El mal servicio de Pensiones Civiles del Estado (PCE), que parecía superarse durante la gestión de Hugo Gutiérrez Dávila, hoy secretario de Educación, parece volver a ser un dolor de cabeza para la administración estatal, a menos de un año de la designación de Marco Antonio Herrera García como titular.
El área de Urgencias como si fuera clínica del IMSS, con enfermos en los pasillos y hasta en el suelo porque los hospitales privados subrogados dejan de recibir pacientes cuando PCE se atrasa en los pagos; la falta de medicinas, de citas con especialistas y hasta de estudios clínicos, regresan como punzantes dolores para los derechohabientes, todos trabajadores del aparato público estatal.
En 2021, la administración de Maru Campos recibió a Pensiones en las peores condiciones de su historia, con altísimos pasivos actuales y actuariales, condenada a la quiebra luego de un quinquenio de terror a causa de la ineficiencia y corrupción que privaron en la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Javier Corral.
El exjefe de las finanzas estatales, Arturo Fuentes Vélez, hoy prófugo de la justicia, y el exdirector de PCE, Alberto “Tito” Herrera, se limitaron a administrar cómodamente la debacle de la institución, mientras el jefe de ambos daba discursos sobre el combate a la corrupción, pero no hacía algo para evitarla en su gobierno.
Pudo Gutiérrez Dávila, hasta mayo de 2024, superar algunos de los obstáculos de esa quiebra técnica de PCE y revitalizarla de alguna manera, pero el ascenso de Herrera García -ni médico ni con oficio suficiente para hacer que todos los actores de la institución caminen a un mismo objetivo- representó la picada del organismo.
Curiosamente, la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, liderada por Manuel Quiroz Carbajal, otrora dirigente de un ala disidente del SNTE, la Comisión Genuina Sindical (Cosigen), adoptó una postura cómoda, de silencio, ante reclamos crecientes del gremio.
Los maestros del subsistema estatal y sus familias representan el grueso de la derechohabiencia de PCE, pero la Sección 42, en las manos de los que antes se plantaban en la explanada con megáfono en mano para exigir un freno a la decadencia que privó de 2016 a 2021, optó por callarse.
Así, la dirigencia magisterial fue rebasada por la protesta no institucional, pero sí organizada entre los profesores estatales, alentados por el levantamiento del magisterio federal e, innegablemente, por otro ingrediente político clave: el relevo en las dirigencias del SNTE, a la vuelta de la esquina.
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Primero fueron los maestros del subsistema federal quienes arrollaron al líder de la Sección Octava del SNTE, Eduardo Antonio Zendejas, en una protesta extendida por la falta de acción sindical oficial en contra de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El dirigente de los profesores federales fue avasallado por sus compañeros del RESISSSTE y la CNTE, los dos movimientos disidentes dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en buena medida por la sumisión comprensible del dirigente del gremio en el país, Alfonso Cepeda Salas, premiado por Morena con el cargo de senador, para colmo presidente de la Comisión de Seguridad Social.
Justificada la protesta por la intención lesiva de la reforma, que pretende darle un golpe a los trabajadores federales donde más les duele, en la cartera, y con una pésima conducción política del sindicato más grande de América Latina, el reclamo prendió y fue en ascenso.
De los paros escalonados en algunas escuelas, con afectaciones a cientos de miles de alumnos y padres de familia, vino la marcha por las calles de la capital, con un contingente de profesores del subsistema federal apoyado por grupos de maestros estatales; luego, la toma de casetas y puentes, para pegarle a otra carrera, la de los gobiernos.
La unidad del movimiento disidente confluyó en un reclamo común de los dos grandes subsistemas magisteriales: hay dispendio para unos favorecidos de la política y un severo castigo para los maestros, como si fueran indignos de ganar un sueldo decente y tener acceso a prestaciones básicas de la seguridad social.
En el caso federal, quieren cobrarles a los trabajadores más cuotas para el ISSSTE con el fin de sacarlo de la quiebra, mientras los líderes del SNTE tienen vida de jeques árabes con las cuotas que quitan los maestros.
En tanto, en el subsistema estatal regatean el servicio médico de calidad y las jubilaciones, pero el Congreso del Estado aprueba pensiones millonarias para cuestionables jueces y magistrados obligados al retiro a raíz de la reforma al Poder Judicial, después de que ya le sacaron jugo a sus cargos legal y extralegalmente.

