Ciudad de México.- En México se respeta la libertad de expresión, dijo con la voz orgullosa la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su primer informe de gobierno; puede hacer esa referencia como una situación personal, pero no extenderla al gobierno en general.
Si algo ha sufrido embates en lo que va de la Cuarta Trasformación es precisamente la Libertad de Expresión y aunque parece un bien intangible y de poca monta, en realidad se trata de la piedra angular donde descansa cualquier régimen democrático, de ahí que atacarla lleva al autoritarismo.
A diferencia de lo que opina la presidente Sheinbaum Pardo, en el gremio periodístico, al menos en los no alineados que son la mayoría, queda fija la idea de que hay un acoso y hostigamiento contra los periodistas que desnudan al gobierno.
No solamente hay persecución y acoso, hay todo un entramado legal para someterlos a proceso, meterlos en la cárcel y acallarlos.
En Puebla, a su gobernador Alejandro Armenta Mier, no le dio vergüenza promover una iniciativa de ley para censurar expresiones en redes sociales, particularmente aquellas que implican críticas a su actuar y al de su gobierno. Si eso no es censura y un ataque directo a la Libertad de Expresión, pues entonces habría que definir el concepto.
En Campeche, la gobernadora Layda Sansores San Román, no tuvo empacho en someter a proceso legal al periodista Jorge Luis González Valdez y además logró que lo sentenciaran a pagar una multa millonaria, fue obligado a bajar el contenido de su página digital y se le prohibió ejercer el periodismo durante dos años.
En un intento de matizar lo draconiano de las medidas contra González Valdez, le conmutaron la sentencia de no publicar durante dos años a cambio de que todos sus escritos deben pasar por el tamiz de un censor que escrute los textos y establezca que no contienen crítica alguna contra la gobernadora Sansores y su gobierno.
Que decir de la sanción recibida por Karla Estrella Murrieta, una ciudadana de Hermosillo que enfrentó la ira de la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, “Dato Protegido”, a quien se le obligó mediante sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial a emitir una disculpa pública por 30 días, pagar una multa, tomar una serie de curos y leer libros por considerar que cometió violencia política de género al publicar un texto en sus redes sociales donde cuestionaba la forma como la señora Barreras Samaniego obtuvo la candidatura que la llevó a la diputación.
Más reciente es el caso de Pío López Obrador, quien fue evidenciado en un reportaje de “Latinus” recibiendo sobres amarillos con dinero que justificó como “aportaciones al movimiento” –es decir dinero para financiar a Morena—y luego de ser exonerado por el Tribunal Electoral, ahora pretende demandar al periodista Carlos Loret por un supuesto daño moral.
Si todo lo anterior no es un atentado a la Libertad de Expresión, entonces le dejó la perla más reciente.
En una conferencia mañanera la presidente Claudia Sheinbaum Pardo se quejó amargamente de las críticas que se vierten en los medios de comunicación en contra de su gobierno; calificó que se trataba de campañas orquestadas y que los trabajos periodísticos estaban plagados de mentiras en contra de su gobierno.
Eso la llevo a establecer un remedio: proponer una ley que sancione las mentiras que se digan en los medios.
¿Quién va a dirimir lo que es verdad y lo que es mentira? Las instituciones como el Poder Judicial, ese mismo que ahora capturaron y que se convirtió en un apéndice del Ejecutivo.
Es grave que un gobierno o una institución se arrobe la atribución de poder definir lo que es mentira o verdad, no solamente se trata de una postura ambigua y bastante parcial, también implica un sesgo a favor de los intereses políticos que dominen en el Poder Judicial.
Si los jueces y magistrados se identifican políticamente con el gobierno en turno, si esos mismos jueces y magistrados le deben el cargo a quienes gobiernan, no es difícil vaticinar cuál será su inclinación al momento de definir aquello que es verdadero y lo que para su gusto muy personal es falso.
Hay que dejar muy claro un precepto que es común a los gobiernos con tendencias autoritarias: son los que más dicen respetar la Libertad de Expresión porque son tantas las quejas de que la violentan que deben reafirmarlo constantemente en sus discursos.
Si no hubiera ataques a la Libertad de Expresión, la presidente Sheinbaum Pardo no tendría por qué andar mencionando que es una libertad respetada y amparada por su gobierno, como no es así se ve en la necesidad de tener que reafirmarlo cada cierto tiempo.
En México, más allá de lo que dice el gobierno, lo cierto es que sí existe un ataque permanente contra la Libertad de Expresión; las denuncias contra periodistas y ciudadanos son una constante; la persecución y cierre de medios por acoso gubernamental es otra manifestación de ese estado autoritario y el negacionismo gubernamental para aceptar lo evidente es la otra forma que confirma el hecho.
Todo indica que el gobierno de la Cuarta Trasformación espera medios dóciles, periodistas agachados, ciudadanos callados y una opinión pública que no reciba información veraz porque eso implica su deterioro.
Pero, no sería mejor que hicieran bien las cosas, que actuaran con honradez, que fueran trasparentes y que evitaran los actos de corrupción, con ello evitarían ser la nota de ocho columnas al mismo tiempo que no tendrían a una prensa que sientan como enemiga.