En un hecho histórico y nunca antes visto, pero que ha sido muy sano para la vida democrática del país, el trece de febrero se resolvió un conflicto entre el Tribunal Federal Electoral y el Poder Judicial Federal, alcanzando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando, el Tribunal Federal Electoral como un contra peso a la Corte y todo el Poder Judicial Federal que se había extralimitado con las suspensiones y amparos contra la reforma judicial, donde se le dio la razón al Tribunal Federal Electoral.
El primero de noviembre de 2024, en el artículo titulado “La Constitución somos nosotros: Jueces, Magistrados y Ministros”, en estas mismas páginas de El Diario explicamos por qué los juzgadores del Poder Judicial de la Federación estaban actuando ilegalmente (con honradas excepciones, tal es el caso en Chihuahua con la jueza segundo de distrito, Martha Zúñiga que se negó a admitir amparos y conceder suspensiones contra la reforma judicial).
En aquel artículo afirmé como abogado (no como opinador), que “Misma prohibición existe para los jueces de distrito al admitir amparos y conceder suspensiones contra la reforma constitucional, es decir que no se aplique la Constitución a ellos. Así lo establecen los artículos 51 y 61 de la ley de amparo que les prohíbe conocer de asuntos donde tenga interés, como es el caso de la reforma judicial, así como admitir amparos contra reformas constitucionales. Pero todo eso lo saben ellos y les vale. Pero lo grave no sólo es su actuar imparcial y fuera de objetividad violentando la Constitución, su ley orgánica y la ley de amparo”.
De esta manera este trece de febrero de 2025 la Corte resolvió que efectivamente los jueces federales (de distrito) actuaron ilegalmente (no lo dijo así pero eso es lo que resolvió) y determinó que los juzgadores federales no podían suspender el proceso electoral federal de jueces, magistrados y ministros, es decir que se excedieron (esto si lo dijo así), concediéndole la razón al Tribunal Federal Electoral el cual tuvo que intervenir para destrabar el proceso electivo de candidatos a juzgadores, dado que el comité de evaluación del Poder Judicial Federal se negó a seguir con el pretexto de los amparos concedidos por los jueces federales.
De esta manera, todo lo que hemos vivido en México este año es algo nunca antes visto y ha dado cuenta cómo el Poder Judicial de la Federación actuaba tiránicamente, arbitrariamente, en algunas decisiones, sin tener un límite o un contrapeso, y por ello sus actos de corrupción e ilegales siempre quedaron en la impunidad, y por lo cual era necesaria una reforma judicial que equilibrara o contuviera su poder, dentro del mismo Poder Judicial Federal, como va a ocurrir ahora con un Tribunal de Disciplina Judicial (perteneciente al Poder Judicial Federal pero autónomo de su cúpula como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
Vivimos en una democracia, esa que dice que el pueblo tiene en todo momento su inalienable derecho de alterar su forma de gobierno, y fue justo esto lo que ocurrió por medio del Congreso Federal mexicano que es dónde está representado el pueblo de México, al menos formalmente, pues fueron ellos electos por las y los mexicanos el pasado dos de junio de 2024, y afortunadamente contamos en esta ocasión con un Tribunal Federal Electoral que estuvo a la altura de las circunstancias y la vida democrática mexicana, funcionando de contrapeso a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el Poder Judicial Federal que se resistía a dejar sus fueros y sus puestos oponiéndose ilegalmente en un conflicto donde eran parte y serían jueces. Fue el propio Tribunal Federal Electoral el que señaló a algunos ministros de la Corte que tenían conflicto de interés pues se habían pronunciado ya en contra de este proceso electoral y reforma constitucional.
No sabemos qué hubiera pasado si el Tribunal Federal Electoral se hubiera plegado a los designios de la Corte, pues fue el tribunal federal electoral quien avaló la representación de Morena en el Congreso y la reforma electoral. Pero todo esto, hay que decirlo, tuvo como antecedente aquella reunión convocada por Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte y algunos ministros afines a ella, con Alito Moreno, presidente del PRI y miembros del Tribunal Federal Electoral, donde los “conminó” a revisar su actuar en favor de la democracia según ella (en favor del prianismo), y después una serie de maltratos de la misma Norma Piña a los magistrados y magistradas de ese Tribunal Electoral.
Qué equilibrio tan importante ha dado a la democracia mexicana el Tribunal Electoral, y más en estos momentos donde en Chihuahua vive su propio proceso de designación de candidaturas a jueces y magistrados y donde ya se han presentado algunas impugnaciones donde los comités de evaluación respectivos tendrán que reponer en algunos casos su procedimiento, y en otros respetar los derechos de algunos postulantes, a aparecer en la tómbola que parece hasta ahorita el método más objetivo de salir designado, sobre todo en el Estado de Chihuahua, donde la gobernadora controla el Congreso Estatal, al Poder Judicial y obvio el Poder Ejecutivo, y por ende este filtro para definir las candidaturas.
