-Pesada losa sobre violentador de síndica
-Viacrucis médico en Pensiones Civiles
-Bonilla, con Beto, Miriam y Valenciano

Con el desarme de más de medio centenar de policías municipales, la Subsecretaría de Despliegue Policial, al mando de Ricardo Realivázquez Domínguez, respondió al tumbadero de arcos de la Plataforma Centinela de la semana pasada.
De manera más o menos sorpresiva, nos aseguran los conocedores de la política criminal actual, los agentes de la Policía Estatal intervinieron el pasado martes en los municipios de Namiquipa y Matachí, para revisar portes de armas, exámenes de confianza y otras regulaciones a los elementos de seguridad pública local.
Los estatales encontraron que varios elementos municipales tenían exámenes de confianza vencidos, así como más armamento que personal activo. Qué novedad.
La SSPE pasó revista a las 75 armas en manos de la Policía de Namiquipa, encontradas al amparo de la licencia oficial colectiva número 166. De éstas, fueron aseguradas 45 armas para su resguardo en el depósito general de armamento y municiones ubicado en el C-4 de Chihuahua.
En Matachí, la Policía del Estado pasó revista a 25 armas largas y cortas al amparo de la licencia colectiva que corresponde a la entidad. Fueron aseguradas 15 del total.
Bien a bien no quedaron claros los términos de la revisión, sus alcances, sus implicaciones y consecuencias para los policías; suponemos que la SSPE no quiere sumarle más municipios a la cuenta de los que ya existen sin tener corporación de seguridad pública local.
Este operativo estatal llegó después de los siete ataques a arcos y cámaras de la SSPE en el triángulo carretero que forman los municipios de Cuauhtémoc, Bocoyna y Madera, donde hay pocas corporaciones de seguridad y las que existen, más o menos funcionales, según los que conocen, están gravemente infiltradas por el crimen.
Así, la intervención en el ramo de la seguridad por parte de la autoridad estatal sería, entonces, una respuesta a los ataques a la Plataforma Centinela que supuestamente está asegurada y por lo tanto su reparación no representa más gasto al erario.
Sin embargo, sería una respuesta muy indirecta a los responsables de los ataques, que pese a haber sido captados en video no han podido ser capturados. Es más, ni siquiera están plenamente identificados, salvo por versiones de que tienen respaldo de múltiples corporaciones municipales, de ahí el atrevimiento de atacar la infraestructura estatal de seguridad.

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No cabe duda que, como habíamos asentado hace algunas semanas, al regidor moreno corralista, expanista y exnaranja, Miguel Riggs, lo define a la perfección el insulto que profirió contra la síndica Olivia Franco, por el cual fue sentenciado como violentador político de la mujer.
El edil acaba de recibir la sentencia de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que sí cometió violencia política de género contra la funcionaria municipal, por lo que ya fue ordenada su inscripción en el padrón nacional de violentadores, aunque todavía no se ha ejecutado por la falta de resolución de un último recurso.
Por los registros de movimientos en los tribunales, parece que, en una jugada espectacular de su defensa, quiere que la condena no sea la de ofrecer una disculpa pública. Tal vez quiere una simple amonestación privada, a pesar de que su agresión, ya probada sin lugar a dudas, fue en un acto público.
El caso es que su inscripción de 180 días en el padrón de violentadores, que ya le representa una pesada losa a Morena y a las aspiraciones políticas personales de Riggs Baeza, podría dilatarse por más tiempo, hasta coincidir con las fechas de definiciones de candidaturas, lo cual llevaría al regidor a un escenario todavía peor.
La inscripción en estos momentos como violentador ya merma cualquier posibilidad que pudiera tener en Morena, ya es un estigma que le va a pesar por siempre, pero si se retrasa hasta que esté más caliente la contienda interna para definir candidatos, es casi un hecho que puede despedirse de cualquier aspiración.
Por eso, no leer ni entender plenamente la sentencia que pesa en su contra; no acatarla y seguir con estrategias dilatorias, son más señales de que el insulto lanzado a la síndica le queda a la perfección para describirlo.

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Resulta verdaderamente increíble pero es la cotidianidad que viven miles de ciudadanos: el pobre servicio médico que presta la otrora célebre Pensiones Civiles del Estado.
El viacrucis del paciente no es una exageración. Inicia desde el primer eslabón de la cadena: la toma de análisis.
Aunque usted no lo crea, un paciente que requiere de estos servicios básicos puede tardar más de un mes para ser atendido. Así de grave. La promesa de una medicina preventiva se esfuma en un laberinto de esperas interminables.
Un ejemplo crudo y real: ayer, un paciente con sobrepeso acudió a sacar fecha para la realización de unos urgentes exámenes de laboratorio –sangre y orina– cruciales para determinar el padecimiento que sufre.
La respuesta institucional, fría y burocrática, fue una cita para el 16 de octubre. ¿Se lo puede imaginar? Un malestar presente se posterga con una solución a más de un mes de distancia.
Pero este calvario no termina ahí. El suplicio continúa en las farmacias hospitalarias. Es una práctica común que las recetas médicas prescriban medicamentos que simplemente no existen en el inventario.
El paciente, ya diagnosticado y con la receta en mano, se topa con el muro del desabasto. La solución: asumir el costo y salir a surtir el medicamento a farmacias privadas. Eso, si tiene la fortuna de que se lo receten un día antes, pues “hasta el siguiente día” puede convertirse en otra espera peligrosa.
Este es el pan de cada día. Un sistema diseñado para proteger la salud se ha transformado en un obstáculo para ella. Se juega con el tiempo de las personas, se subestima el dolor ajeno y se normaliza la negligencia.
¿Hasta cuándo los derechohabientes, que con su trabajo sustentan esta institución, tendrán que seguir padeciendo este vía crucis? La salud no puede esperar a octubre.

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El alcalde, Marco Bonilla, sabe agradecer el apoyo que sus amigos y aliados presidentes municipales le han brindado en este camino que ha decidido recorrer con miras al 2027.
Se ha dado el tiempo de apartar en su agenda la asistencia a sus informes y conocer el trabajo que cada uno ha hecho en los respectivos municipios.
Supimos que el martes estuvo en Cuauhtémoc en el informe de su amigo Beto Pérez, quien por cierto ha sido presidente municipal cuatro veces en diferentes periodos de esa ciudad. Lo ha logrado por ese cariño y respeto que ha sabido sembrar.
Ayer Bonilla casi se partió en dos, primero para acudir al informe de otra gran aliada, la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto; y al terminar, salir corriendo al de otro amigo, el alcalde Jesús Valenciano, de Delicias.
En los dos informes fue muy bien recibido por los asistentes. Ya ven en Bonilla a ese gran aliado para seguir cambiando sus ciudades y comunidades, como justo lo hizo desde su trinchera con la donación de patrullas que dieron de baja del padrón de la DSPM y equipo de seguridad, que sirvió de mucho a municipios pequeños.