-Con Maru de un lado y Andrea del otro
-El STSUACh tres doritos después
-Zozobra por cambio de regla a Index
En los últimos días dimos cuenta sobre la detención y vinculación a proceso penal de Erick Emmanuel G.G., un enfermero del Seguro Social de Parral que la Fiscalía General del Estado presentó indebidamente como médico, tras detenerlo como parte de una investigación por homicidio.
Quedó aclarado el punto de que no era doctor sino ayudante de enfermería en la clínica del IMSS, pero una célula del grupo delictivo “Gente Nueva”, del Cártel de Sinaloa, así lo identificaba.
La semana pasada, el enfermero fue detenido y presentado ante el juez; luego fue vinculado a proceso por el asesinato de Alfredo E.R, registrado el 10 de julio de 2022, de acuerdo a los datos que obran en la causa penal 543/2022.
La víctima era atendida por lesiones y fue simulada su alta voluntaria; fue sacado del nosocomio y al día siguiente apareció sin vida a un lado de la carretera a Chihuahua, a la altura del poblado de Maturana.
Antes de Erick Emmanuel, en agosto de aquel año, fueron detenidos y procesados Ricardo R. M. y Marco Antonio H, uno enfermero y el otro guardia de seguridad también del IMSS, como autores y cómplices del más recientemente preso. Esos otros dos incluso ya fueron sentenciados el año pasado a casi 20 años de prisión.
El hecho de que tres empleados del IMSS, más allá de la confusión de si era o no médico el último, ha generado incertidumbre en la institución no sólo en Parral sino en otras localidades, donde la presión criminal a los doctores y al personal de enfermería es pan de todos los días.
Incluso, hay quienes aseguran que los tres detenidos no deberían estar en prisión, sin investigar a fondo por qué actuaron de esa manera al presuntamente entregar o matar a un paciente.
En el IMSS hablan de “Los Gatos”, un par de hermanos también ligados a la enfermería y al IMSS, que mantienen aterrorizado al personal médico de Parral y sus alrededores, lo que atenuaría la responsabilidad de los acusados de homicidio.
“Los Gatos”, presuntamente, trabajan para el crimen e incluso son los que aparecen como presuntos responsables del asesinato a balazos del químico Juan Carlos Loera, encontrado muerto a principios del año en Valle de Allende, tras unos días desaparecido.
Sí, tal vez es el intento de defensa a los dos auxiliares de enfermería y al guardia de seguridad detenidos por un homicidio, pero si la Fiscalía hasta confunde a un enfermero con un médico, da pie a pensar que le falta solidez a las investigaciones y a su actuación en general.
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Curioso y llamativo el anuncio espectacular ubicado atrás del templo de Santo Niño, sobre la avenida Tecnológico y la calle José María Mari. De un lado muestra la promoción del tercer informe de la gobernadora, Maru Campos; y del otro la imagen de la senadora morenista Andrea Chávez.
Hay, sin duda, un doble juego político de la empresa de publicidad, algo no muy común en este ramo tan privilegiado por aspirantes y partidos, especialmente en periodos electorales, aunque ya se han perdido las fronteras y los límites en esta materia.
En este caso, el promocional del Gobierno del Estado se enmarca en el tiempo oficial que la ley le permite a los gobernantes y legisladores para publicitar sus logros unos días antes y otros después de la fecha su informe. El de Maru es el sábado, así que la norma le permite promocionarse una semana previa y otra posterior.
El anuncio de Chávez Treviño es el gastado truco de promocionar una supuesta entrevista con un medio de comunicación “fantasma”, con la imagen en grande de la senadora; ella, por sí misma, no puede promover su imagen al no encontrarse en tiempos de algún informe anual, así es que es utilizada una supuesta página o revista denominada “Tendencia”, de la que ni siquiera hay un link o una portada.
Algunos grandes y serios del sector de los espectaculares han buscado desmarcarse de esa práctica, que por común no deja de ser irregular dado el intento de darle vuelta a las normas. Por lo pronto esta estructura se la achacan a los Bachir, de Xterior que, por lo visto, cobran con la mano izquierda a los morenos, y con la derecha a los azules.
