Ciudad de México.- Primero fue el alcalde de Matamoros, Tamaulipas, José Alberto Granados Favila, quien al intentar cruzar hacia los Estados Unidos fue detenido en el puerto de entrada de Brownsville, Texas, y tras un largo interrogatorio, que duró ocho horas, se le informó que su visa de ingreso había sido revocada; él lo niega, pero ni ha vuelto a cruzar ni ha podido mostrar el documento para acallar los rumores.
Luego fue Carlos Torres Torres, este es esposo de la gobernadora de Baja California, quien al intentar cruzar por Tijuana hacia San Diego, también fue detenido en el puerto de entrada y tras ser sometido a un interrogatorio, también fue notificado que su visa de turista había sido revocada.
Dos horas después, la propia gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmedo anunciaba que por “trámites internos” el gobierno de Estados Unidos también le había revocado su visa de ingreso a ese país.
Fue, como le gusta decir a la 4T, un hecho histórico e inédito: por primera vez a una gobernadora en funciones le retiraban la visa de turista. Pero no se trataba de cualquier mandatario o mandataria estatal, es quien preside la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), ella también gobierna la entidad donde se ubica la zona del mayor tráfico fronterizo del mundo: Tijuana.
Aunque el gobierno norteamericano ha guardado silencio sobre las razones para revocarles la visa a estos funcionarios públicos, la gobernadora de Baja California y al alcalde de Matamoros, todo indicaría que esto se debe a un problema de vínculos con grupos criminales.
Ahora, esto no es de sorprender, ya desde el 2023 un grupo de legisladores republicanos de Estados Unidos venían señalando que políticos mexicanos estaban ligados a grupos criminales.
En algunos casos los acusaban de ser beneficiarios del huachicol fiscal que promovió Sergio Carmona –asesinado en Monterrey—y con cuyo dinero se financiaron campañas políticas como la de la propia Marina del Pilar, la de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, la de Layda Sansores en Campeche, pero sobre todo la de Américo Villarreal en Tamaulipas; en la lista también se incluye a Samuel García de Nuevo León por presunta complicidad con el huachicol fiscal e incluso va también Mario Delgado, actual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero dirigente de Morena quien habría sido el conducto para que el dinero del “huachicol fiscal” llegará a las campañas de ese partido el 2021.
Otros políticos estaban señalados por facilitar operaciones ilícitas de drogas en sus territorios; a Alfonso Durazo en Sonora por ser pasivo con una facción de “Los Chapitos” en la zona del desierto de Altar; a Enrique Alfaro de Jalisco, por su permisividad a la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación misma situación que se le imputa a Alfonso Ramírez Bedolla, de Michoacán.
En la lista van incluidos también alcaldes, como el de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval Gámez y el de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, además de otros de Tamaulipas.
La relación que empezó como una simple especulación derivada de la revocación de la visa a Marina del Pilar Ávila, fue denominada la “Lista Marcos”, porque se supone es autoría de Marco Rubio quien funge como Secretario de Estado de Estados Unidos.
El periodista de investigación Tim Golden –ganador de un premio Pulitzer—publicó una nota en el medio estadounidense “ProPublica”, donde indica que el gobierno de Estados Unidos comenzó a tomar medidas ante posibles relaciones entre figuras políticas de México con grupos de narcotráfico.
El propio Tim Golden aseguró que se está “revisando una lista de personas relacionadas con la vida pública y política mexicana” que tiene vínculos con estos grupos que operan en distintos terrenos, pero todos ilícitos.
Mientras que en México la información se convierte en una crisis política que cimbra desde adentro los cimientos de Morena y del propio gobierno federal y toda la 4T; para los norteamericanos se trata de un problema de seguridad nacional.
Muchos de esos personajes a los que ahora se estaría investigando acuden a reuniones binacionales, forman partes de las mesas de seguridad, se les comparte información confidencial de los métodos de operación de grupos criminales y hasta de la ubicación de sus líderes; tienen acceso a carpetas de investigación y tienen la influencia o la autoridad suficiente para movilizar corporaciones policiacas estatales, federales e incluso Ejército y Marina, sean para atacar o defender a esas organizaciones.
Cuidado si de pronto hay uno o varios gobernantes o políticos “desvisados”, no solamente sería la confirmación de la pérdida absoluta de confianza, sería también la comprobación de que vivimos en medio de un “narco estado”.