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La situación del magisterio federal, segmentado y fracturado también por una intentona de adhesión corporativista a Morena, se cocina por separado que la del sector estatal, aunque los reclamos hayan confluido en el punto sustancial de la quiebra de los dos organismos de salud.
En el caso de los profesores del subsistema estatal, como decíamos, hay un ingrediente político adicional en la protesta que ha superado a la dirigencia de Quiroz Carbajal, a quien algunos suponen domesticado por el oficialismo, pero sin utilidad para la defensa de los trabajadores y tampoco para apaciguar o mediar en el conflicto con la administración estatal.
En la Sección 42, que a finales del año escolar tiene relevos de delegados sindicales en todos sus centros de trabajo, lo que marcará el comienzo de la contienda por la dirigencia, ya pueden distinguirse grupos de aspirantes que empiezan a borrar todos los controles de la dirigencia.
Por un lado, aparecen Gabriela Domínguez y Mariano Leyva como los profesores impulsados por el comité seccional actual; ella es la secretaria de Finanzas de Quiroz, quien le ha dado reflectores y foros para visibilizarla, mientras que el otro maestro es uno de sus amigos más cercanos.
Esa cercanía con la dirigencia actual, sin embargo, les puede representar una desventaja a la hora de los trancazos, porque el hundimiento con la crisis de PCE no apunta a otra cosa más que a agravarse, si no hay una efectiva intervención política estatal, hasta ahora totalmente ausente.
En la otra esquina están los nombres de Gabriel Faudoa y Édgar Ramos, a quienes parece unirlos el deseo de venganza; ambos contendieron y perdieron contra Quiroz Carbajal, en una elección atípica e impredecible, así que ahora luchan codo a codo por hundirlo.
De Faudoa no hay mayores críticas en el gremio magisterial, pero de Ramos sobran los señalamientos y le antecede una dudosa reputación en el gremio. De entrada, forma parte del comité actual en una de las carteras de la Secretaría de Organización, a donde se coló como parte de las posiciones negociadas por estatutos con la planilla ganadora, pero antes traicionó a su propia propuesta inicial para dicho cargo sindical.
Ramos, además, desde el mismo comité y el apoyo de Faudoa, son considerados los agitadores de esta protesta que le pega a PCE, a Gobierno del Estado y al propio sindicato del que forman parte; seguramente los compañeros maestros son lo que menos les interesa a ellos, quienes quieren venganza contra Quiroz, así tengan que incendiar la casa de todos los profesores estatales.

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En posiciones menos radicales figuran también como posibles contendientes por la Sección 42 otros maestros con liderazgo natural y posturas más racionales sobre los problemas que enfrenta el gremio, la necesaria institucionalidad y el urgente oficio político que no han demostrado funcionarios ni líderes sindicales.
Así, surge el nombre de Martín Campoy, director de la Escuela de Trabajo Social, quien, si bien transitó del anterior comité sindical anterior al actual, es considerado más cercano a la administración vigente, pero metido a crear un equipo propio. Así lo han visto tras varias reuniones informales por las regiones del estado.
Otra carta representa Indra Manzo, exregidora del extinto Nueva Alianza en la capital, quien supo aprovechar el cargo público para estrechar relaciones con actores políticos importantes, de filiación panista, principalmente. Con ese perfil, parece apostarle a una definición vertical desde el gobierno estatal; con ella, camina el profesor deliciense Marco de la Cruz, viejo sindicalista y actual director de Educación Primaria.
Finalmente, el liderazgo más natural y orgánico que emerge es el de Ambrosio Olivas, jubilado que se erige como un perfil diferente que puede romper tanto al bloque oficialista como al resentido; el profe “Bocho” es considerado una propuesta novedosa, pero con amplio recorrido en las lides magisteriales.
En este marco de la batalla por la sucesión en la Sección 42, puede verse el problema de fondo de una protesta magisterial que, debe remarcarse, surge de una causa justa; una causa que ha unido disidencias y militancias diversas, pero además ha conjuntado a los dos subsistemas educativos que descansan sobre maestros maltratados históricamente con reformas encaminadas a empobrecerlos.
El rescate de PCE de la quiebra es, así, paso obligado para el regreso de la estabilidad del sistema educativo en la entidad, como lo es el del ISSSTE. Pero ambas metas demandan recursos públicos suficientes, además de voluntad y capacidad de operación política para conseguirlos, como única manera de desactivar el coctel explosivo que hemos visto preparase las últimas semanas.