Ha terminado la etapa de contabilización de cómputos y, “haiga sido como haiga sido” —como dijera Calderón—, ya se definieron los resultados de los ganadores de la elección judicial, tanto estatal como federal. Ahora sigue la etapa de impugnaciones (un tema particularmente complicado para esta elección judicial, pues los candidatos nunca tuvieron todos los elementos a la mano) y la revisión de los requisitos de elegibilidad que debieron acreditar los aspirantes ante los comités. Esta revisión sí la está haciendo el Instituto Nacional Electoral para los candidatos a juzgadores federales, pero, por alguna extraña razón, no la realizó el Instituto Estatal Electoral para los aspirantes a juzgadores estatales ganadores.
La importancia de lo que revisa actualmente el INE no es menor; por el contrario, es la tarea que debieron haber hecho los comités y que, por alguna “extraña razón” no hicieron o dejaron pasar: verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales, donde quedan establecidos criterios mínimos de calificación en la licenciatura en Derecho y en las especialidades por materia. Precisamente por este hecho, el pasado miércoles 18 de junio, el Instituto Nacional Electoral invalidó, por mayoría de su Consejo General, el triunfo de 33 magistrados de circuito electos que no acreditaron contar con las calificaciones necesarias para participar.
Por eso es tan extraño que, en Chihuahua, el Instituto Estatal Electoral no hiciera lo mismo antes de expedir las constancias de validez a las y los candidatos a juzgadores que integrarán el Poder Judicial estatal, especialmente tratándose de las y los magistrados, tanto jurisdiccionales como de disciplina judicial, pues serán ellos quienes supervisarán la actuación de los jueces de todas las materias. Era necesario que se hubiera revisado, al menos para esos cargos —donde la Constitución de Chihuahua exige mayores requisitos y experiencia profesional—, que estuvieran debidamente acreditados.
Esto evidencia que el Instituto Estatal Electoral no quiso, o no pudo, por debilidad institucional, cumplir con una responsabilidad para la que estaba obligado, como sí lo hizo el Instituto Nacional Electoral: garantizar que las y los juzgadores electos cumplieran con la experiencia y los requisitos constitucionales para ocupar el cargo. Esto era particularmente relevante tras un proceso electoral tan cuestionado y con tan poca legitimidad, marcado por señalamientos de manipulación de cómputos, relleno de urnas y acusaciones de que la mayoría de las y los ganadores fueron candidatos promovidos por el Gobierno estatal y por la gobernadora Maru Campos.
Lamentablemente, el Instituto Estatal Electoral no cumplió con esta obligación de garantizar que los ganadores estuvieran a la altura de lo que exige la Constitución de Chihuahua en experiencia y preparación jurídica. Esto habría dado a las y los ganadores la legitimidad que tanto se puso en tela de juicio por la distribución de los famosos “acordeones” y otras irregularidades en el cómputo y la designación de candidaturas.
Serán entonces las barras y colegios de abogados, junto con otros actores sociales y políticos, quienes suplan la labor que debió haber hecho el Instituto Estatal Electoral al verificar que todas y todos los ganadores cumplieran con la preparación y experiencia requeridas para ocupar un cargo en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Esto es especialmente relevante al constatar que, para el caso de las magistraturas, la mayoría de los ganadores son personas cercanas a la gobernadora o a actores con alianzas en el Gobierno estatal, y que aparecían en los “acordeones”.
Felicito a todas y todos los juzgadores electos que cumplieron cabalmente con los requisitos constitucionales y que poseen la vocación, el profesionalismo y las ganas para ocupar tan importantes cargos. Serán ellos quienes podrán darle un nuevo rostro al Poder Judicial de Chihuahua.
Por otro lado, para aquellos que no cumplieron con lo requerido por la Constitución estatal, espero que sean exhibidos públicamente y vigilados por la sociedad civil, las abogadas y los abogados, especialmente considerando que el propio tribunal de disciplina judicial está marcado por cuestionamientos en su conformación, por su cercanía al poder estatal, por la falta de revisión de antecedentes y por la manera en que fueron designados, en un contexto cargado de irregularidades.
