-Juegan al gato y al ratón exrector y Fiscalía
-Arrecian críticas por doble cargo de Komaba
-Mario Vázquez, defensor de los ganaderos
A través del juicio de amparo, la hija menor de un exjuez estatal, Luis Francisco de León, se defendió de la reforma judicial local, debido a claras violaciones a sus derechos laborales que lo dejaron sin empleo y condenado a una liquidación ni siquiera cercana a lo justo.
En julio, una jueza de distrito concedió la suspensión definitiva para que fuera liquidado conforme a la ley, tras validar que la reforma constitucional de Chihuahua limitó un derecho humano reconocido por la Constitución Federal: la liquidación ajustada a las leyes laborales y constitucionales. Lo relevante es que dicha suspensión no fue impugnada, y por ende quedó firme y obligatoria.
Pese a ello, la presidenta del Órgano de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Karla Esmeralda Reyes, decidió no cumplir con la suspensión.
La jueza federal determinó que, al ser separado del cargo el papá de la quejosa, correspondía la liquidación completa. La respuesta de la funcionaria judicial fue insólita: confesó el incumplimiento, con lo cual se coloca en responsabilidad administrativa y penal, y además cuestionó el contenido de la suspensión, olvidando que las determinaciones judiciales se cumplen, no se discuten.
Por ello, la representación jurídica de la afectada, pidió la intervención del Ministerio Público Federal, además de dar vista al recién creado Tribunal de Disciplina Judicial.
Este caso exhibe una situación preocupante: la presidenta del Órgano de Administración del Poder Judicial no solo desconoció un derecho humano protegido por la Constitución, sino que incurrió en responsabilidad al violentar la suspensión definitiva.
El abierto desafío a la justicia federal de la exmagistrada familiar arrastra también a los demás integrantes del Órgano de Administración e incluso a la presidenta del propio Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera; compromete la integridad institucional y siembra el peligroso precedente de la desobediencia como práctica de gobierno judicial.
Así anda el “renovado” Poder Judicial, de un escándalo político a uno administrativo; de las sospechas de tráfico de influencias a la violación descarada de garantías individuales.
Mientras, su función sustantiva, la de administrar justicia, sigue en el olvido.
Y no es todo, este caso es la punta de la madeja. Viene más jalón de hilo.
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El juego del gato y el ratón parece ser el favorito del corralista exrector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Fierro Ramírez, quien acumula media docena de demandas de amparo contra la Fiscalía Anticorrupción, la que seguramente no le quita la vista de los ojos. ¿O se hace de la vista gorda?
El también exdirector de la Facultad de Filosofía y alguno de sus excolaboradores en su triste paso por la UACH, son los campeones en esos amparos buscadores con los que varios abogados sacan su quincenita, orientados a sacar información de posibles causas penales en contra de sus clientes.
Pero más que eso, los recursos también pueden poner patas arriba y atar de manos a las dependencias que no tengan la suficiente capacidad jurídica para responder demanda tras demanda, saturándolas de trabajo irrelevante que debe realizarse para no incurrir en alguna falta a la Ley de Amparo.
¿Cuánto le cuesta al exrector el chistecito de usar los tribunales federales como mandaderos? ¿Cuál es el límite legal para manipular de esta forma las normas del amparo y pervertir su naturaleza protectora de las garantías individuales? ¿De qué busca protegerse?
Lo que cueste debe tener sin cuidado al corralista, quien sigue gozando del patrocinio que le brindó su padrino antes panista y hoy morenista, tan acomodaticio como su pupilo al que puso a jugar con el destino de una universidad a la que únicamente devaluó política y académicamente.
Mientras el reloj avanza, la Fiscalía le sigue el juego sin más resultados que esporádicos comunicados ambiguos y repetitivos sobre los corralistas que persigue así como sin ganas de alcanzarlos.
“El Bayo”, retozando de merendero en merendero.
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Existe una preocupación real en un amplio sector del panismo en la capital, pues si bien todavía no está ratificado el presidente del Comité Directivo Municipal, César Komaba, por parte del Comité Ejecutivo Nacional, las señales que se han dado no son buenas de cara al inicio de su administración.
