-Cierra competencia por aparecer en boletas
-Ataques calientes entre azules de Camargo
-Negociazo en el Stuach con financieras
Tras la ejecución del inspector jefe de la Policía Estatal, Víctor Hugo Sosa Martínez, fue el titular de la División de Policía Bancaria, Industrial y Comercial, Refugio Moreno, mejor conocido como el jefe Cuco, el que apareció con más, mucha más escolta de lo habitual, para molestia de las agitadas filas de la corporación.
Dicen que fue una decisión tomada inmediatamente después de la baja de quien era uno de sus hombres fuertes, prácticamente el número dos al frente de la polémica y medio turbia división, encargada a uno de los más allegados al secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez.
“El colmo de los colmos, ahora al famoso Cuco trae más guarros que papá Loya”, fue uno de los mensajes interceptados en uno de los chats de WhatsApp de los policías estatales, luego del sorprendente aparato de seguridad y custodia adoptado por el mando policial.
El despliegue de elementos para cuidarlo, nos aseguran, comenzó apenas después de que fuera asesinado en Villas del Real Sosa Martínez, el lunes por la mañana, tras lo cual, de forma paralela, fue activado un operativo para dar con los presuntos responsables; de ello resultó la detención de cuatro personas, presentadas como participantes indirectos del crimen.
La exagerada protección al jefe Cuco debe ser por algo más que miedo, suponen, pero claramente refleja las condiciones en que se encuentra la división más "rentable" -por aquello de que cobra sus servicios aparte para dar seguridad a empresas y minas- de la SSPE, de acuerdo con lo que perciben los agentes que andan en la calle.
Esos agentes están molestos por lo de siempre, las quejas de favoritismos a ciertas divisiones, dispendios y excesos permitidos a unos, mientras a otros los tratan con la punta del pie y enfrentan las condiciones adversas naturales del trabajo, más las que suman los cuadros de mando de la corporación.
Así, el ataque del que fue víctima el comandante y las consecuencias que trajo, como el incremento de escoltas a su jefe, se convierte en nuevo detonante del malestar de los elementos, muchos de ellos convocados obligatoriamente al homenaje realizado en el C-4 para despedir al caído.
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La carrera por aparecer en la boletas de la elección judicial se ha cerrado con la primera selección de los perfiles que completaron los requisitos legales y constitucionales previstos en las convocatorias emitidas por los tres poderes del estado.
Este filtro estuvo a cargo de los comités evaluadores del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, (los tres poderes, no solo Santiago de la Peña, del Ejecutivo).
Cada uno de ellos emitió sus listados tras un proceso de revisión que fue palomeado el martes por la tarde en una mesa conjunta, capitaneada por el por el número dos de Palacio de Gobierno, sobre todo por aquello de la repetición de nombres en las tres convocatorias.
Contrario a lo que pudiera creerse, Morena no realizó una movilización masiva de sus cuadros para acaparar los espacios de magistraturas y juzgados del Tribunal Superior de Justicia, pues su interés primordial es el Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura.
Es claro el atractivo que tiene para los guindas el hacerse de la mayoría en este nuevo órgano que tiene entre sus facultades conocer, investigar, substanciar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial. Con esas atribuciones bien pueden dejar que el pleno del TSJ y parte de los juzgados queden en manos de perfiles afines al PAN y hasta del PRI y MC, si quieren.
Tampoco hubo grandes aspavientos en los comités del Ejecutivo y Legislativo, donde pareciera que los acuerdos para la elección de los aspirantes que llegarán a la nueva etapa salieron con relativa facilidad.
Caso aparte es el Poder Judicial, donde se armó la camorra después de un acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura Estatal para dar nombramientos definitivos a unos 60 jueces que hasta ahora tenían funciones provisionales y que pasarán directamente a las boletas, sin necesidad de filtros y revisiones, como lo establecen las bases de la convocatoria.
La jugada de la Judicatura, que encabeza la presidenta Myriam Hernández, puso con los pelos de punta a dos figuras en particular: la jueza familiar, Sabela Patricia Asiain, que ya es oficialmente candidata a una magistratura federal, y la jueza penal, Alejandra Ramos Durán, que contenderá en el proceso local.
Ambas, brazos del corralismo aún enquistado en el Poder Judicial, traen toda la intención de impugnar el acuerdo para no permitir que a las boletas lleguen posibles aliados de quienes actualmente mandan en el TSJ.
Aunque impugnen, el antecedente federal es claro, todas las quejas fueron desechadas y los candidatos ya fueron elegidos para ir a las urnas el próximo primero de junio. Difícilmente en lo local cambiará la historia.
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El Sindicato de Trabajadores de Camargo ha señalado, de manera incorrecta, que un exdiputado es propietario de la nueva empresa encargada de la recolección de basura en el municipio, instancia que ha anunciado la liquidación de personal debido a la pesada carga económica que representa la nómina.
Ante esa decisión del alcalde Jorge Aldana, fue inventada la acusación de que el exdiputado Luis Aguilar, primo del presidente municipal, es el dueño de la empresa contratada para la basura, lo que ya fue desestimado por tratarse de información falsa. La empresa en realidad es encabezada por Carlos Alberto Araujo, quien cuenta con una socia más en su conformación, y ganó una licitación abierta.
El tema ha traído a colación, por otro lado, que el diputado Arturo Zubía, exalcalde de Camargo, es quien ha mostrado apoyo al sindicato, en un intento por esconder cómo integró a varios familiares a la nómina pública y los sindicalizó, sumándole cargas a los compromisos financieros de la administración municipal.
El tiempo ha puesto en su lugar poco a poco a los involucrados en esta problemática. Por un lado, ha quedado claro que la administración de Aldana ha tomado decisiones difíciles, pero orientadas a garantizar la sostenibilidad financiera del municipio; por otro, Zubía ha optado por ponerle piedras en el camino a la gestión de su compañero panista, en aras de minimizar algunos de sus escándalos político-familiares en Camargo.
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Hay historia truculenta en el Sindicato de Trabajadores de la UACH, en anteriores administraciones.
Resulta que algunas financieras llegaron a convenios con el sindicato, para ofrecer préstamos con descuento en nómina.
Nos dicen que los pagos cayeron uno a uno cada quincena, pero muchos de ellos no fueron reportados a las financieras, y una vez supuestamente liquidados, los pagarés firmados anduvieron en el limbo, desaparecidos.
De pronto aparecieron esos pagarés en manos de abogados que han presentado demandas, y realizado embargos por cientos de miles, cuando los préstamos eran por unas decenas de miles.
Uno de los abogados señalados en este negociazo es identificado como Erick Solana, quien al parecer junto con algunos socios adquirieron de financieras decenas de pagarés, con los cuales traen asolados a trabajadores y extrabajadores de dicho sindicato.
Han embargado vehículos y casas por doquier, cuando los trabajadores pagaron con creces el crédito, incluso -no es posible pensar otra cosa- en complicidad de juzgados complacientes y extrañamente veloces en autorizar embargos.
Indudablemente hay responsabilidad del mismo sindicato, que por una comisión entregó a sus trabajadores a las fauces voraces de prestamistas sin escrúpulos.
