inteligencia y otros, no fue necesaria para desalojarlos, dado que pacíficamente los manifestantes se retiraron al escuchar a la funcionaria municipal, quien dio lectura al mandato judicial que obligaba a la corporación a despejar los accesos a la planta.
La Policía Municipal actuó en acatamiento a una orden judicial emitida por un juzgado laboral del Tribunal Superior de Justicia, ante el reclamo de la maquiladora por la afectación a sus instalaciones, a pesar de que actualmente enfrenta reclamos por una serie de despidos que rebasan las fronteras de la legalidad.
Desde enero pasado, debe recordarse, surgieron las protestas en Superior, con la exigencia de mejoras en los sueldos y en las condiciones laborales, situación ante la que intervinieron las lentas, burocráticas y generalmente poco útiles instancias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al mando del fantasmal José Siller Argüello.
Un acuerdo que rayaba en lo ingenuo y lo ridículo llevó a la pacificación de la planta, pero luego vino la venganza maquiladora contra los empleados que se atrevieron a exigir el fin de los malos tratos y de los riesgos a los que estaban expuestos, por uno o unos cuantos salarios mínimos diarios.
Así comenzaron los despidos que trajeron más protestas, además de las correspondientes quejas en las adormiladas instancias laborales, las grandes ausentes en términos de conciliación, inspección y no se diga resolución de problemas en su ámbito, menos ahora que la justicia en esta materia fue pasada a los órganos jurisdiccionales.
Desde luego, el conflicto laboral judicial es uno y la actuación de la corporación municipal es otro; en ambos, las cosas han marchado al ritmo que impone la legalidad.
Pero las condiciones de trabajo en Superior, a la luz de esos reclamos que han explotado desde el comienzo del año, son el asunto de fondo que debería ser sometido a una rigurosa revisión, pues Chihuahua ya debe superar esa etapa de labores forzadas con mano de obra barata y expuesta a todo tipo de riesgos.
¿Van las autoridades a seguirle dando el aval a la venganza de Superior? ¿Le van a permitir el abuso contra los empleados y van a tolerar esa regresión casi feudalista sin consecuencia alguna?

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Acaba de difundir el Ayuntamiento de Chihuahua el estado de situación de la deuda que tiene, en el período del primero de enero al 31 de diciembre del 2024.
Particularmente refiere a los dos empréstitos contratados con Banobras y con Scotiabank durante la primera administración del alcalde Marco Bonilla.
Con Banobras, al primer día del año pasado, el adeudo ascendía a 116 millones y con Scotiabank, 121.
Tal y como reveló el mismo Bonilla, desde julio del año pasado, esa deuda con Banobras fue liquidada en tiempo y forma dentro de la anterior administración, que concluyó en el mes de septiembre.
En cambio, la que se tiene con Scotiabank será liquidada en la actual administración, porque fue contratada a 52 meses, que se cumplen en 2026.
De esta deuda con Scotiabank se adeudan algo así como 88 millones de pesos.
Lo destacable es que esta deuda fue contratada tal y como dispone la misma ley de deuda pública para obra pública.
No toda deuda es mala, porque permite avanzar a pasos agigantados en el fortalecimiento de la infraestructura urbana.
Viene otro empréstito anunciado desde noviembre del año pasado por varios cientos de millones de pesos para adelantar y mejorar vialidades con puentes y pasos a desnivel.
Ese nuevo crédito llegará ya casi con el camino despejado de deuda pagada de manera puntual.

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Son más de 300 los recursos que llegaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por los errores cometidos en la revisión y generación de listados definitivos para aspirantes a los cargos de jueces, magistrados y ministros.
Desde la primera tómbola, con bolitas que rodaban por el suelo, para decidir qué puestos elegir en la jornada del primero de junio, hasta las insaculaciones del fin de semana en los tres poderes -dos de ellas a cargo del Senado- el tema siguió prestándose a críticas.
Desde la oposición, PRI y PAN, que develaron que en los listados quedaron la mayoría de postulados con color guinda, pero lo más grave, desde los mismos postulados que advirtieron de errores infantiles, como, por ejemplo, equivocar los circuitos o juzgados por los cuales van postulados.
Deberá aprender el Legislativo local, el Judicial y el Ejecutivo, en sus respectivos comités de dichos errores, para enmendarlos.
Fue casi obvio en la integración que hubo un poder que no hizo el trabajo y no consiguió postulaciones, porque las repeticiones de nombres ocurrieron en las tres listas o hasta en dos, por lo cual ahí está una primera cuestión que deberá revisarse para evitar los errores.
Tendrían que asistirse de personal que maneje con mucho profesionalismo las bases de datos, las cuales a estas alturas deben estar más que depuradas y listas para permitir un proceso al menos saneado, independientemente de que exista o no acuerdo con la reforma constitucional que obliga a los aspirantes a jueces y magistrados, a ir a las urnas.
Deberá prepararse entonces el Tribunal Estatal Electoral para las impugnaciones que vienen, y que les tocará resolver a Hugo Molina, presidente y a los magistrados, Roxana García y Gabriel Sepúlveda.

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Todo parece indicar que en el municipio de Chihuahua regresamos a los tiempos de la Santa Inquisición con Brenda de Torquemada Ríos y su tribunal inquisidor integrado por los consejeros del Instituto Estatal Electoral.
Resulta que ahora desde el IEE, estarán dictando qué pueden decir y qué no el alcalde Marco Bonilla y la vocera Mariana De Lachica, todo bajo las órdenes del consejero Yuri Zapata, quien responde a los intereses de su padrino político, Javier Corral Jurado, que lo puso en ese puesto cuando era gobernador.
Pero el tribunal inquisidor del IEE, no sólo está afectando la libertad de expresión del alcalde Bonilla y su vocera, supimos que varios medios de comunicación que han publicado notas donde hablan de Torquemada Ríos, también serán obligados a eliminar sus publicaciones, dañando la libertad de prensa.
Lo más sorprendente es que contenidos publicados en redes sociales de particulares también tendrán que ser borrados, como si el gobierno municipal tuviera las claves de cuentas de esos chihuahuenses que expresaron su pensar de la legisladora inquisidora.