Ciudad de México.- Durante largo tiempo el gobierno mexicano fue reticente a que líderes de grupos criminales que operaban en territorio nacional, pero con influencia en el tráfico de drogas en Estados Unidos, fueran extraditados a ese país.
Lo cierto es que capos como Rafael Caro Quintero fueron solicitados por Estados Unidos a México durante la administración de tres presidentes de la República diferentes y nunca cedieron a las presiones: lo juzgaron en México, lo encarcelaron en México, lo dejaron libre por fallas en el proceso y luego lo volvieron a detener para encarcelarlo en nuestro país.
Los líderes de grupos criminales también son reacios a que se les envíe a ser juzgados en Estados Unidos, consideran que las penalidades son más severas, los aislamientos a los que los someten terminan por alejarlos de las decisiones en sus organizaciones criminales e incluso, ahora, enfrentan la pena de muerte.
Pero también, en no pocas ocasiones, a estos integrantes de las bandas criminales les va muy bien porque se convierten en testigos protegidos, de esta manera a cambio de otorgar información sobre sus actividades, sus redes de tránsito, las complicidades con las autoridades en México, pueden vivir tranquilamente en Estados Unidos.
El pasado 27 de febrero, de forma masiva el gobierno de México decidió extraditar a 29 líderes de diversas organizaciones criminales, los más emblemáticos: Rafael Caro Quintero, Miguel y Oscar Treviño Morales, líderes de “Los Zetas”; José Ángel Cannobio Inzunza, segundo al mando en el grupo de “Los Chapitos”; Vicente Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez y Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, principal operador financiero y logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación.
No hay un antecedente de una entrega masiva como esta y menos tratándose de personajes que eran prioridad para el gobierno norteamericano.
Para el gobierno del Tío Sam siempre es importante demostrarle al mundo que quien se mete con ellos, asesina a uno de sus agentes o atenta contra su seguridad interna, tarde o temprano se las va a pagar; su principio se fundamenta en tener la capacidad para llevar ante su sistema de justicia a los criminales que consideren prioritarios.
Lo han demostrado muchas veces; así detuvieron al general Manuel Noriega de Panamá; acosaron a Osama Bin Laden hasta que terminaron ultimándolo; tienen a Joaquín Guzmán Loera en una prisión de máxima seguridad y para allá va Ismael “El Mayo” Zambada, previo a que pueda ser condenado a la pena capital.
Hay quienes interpretan que esta entrega de 29 líderes criminales se inscribe en una especie de intercambio. Es sabido que Ismael “El Mayo” Zambada exigió a la presidente Claudia Sheinbaum que lo repatriaran a México para aquí ser juzgado y purgar la eventual condena que le dicten, la medida es parte de una estrategia legal para evitar le apliquen la pena capital.
En ese sentido, el gobierno de México estaría ofreciendo al de Estados Unidos a esos 29 líderes criminales a cambio de que “El Mayo” Zambada sea regresado a nuestro país.
Pero esta interpretación de los hechos se estrella con la posición de fuerza que muestra Donald Trump ante el gobierno de México y la necesidad que tienen de “exprimir” informativamente hablando al jefe del Cártel de Sinaloa. Los abogados de Ismael Zambada han dicho que su cliente todavía no ha dado información relevante al gobierno de Estados Unidos ¿para qué regresarlo si todavía no les aporta información? El intercambio por personajes que ya dijeron lo que sabían no parece ser muy atractivo para Estados Unidos.
En los últimos meses, el gobierno de México se ha ocupado en tratar de agradar a Donald Trump: han cerrado comercios chinos, puso una barrera con diez mil agentes de la Guardia Nacional para contener a los migrantes y de pronto se notó un cambio radical en la política de seguridad al desmantelar laboratorios al por mayor y capturar a personajes importantes.
Pero aún así, Donald Trump ha expresado que no se siente satisfecho con lo que México ofrece, de ahí que no se ha cancelado la aplicación de aranceles.
Sin embargo, un día antes de la extradición masiva, el Presidente de Estados Unidos anunció que daría un mes más, hasta el 2 de abril, para aplicarle aranceles a México y en esto bien se puede encontrar el motivo de este envío de líderes criminales a Estados Unidos.
Sería la clásica negociación de “dame y te doy”.
Mientras que EU da más tiempo a México para que le siga mostrando voluntad en la lucha contra la producción y tráfico de fentanilo, que siga conteniendo migrantes que intentan llegar por la vía ilegal al país de norte y ordena la relación comercial China; el gobierno mexicano entrega como ofrenda de buena voluntad y cooperación a estos criminales para que el pueblo de Estados Unidos sea testigo de los juicios y se sientan orgullosos de su gobierno, que a pesar del tiempo, es capaz de sentarlos en el banquillo de los acusados y someterlos a su justicia.