El 22 de octubre se “celebra” el Día del Ministerio Público en nuestro país, una función del Estado tan importante que tiene su propio fundamento en la Constitución Federal (artículo 21), donde se establece que:
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público... El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.”
Es quien investiga los delitos y acusa ante el juez a sus probables responsables.
Sin embargo, en Chihuahua no solo pasa desapercibido por ser una función poco comprendida (y vilipendiada por gran parte de la sociedad), sino que además ha sido relegada por los gobiernos estatales desde hace al menos tres sexenios. Esto se refleja en sus bajos salarios —ganan igual que un policía y menos que un defensor de oficio, no se diga que un juez—, en su deficiente servicio médico (todos están afiliados al ICHISAL) y en la falta de prestaciones (no cuentan con crédito para vivienda, ahorro ni becas para sus hijos).
Son los de mayor carga de trabajo y los menos respetados en su función, tanto por sus superiores como por el propio sistema de justicia. También son los que tienen menor estabilidad laboral, pues un examen de confianza determina si continúan o son despedidos sin liquidación, muchos de ellos injustamente. Y aun así, me atrevo a decir que es en esta área donde se encuentran los abogados más preparados y con mayor vocación, por la exigencia, el estrés y la falta de apoyo con la que realizan su labor.
Es, además, uno de los trabajos más riesgosos, solo equiparable al de un policía, ya que en audiencia están a un metro de los “probables” delincuentes mientras solicitan su prisión. También es una de las funciones con más carga laboral. Ni hablar de la falsa independencia de la que presume la Constitución: los Ministerios Públicos reciben órdenes y línea, tanto para investigar como para no hacerlo.
Por ello, la mayoría de los Ministerios Públicos —a cargo de cientos de carpetas de investigación, muchas ya judicializadas— se queda más allá de su jornada laboral, por decisión, responsabilidad y vocación propia. No les alcanza el tiempo ni los recursos. No hay personal que los apoye para tomar declaraciones, ordenar actos de investigación y al mismo tiempo acudir a audiencias, que les toman la mitad o todo el día. Viven en estrés permanente, temerosos de una sanción, porque saben que todo recae sobre ellos.
Este maltrato institucional se mantiene desde hace tres sexenios. Además de mejores sueldos (por lo menos iguales a los de los defensores públicos), deberían contar con estabilidad laboral, servicio médico en Pensiones Civiles (como jueces y defensores), crédito para vivienda, ahorro y apoyos para la educación de sus hijos, pues su función es esencial para disminuir los índices de impunidad. La investigación de los delitos es la base de la justicia, y su descuido explica por qué no se avanza.
Lo que afirmo me consta por experiencia propia. Desempeñé esa función hasta 2019, año en que renuncié por una mejor oportunidad profesional —la misma razón por la que muchos se van—. Pasé por todas las categorías hasta ser coordinador de dos áreas, dirigiendo a muchas y muchos abogados valiosos. Por eso puedo afirmar que el éxito en las condenas que logra la Fiscalía del Estado no se debe a la institución, sino al empeño, vocación y talento de sus agentes.
En los Ministerios Públicos están los mejores abogados penalistas y los de mayor vocación, porque no hay mejor escuela que esa. Las condenas se consiguen a pesar de las condiciones adversas, no gracias a ellas. Por supuesto, también existen malos elementos y corruptos; el mismo sistema y maltrato lo propician.
Es necesario dignificar su función, no solo para avanzar en materia de justicia, sino también para fortalecer el Estado de Derecho. Debe ser un cuerpo autónomo del gobierno estatal, con condiciones dignas, mandos de carrera reconocidos y no impuestos por influencias o corrupción.
Saludo y felicito a las mujeres y hombres dedicados a esta labor de riesgo, abogados valiosos que procuran justicia con verdadera vocación, a pesar de no contar con respaldo institucional ni social. En especial, a quienes tuve el honor de dirigir y acompañar: grandes profesionistas, héroes anónimos que consiguieron justicia para “sus víctimas”, como cariñosamente las llaman.
A ellos les digo que aún hay esperanza de que en 2027 sus condiciones mejoren. Coadyuvaremos con nuestro granito de arena para exigir una propuesta de gobierno que les otorgue la importancia que merecen. No solo por ellos y sus familias, sino por toda la sociedad, porque donde hay carencias en la investigación de los delitos, hay impunidad.
Mi reconocimiento y admiración para todas y todos ellos.