Y es que todos en el PAN esperaban la separación de Komaba de la Subsecretaría de Movilidad, era lo más lógico para tener calidad ética y moral. Es un partido que, se supone, vela por los principios éticos y morales en el país, pero las señales que se han dado son muy diferentes, pues incluso hay funcionarios que “justifican” que podría ostentar los dos cargos de manera simultánea.
Ya son muchos los grupos en redes sociales donde los panistas dejan de manifiesto su desacuerdo con esta posibilidad, por lo que se espera que en cuanto se presente la ratificación de la figura de Komaba como presidente del CDM, sea él mismo quien anuncie su separación inmediata del cargo en el Gobierno estatal.
Habrá que ver la decisión, lo cierto es que esta incertidumbre es indefendible, por lo que figuras del PAN que normalmente hablan a favor de las decisiones partidistas, ahora en realidad solamente guardan silencio en espera de la determinación.
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Puede que este día la problemática ganadera, del cierre a las exportaciones, quede incluida tangencialmente en la agenda de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en Ciudad Juárez.
También puede ser que de plano no se toque porque habrá otro evento específico al respecto, o que, con suerte, sea uno de los temas principales.
Lo cierto es que ya el senador panista, Mario Vázquez Robles, ha levantado la voz en la tribuna recientemente.
El pasado martes en su cuenta de Facebook, posteó una de sus últimas intervenciones, luego de haberse detectado el contagio del gusano barrenador en Nuevo León.
Expuso que el riesgo de un cierre total en la exportación del ganado es inminente y que miles de ganaderos enfrentan pérdidas graves que ponen en riesgo su trabajo, patrimonio y el futuro de sus familias. “Exijo al Gobierno Federal actuar de inmediato: no más omisiones, el sector ganadero necesita soluciones”.
La semana pasada la gobernadora Maru Campos se reunió con el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, para revisar los avances en las gestiones que se realizan en el Departamento de Ganadería de Estados Unidos, para promover que se reabra la exportación, a lo cual el gobierno federal anticipa con cierto optimismo que “a más tardar en noviembre”.
Mientras otros senadores por Chihuahua andan distraídos en sus propios artificios, Mario Vázquez está señalando una problemática concreta en la entidad. Ojalá le escuchen, sea o no sea tema en eventos políticos como el de hoy.
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Ha anunciado la presidenta, Claudia Sheinbaum, que el próximo martes serán enviadas al Congreso dos iniciativas de ley para regular el uso del agua y acabar con el mercado negro de este recurso, luego que Conagua detectara 58 mil irregularidades en títulos de concesión.
Según expuso el director del organismo, Efraín Morales López, las anomalías incluyen el acaparamiento de concesiones, la falsificación de documentos, el mal uso de los permisos, hasta el robo del líquido.
En La Mañanera del pasado miércoles, la Presidenta expuso que los datos surgieron de una revisión al 90 por ciento de los 536 mil títulos otorgados desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando empezó la mercantilización del recurso. Ahora se trata de recuperar la rectoría del Estado en un recurso vital para la agricultura mexicana.
Sin duda el tema nos lleva a lo precario del agua en Chihuahua.
El asunto de los pozos ha sido tema de jaloneo permanente entre la familia LeBaron y los barzonistas, particularmente en la región noroeste de la entidad.
Habrá que ver cómo viene a detalle la iniciativa el próximo martes. Acá, por mientras, los agricultores chihuahuenses voltean al cielo con la esperanza de que siga lloviendo en el cierre de septiembre.
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El alcalde, Marco Bonilla, y la diputada federal, Chela Ortiz, compartieron ayer los alimentos y seguramente algunos temas políticos. Fueron vistos comiendo juntos en un céntrico restaurante. Incluido en la mesa estuvo Luis Antonio Corral, director del grupo La Norteñita.
Por supuesto, no pasó desapercibida esta mesa entre los comensales. Una reunión que debe analizarse con lente político.
Bonilla sigue tejiendo alianzas, al menos es una lectura que se le puede dar a este encuentro, con figuras estratégicas del sector político y empresarial. Si bien a Ortiz ya no le queda más plus electoral que las siglas en manos de su chalán, Alejandro Domínguez, esas meras siglas son importantes para el proyecto de Marco.