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Corolario de la reunión del martes en el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la UACh, es el desasosiego en que quedaron los dirigentes, tras no poder concretar la autorización para vender el codiciado terreno valuado en 95 millones y puesto en venta en 60.
Subieron un meme a redes sociales con el antes y el después de los atribulados integrantes de la Mesa Directiva; en una imagen se les ve sonrientes, y en la otra, tras la votación, pura tristeza reflejada en rostros.
Ahí puede verse a Jesús García Salgado, el secretario general, derrotado una vez más por la asamblea y por abrumadora mayoría, con casi 400 votos en contra y sólo 200 a su favor.
La mesa directiva tres doritos después, algo así lo titularon al meme (en versión digital).
Lo cierto es que urge vender a un precio adecuado el inmueble, porque es la única vía que tienen para hacer frente a las demandas que tienen, y que valen algo así como 25 millones de pesos.
Esos deudores adquirieron los terrenos en administraciones pasadas, algunos incluso los siguieron pagando en juzgados, luego de que fue cancelado el negocio.
Tendría que intervenir alguna autoridad judicial o administrativa, antes de que los sindicalizados pierdan ese patrimonio.
Un reclamo fue que deberán también interponerse las denuncias respectivas en contra de los responsables del desfalco y quienes promovieron la lotificación y venta irregular del terreno sin las autorizaciones debidas.
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Hay inquietud en el sector manufacturero por la suspensión de tres empresas registradas dentro del programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex), que, si bien no pertenecen al estado, las consecuencias en represalia serán sentidas aquí y en todo el país.
Son las empresas, Entryexit Import Manufacturing, Ranboy Sportswear y True Blue Manufacturing, a quienes el Sistema de Administración Tributaria acusa de aprovechar incentivos fiscales para evadir al fisco.
Las maquiladoras importan grandes volúmenes de insumos para elaborar productos finales que serán exportados, momento final en el cual causan el Impuesto al Valor Agregado.
Pues el cierre de las empresas llega en momentos en que la Suprema Corte está por resolver el litigio entre la industria de exportación y el gobierno federal, que pretende suspender ese programa de beneficios fiscal, y obligar al pago de impuestos desde el momento de la importación y al momento en que el producto final sea exportado, o sea una doble tributación.
Hay reclamo entonces, y sentido, porque en principio parecen chivos expiatorios para presionar a la Corte en su resolución, tomando como base a estas tres empresas supuestamente evasoras fiscales, en un asunto que en definitiva no está resuelto.
Mediante una ficción, los insumos para manufactura entraban, pero pagaban impuesto hasta que salían, y ahora lo deberán hacer en los dos momentos, considerándolas desde el principio como venta nacional.
El cálculo es que el SAT ingresará por este concepto cerca de 50 mil millones de pesos a nivel nacional, nada despreciables para el fisco.
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Trascendió desde ayer durante la sesión de magistrados del Tribunal Estatal Electoral que transmitieron en redes sociales, la resolución para eliminar las medidas cautelares que impuso la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral (IEE) al alcalde Marco Bonilla y la vocera, Mariana De Lachica.
Quien se mostró contento, fue el alcalde Marco Bonilla, quien desde un principio remarcó que le estaban coartando su libertad de expresión, para defenderse de ataques que recibe desde la tribuna del Congreso, sin fundamentos y mucho menos pruebas.
Pero quienes quedaron en ridículo fueron los consejeros, Yuri Zapata y Georgina Ávila. Fueron evidenciados que trabajan no para el IEE, sino para Morena, haciendo el caldo gordo con resoluciones que a simple vista eran parciales e incluso hasta exageradas.
Dentro de las medidas cautelares estaban la eliminación de toda publicación que hablara de la legisladora, Brenda Ríos, en medios de comunicación y redes sociales, como si el presidente municipal y el Municipio fueran dueños de todos los medios de comunicación.
