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-¿Cuánto paga de predial Brenda Ríos?

Tendrán dos años los familiares del pequeño André para intentar por la vía civil la reparación del daño por la muerte del niño, provocada por un par de perros pitbull en la colonia Cerro de la Cruz, el pasado 25 de diciembre.
En los tribunales dicen que el dueño de las mascotas no fue procesado por la terrible muerte del menor porque hubiera sido un exceso, pero en otra vía diferente a la penal el pleito puede seguir.
Fuera de lo penal, de todos modos lleva las de perder el propietario de los animales, Jackson J. O., porque el Código Civil es muy claro en cuanto a la responsabilidad que tenía de resguardar de manera adecuada a sus mascotas.
El artículo 1814 señala que el dueño de un animal pagará el daño causado por éste, si no prueba que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario; que el animal fue provocado; que hubo imprudencia por parte del ofendido; o que el hecho resultó de caso fortuito o de fuerza mayor.
Ninguna de esas excepciones aplica en el caso concreto, de acuerdo a lo que han informado las autoridades de manera pública.
La víctima es un niño de cuatro años, ¿Cómo podría haber provocado a las mascotas? ¿Dónde podría estar el caso fortuito?
Así entonces, prescribirían en dos años, dice a su vez el artículo 1163, “la responsabilidad civil por injurias, ya sean hechas de palabra o por escrito, y la que nace del daño causado por personas o animales, y que la ley impone al representante de aquéllas o al dueño de éstos”.
Aquí poca duda hay del derecho que le asiste a las víctimas indirectas de ir por la responsabilidad civil.
Quien está en un problema es la Fiscalía General del Estado, que ni en un caso tan sensible ha podido reaccionar, desde hace dos semanas, para tomar decisiones en cuanto a cómo habrá de proceder ante la brutal muerte de un niño en algo que va más allá de un simple accidente.
Pero, además, para realizar la eutanasia de los perros deberá acreditarse su peligrosidad para la ciudadanía, pero eso todavía no se decide ni se ha profundizado en el riesgo que pueden representar esos perros, los que, en caso de determinarse la necesidad de privarlos de la vida, deberá hacer con un método sin dolor ni sufrimiento, como prescribe la Ley de Bienestar Animal del Estado.

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La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) respaldó la decisión de la coordinadora del Distrito Diana, Jasbet Divanelly Olivas, por las quejas surgidas a raíz de que suspendió a tres agentes involucrados en líos que van desde chismes laborales hasta amenazas.
El asunto, dicen en la dependencia municipal, es básicamente un tema disciplinario que se da por parte de la jefa del Distrito; además, precisan, las patrullas y los equipos que ordenó retirarles no pertenecen a los agentes.
Como tal, el asunto se atiende a través de una investigación interna para deslindar responsabilidades, pues un elemento acusa a tres compañeros de haberlo amenazado; y estos presumen favoritismo de Olivas a favor de su compañero que se dice víctima de las amenazas.
Al tratarse de señalamientos serios, que incluyen las amenazas hacia el elemento afectado, resultaba necesario actuar en consecuencia rápidamente, para prevenir cualquier acto en su contra. Tal es la situación hasta el momento.
Ante lo ocurrido, la DSPM insiste en su compromiso de brindar seguridad a la comunidad y a sus elementos, por lo cual no tolerará ningún tipo de acto que se cometa fuera de la legalidad por parte de quien resulte responsable, en casos como éste.

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Ya es por todos sabido que la diputada morenista, Brenda Francisca Ríos, tiene una propiedad bastante amplia y con muchas comodidades.
Lo que no sabemos es si paga el predial, cuánto paga y si lo que paga corresponde a la construcción y amenidades que tiene la residencia.
Tal vez por eso omitió incluir en su iniciativa para castigar a los funcionarios públicos deudores del predial a los diputados, porque se pondría solita la soga al cuello.
Esperemos que, si tan transparente dice ser, pronto tengamos noticias de ella, haciendo público el pago de la contribución del predial de sus varias propiedades, o si va a aplicar la técnica de su líder Andrés Manuel, que no tenía cuentas en bancos, propiedades a su nombre y solo traía 200 pesos en su cartera.

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La investigación por fraude que la Fiscalía General del Estado sigue contra el notario público número 8, Héctor Manuel Navarro Manjarrez, parece comenzar a tener otras consecuencias para el fedatario, quien podría ser expulsado del Club Rotario al que pertenece desde hace años.
El pasado 23 de diciembre, Navarro Manjarrez demandó el amparo de la justicia federal ante una orden de aprehensión librada en su contra, a petición de la Fiscalía.
El recurso llegó a Juzgado Segundo de Distrito, a cargo de la jueza Martha Cecilia Zúñiga, quien dictó la suspensión provisional.
Aunque el notario no ha sido acusado formalmente por ningún delito, trascendió que el Rotarismo no está nada contento, pues no quiere que su imagen quede manchada por situaciones ajenas a la organización.
Además, parece ser que no es el primer señalamiento en su contra por este tipo de actos ilícitos o por otros comportamientos inapropiados o poco éticos, que contravienen los principios de Rotary International.
Por ello, comentan que desde la mesa directiva del Club al que pertenece se inició un proceso para darlo de baja como socio, en el que Navarro tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y defenderse, aunque quienes conocen de este ámbito señalan que es más común que las personas se retiren voluntariamente.
Por ahora, los rotarios mantienen un férreo hermetismo respecto a la posible expulsión de Héctor Navarro, quien por cierto, no estuvo ayer en su Notaría, o al menos eso fue lo que dijeron en la recepción. ¿Acaso andará de compras en El Paso?

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Las indagaciones realizadas por quienes investigan el reciente asalto bancario ocurrido en la sucursal Banamex de avenida Universidad, indican que hay vínculos con el incidente similar ocurrido en noviembre.
En aquel entonces, el 25 de noviembre, un par de individuos a bordo de una motoneta llegaron a la sucursal HSBC localizada en la 20 de noviembre y Ocampo, para exigir a la cajera el efectivo que tuviera.
Hay aún una estela de oscuridad en dicho hurto, porque no hay información clara del monto robado e inclusive hay una versión de que no se llevaron un peso, porque la misma cajera habría accionado el botón de pánico.
Pues resulta que dichos ladrones les han tomado la medida a las autoridades, porque habrían vuelto a actuar ahora en el caso de la sucursal Banamex el pasado viernes, donde se llevaron como ochenta mil pesos.
Habrían usado el mismo modus operandi, solo que ahora viajaron en un vehículo de la marca Nissan, tipo Frontier, con placas de Texas.
Las indagaciones siguen, con un cateo reciente realizado, sin que arrojara mayores elementos para dar con los presuntos responsables, que utilizaron guantes y protegieron su rostro para evitar la identificación, por lo que permanecen casi desconocidos, salvo el vínculo del vehículo y las mujeres arrestadas durante unas horas.