Ciudad de México.- En la época colonial en México y luego en los gobiernos que siguieron a la independencia, era común que al momento de que el virreinato o los presidentes de la República se viera obligado a crear nuevos impuestos, propusieran algunos que eran notoriamente impopulares, un caso es el cobro de impuesto a las ventanas barrocas que intentó cobrar Antonio López de Santa Anna, pero esto era un simple pero muy efectivo distractor de la opinión pública.
Mientras que la opinión pública se indignaba por el cobro de un impuesto en particular, como el de las ventanas barrocas, los otros no eran cuestionados y quedaban vigentes. La autoridad se hacía sensible a las demandas y cedía en quitar el impuesto impopular, pero dejaba todo el resto del paquete fiscal y mientras que los protestantes creían haber ganado, en realidad se habían ido con la finta, cayendo en el garlito. Vieron el árbol, pero no el bosque.
Algo así parece suceder con la nueva Ley de Amparo que en un madruguete aprobó la mayoría que tiene Morena en el Senado.
La iniciativa presidencial que envío Claudia Sheinbaum Pardo no consideraba eliminar la característica de la retroactividad de la ley, pero los senadores le agregaron un artículo transitorio y de un plumazo esa característica constitucional se convirtió en historia.
Una aprobación de esa naturaleza es una aberración jurídica que violenta el artículo 14 de la Constitución Política de México; que una ley aprobada tenga efectos retroactivos va en contra de un principio que forma parte intrínseca de cualquier norma jurídica.
Un punto como ese de inmediato trascendió y generó opiniones críticas, se aduce que el Senado ignoró y violentó el proceso legislativo, que se excedieron en sus funciones, que aprobaron algo inconstitucional y que manifestaron una supina ignorancia en materia legal.
El debate se centra en el tema de la retroactividad, pero de pronto se deja de lado que el amparo prácticamente fue eliminado.
La retroactividad es “la ventana barroca” y ahí se centra la discusión, pero estamos dejando de lado que la nueva Ley tiene implicaciones en casi todos los aspectos de los ciudadanos y que es un duro golpe a la defensa de los ciudadanos ante los excesos del poder.
Sin la intención de ser muy técnicos podemos explicar que el amparo es un instrumento legal mediante el cual los ciudadanos pueden defenderse ante los abusos del poder; la presencia de la figura del amparo en el sistema judicial generaba la esperanza que ante cualquier exceso se podía apelar a él como una medida de contención del abuso que se intentaba cometer desde el Estado.
Con la nueva reforma que aprobó el Senado de la República, la casi eliminación de la figura del amparo abre enormes boquetes en la garantía que pueda tener cualquier ciudadano de no ser objeto de abusos por parte del poder.
El estado se fortaleció a cambio de debilitar el poder ciudadano; el estado dio un paso al autoritarismo a costillas de la sumisión e indefensión de cualquier persona, empresa, institución u organización que pueda ser afectada.
Ahora, el gobierno federal tiene mayores facilidades para retirar concesiones de radio y televisión si se le antoja, los concesionarios o permisionarios no podrán ampararse ante esa medida; el SAT puede determinar arbitrariamente los cálculos de los impuestos que una empresa o ciudadano les debe y este no tiene forma para apelar o defenderse de un cobro exagerado o dolosamente calculado.
Pero mientras la nueva Ley de Amparo es un retroceso legal que fortalece al Estado y debilita la defensa de los ciudadanos, el tema que domina el ambiente es el de la retroactividad, como si eso fuera lo toral cuando en realidad es un simple distractor.
En todo esto hay un papel que juega la propia presidente Claudia Sheinbaum; ella se ubica en la zona de lo “políticamente correcto” y deja al Senado de la República el rol del malo de la película, el que no hace caso, el que altera las iniciativas, el que modifica los proyectos legales.
Es una actitud repetitiva que se ha manifestado en otras ocasiones, es un juego de apariencias donde ella muestra la faceta que muchos quieren observar, la de la gobernante sensible que reconoce que “la ventana barroca” es un exceso y se manifiesta públicamente contra lo aprobado, aboga por la eliminación de la aberración, pero en realidad logra que prevalezca en la ley lo que verdaderamente era importante para el gobierno.
La ley de amparo no solamente es un retroceso legal, también implica el fortalecimiento del gobierno a costillas de debilitar los derechos de los ciudadanos; ahora el gobierno puede tomar acciones y los ciudadanos no tenemos un instrumento legal para defendernos en caso de que eso nos genere un perjuicio o nos afecte de manera negativa.
Desde el oficialismo celebran la aprobación de la nueva Ley de Amparo –que más parece de desamparo--, pero entre los estudiosos del derecho y la Constitución lo consideran un severo retroceso que fortalece al estado y deja indefenso al ciudadano antes los abusos que pueda cometer el gobierno.
Pero mientras nos ocupamos de ver el árbol sin observar el bosque que lo rodea, estamos ocupados protestando y recriminando, hablando figurativamente, por el cobro de impuestos a las ventanas barrocas.