-Del impune Yox al posible acuerdo
-Con chequera van por 9 mil hectáreas
-Hubo movimiento en amparo del notario

Apenas el Día de la Virgen pasado, autoridades eclesiales y civiles dieron por inaugurada la Basílica de Guadalupe, construida con mucho sudor y lágrimas de los fieles en la división de Chihuahua y Aquiles Serdán, cerca del Centro de Readaptación Social (Cereso).
Al lugar tan aparentemente alejado de la mano de Dios se dieron cita funcionarios de los dos municipios, así como una enviada del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, la subsecretaria de Administración, Susana Bazaldúa, para encabezar la ceremonia.
Participaron, entre otros, el rector de la Basílica, Ernesto Guerrero Bernal; el subdirector de Asuntos Religiosos de la capital del estado, Manuel Arturo Rangel Carrillo y la presidenta del pobre municipio vecino cuya denominación religiosa es Santa Eulalia, pero su nombre secular es Aquiles Serdán, Teresa Erives.
Ahí no se tocó el tema, desde luego, pero hay un asunto que hace temblar el añejo proyecto de esta obra de la iglesia católica, que comenzó hace más de una década el padre Jesús Agustín Becerra, quien fuera una de las víctimas del Covid en 2020.
Resulta que al extenso predio donde empezaron a edificar la construcción, ya le invadieron los alrededores e incluso le removieron el cerco divisorio algunos particulares; en un proceso de meses, los terrenos considerados para el gran inmueble fueron invadidos, lotificados, algunos vendidos y hasta con construcciones dentro.
Otros tantos predios están ofrecidos en venta y eso ha reducido la posibilidad de avance de lo que comenzó como una ermita y ahora es un nada despreciable sitio de reunión de los fieles católicos guadalupanos.
La iglesia ha buscado la forma de que sean restituidos en esos inmuebles. Incluso, los responsables de la Basílica lograron reunirse con el secretario de Seguridad hace alrededor de un mes -de ahí, suponemos, que enviara a Bazaldúa en su representación a la inauguración-, pero es un asunto que seguramente escapa de las manos de Loya.
El tema en la cancha legal implica promover juicios para el desalojo y largos procesos jurídicos, por un problema que, no se ha dicho, pero puede tener su origen en permisos de construcción entregados por la administración municipal de Aquiles Serdán, a sabiendas de la irregularidad de esos terrenos.
Aquí hay un dato interesante, pues el trienio anterior estuvo a cargo de la misma alcaldesa Erives que fue a la inauguración; y el anterior a ese, el alcalde fue su esposo Ariel Fernández (algunos dicen que exesposo), así que hablamos de que gran parte del proyecto ha sido regulado por una familia gobernante de Santa Eulalia.
En fin, el inmueble religioso ahí está de pie, pero lejos, muy lejos de la proyección original.
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Si todo sale como lo cuentan algunos abogados conocedores del tema, el arranque de 2025 podría traer buenas noticias a los miles de afectados por Yox Holding, a un año de que estallaran las denuncias por fraude en contra la empresa de trading deportivo.
Al igual que otras financieras, Yox ofrecía atractivos rendimientos a quienes invirtieran en su modelo de apuestas, teniendo presencia en Querétaro, Oaxaca, Puebla, León, Baja California, Jalisco y, claro, Chihuahua.
Sin embargo, a finales del año pasado, empezaron las quejas por incumplimiento de pagos y, en cuestión de días, la empresa cerró operaciones junto con otros de los negocios que conformaban el conglomerado Xoy Capital, encabezado por el venezolano Carlos Lazo, incluidos restaurantes y el equipo de fútbol Chihuahua F. C.
Durante un año, la Fiscalía General del Estado recibió mil 500 querellas, casi todas en la capital, hasta el 23 de diciembre pasado, fecha límite para poder proceder penalmente contra la empresa.
Pese a los intentos de abogados por promover la denuncia, entre ellos Felipe Acosta, quien representa a cientos de defraudados por Aras, la cantidad final de querellas es apenas una pequeña parte de las casi 20 mil víctimas que se estimaban en el estado.
Esta situación, según dicen quienes conocen el caso, posibilita que Yox se enfoque en saldar los adeudos con las personas que acudieron al ministerio público en Chihuahua y Jalisco, los dos estados donde hubo más acciones legales en su contra.
La estrategia, comentan, iniciará a finales de enero y principios de febrero. En esas fechas, los representantes de la empresa pretenden buscar a los denunciantes para proponer acuerdos y así salir de problemas.
De ser cierto, un millar de personas podría recuperar todo o parte de lo que perdieron en Yox, en un caso inusual de justicia para las víctimas de este tipo de fraudes.
Decimos de ser cierto, porque la experiencia muestra que ni siquiera con denuncias, juicios o sentencias de por medio hay reparación del daño. Si no pregúntenle a los miles y miles de defraudados por Aras que, a un año de ordenarse el pago, siguen esperando su dinero.
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Las dos mil 100 hectáreas entregadas a los pueblos originarios de San Elías Repechique y Huasachique, en Bocoyna y Balleza respectivamente, no son nada para el ambicioso proyecto de restitución que está en marcha, inclusive con intervención del denominado Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin).
El organismo federal tiene la mira puesta en casi nueve mil hectáreas adicionales de la Sierra Tarahumara, para seguir con la estrategia puesta en marcha por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En términos llanos, trae la cartera por delante el Gobierno federal, que en el caso concreto de Mogótavo, a donde vino Sheinbaum recientemente, tiene ya trabajos avanzados de avalúo, para sostener una tercera reunión con propietarios de mil 500 hectáreas, con el fin de negociar pesos y centavos.
Pero, además, está en vías de publicación la declaratoria de tierras nacionales para entregar tres mil hectáreas a la comunidad de Mala Noche, junto con otras 500 hectáreas, en beneficio de los pobladores indígenas de Mesa Colorada, Cordón de la Cruz y El Tepozán, todos ellos en Guadalupe y Calvo.
Otra comunidad por ser beneficiada es Altos de la Garrocha, en Balleza, con mil 640 hectáreas; Bawinokachi, en Bocoyna con mil hectáreas; Arroyo del Pajarito con mil y Barrancas de Sinforosa, con mil 888 hectáreas en Guachochi.
Estas comunidades están envueltas en conflictos agrarios que ya tienen muchos años y en donde el Gobierno de la República está utilizando como estrategia incluso la compra a particulares, para después inscribir las propiedades ante el Registro Público de la Propiedad y el Registro Agrario Nacional en beneficio de los pueblos originarios.

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Hubo movimiento en el juicio de amparo del notario número ocho de la capital, Héctor Navarro Manjarrez, identificado con el número 3006 del índice del Juzgado Segundo de Distrito.
Estaba señalada la audiencia incidental para definir suspensión definitiva, pasadas las 10 de la mañana del último día del año, pero hasta ayer no había publicación alguna de la resolución adoptada en dicha audiencia.
Pero no es todo el movimiento que tuvo, además ya hay constancias del actuario asignado para notificar el inicio del procedimiento de amparo ante las señaladas autoridades responsables.
En las dos notificaciones existentes se dice que no corresponden las autoridades responsables, pero luego señala ciertas áreas de la Fiscalía, incluso con nombre de los agentes del Ministerio Público y carpetas de investigación.
En los próximos días y semanas veremos el desenlace de este amparo buscador, por lo que no habrá quietud para el notario en los comienzos del 2025, como no lo hubo en las postrimerías de 2024.
Hay audiencia constitucional para el 31 de enero próximo; los informes justificados irán cayendo por parte de las innumerables autoridades responsables indicadas en la demanda de amparo.