En México, los grandes señores del dinero estaban acostumbrados a no pagar impuestos ni sus deudas con el fisco: alargaban los pagos, los litigaban por años y, cuando perdían, se acercaban al presidente en turno para recordarle sus “aportaciones” de campaña, corrompían o amenazaban, y terminaban arreglando sus adeudos con pagos ridículos.
Todo eso cambió cuando AMLO llegó al poder y reformó las leyes y la Constitución para prohibir la condonación o perdón de impuestos. Hizo lo que nunca habían hecho los presidentes: cobrarles lo que debían a los multimillonarios por concepto de impuestos y contribuciones. Así fue como logró que pagaran empresas como Coca Cola, Walmart, Televisa, Cemex, Bimbo, entre otras que estaban acostumbradas a no pagar.
Por eso comenzó una campaña de desprestigio nacional financiada por los dueños de estos capitales, pues claro: ¡no les convenía la 4T! Gracias a ese cobro de impuestos —y al aumento del salario mínimo, principalmente— se pudieron financiar obras y apoyos sociales que redujeron la pobreza en 13.4 millones de personas, pasando de 51.9 millones en 2018 a 38.5 millones en 2024, una disminución del 29.6 por ciento, según datos del INEGI, soportados por CONEVAL y avalados por el Banco Mundial.
Sin embargo, hubo un empresario que se resistió a pagar, creyendo que su amistad con AMLO y el apoyo que una vez le brindó a través de una cobertura informativa favorable en TV Azteca lo salvarían de su adeudo fiscal acumulado desde 2008: Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos de México, dueño de Elektra, Banco Azteca y la televisora TV Azteca. Pensó que podría doblegar a AMLO, y se equivocó.
Fiel a su política y de manera congruente, AMLO no le perdonó impuestos y, públicamente en una mañanera, lo invitó a acercarse al SAT a arreglar su deuda, ofreciéndole un acuerdo con descuento de intereses moratorios, pero dejando claro que el adeudo original debía pagarse. Salinas, en vez de aceptar la oferta, la rechazó y emprendió una campaña mediática de desprestigio contra su gobierno, Morena y la 4T, utilizando su televisora.
Su seguridad radicaba en la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los ministros que tenía de su lado, quienes atrajeron un amparo promovido por él, que llevaba años litigándose, para mantenerlo archivado en el cajón de un ministro. Confiaba en que la Corte de Norma Piña, ya declarada anti-AMLO, terminaría echando abajo los asuntos.
Pero se equivocó. No contaba con que la mayoría de los mexicanos apoyarían con amplitud la elección de Claudia Sheinbaum, así como la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y Senadores —con aliados—, lo que permitió impulsar las reformas necesarias, incluyendo la del Poder Judicial federal y la renovación de ministras y ministros de la Suprema Corte.
Finalmente, ya sin la protección de la Corte, sus chicanadas —como les decimos los abogados a la mala práctica de alargar los asuntos— no funcionaron. La nueva Suprema Corte resolvió el jueves 13 de noviembre que sus amparos, litigados por más de quince años para evitar pagar lo que debe, no tenían por qué revisarse, y dejó firmes las resoluciones dictadas años atrás, incluso en tiempos del PRIAN. Ya perdió.
Ahora deberá pagar 48 mil millones de pesos al SAT. Así como él hace con sus deudores de Elektra y Banco Azteca —generalmente gente de bajos recursos— ahora podrán embargarle bienes, cuentas y activos empresariales para cobrarle si no paga. Él ya emprendió una embestida mediática usando su televisora y anunció que acudirá a instancias internacionales, además de iniciar una precampaña para ser —sí, como usted lo lee— ¡candidato presidencial en 2030!
Así como lo lee: el evasor de impuestos, traficante de influencias y por años beneficiario de la corrupción política para hacerse de dinero abusando de la gente que menos tiene, piensa que puede engañar al país y convertirse en el “Donald Trump mexicano”. Por eso ya visitó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, iniciando su precampaña con un discurso anticriminales, creyendo que la gente, harta de la violencia, comprará su promesa de un México sin criminales.
Pero, mientras son peras o son manzanas, el 2030 aún está lejos, y tendrá que pagar, pues ya no tiene ningún amparo que lo proteja. Será interesante ver si los políticos prianistas lo apoyan y cierran filas con él rumbo a 2030, en una candidatura “ciudadana” de unidad frente a Morena, especialmente ahora que los panistas han dicho que ya no irán con los priistas y están impulsando a sus gobernadores y liderazgos para medirlos rumbo a 2030, siendo una de ellas Maru Campos.
