Nicaragua se encuentra en una encrucijada crítica. Daniel Ortega ha consolidado un régimen que se ha caracterizado por una alarmante supresión de las libertades, acumulando hasta hoy más de 29 años en el poder.
La Corte Interamericana de Derechos humanos ha establecido que no hay democracia sin libertad de expresión y viceversa. Esto significa que, si los ciudadanos no tienen acceso a ideas diversas, su decisión en las urnas estará viciada porque carecen de elementos para elegir. Es decir, votan, pero no eligen.
En 2018, la situación se agravó en el país centroamericano con la cancelación de la personalidad jurídica a siete Organizaciones No Gubernamentales, incluyendo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Tras las protestas ciudadanas, las fuerzas policiacas emitieron un comunicado oficial prohibiendo las movilizaciones públicas a personas, asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el "fallido golpe de Estado". Según organizaciones de derechos humanos, la represión dejó cientos de muertos, miles de heridos y cientos de detenidos arbitrariamente. De hecho, la ONU habla de crímenes de lesa humanidad.
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2019 declaró la violación del orden constitucional que afecta gravemente la democracia. Gonzalo Koncke funcionario de la OEA, solicitó cambios al marco legal en materia electoral para garantizar comicios transparentes y justos, incluyendo la liberación de los presos políticos y el restablecimiento completo de la libertad de expresión.
Las denuncias de fraude electoral en Nicaragua han sido recurrentes; 2011, 2016 y 2021. La Unión Europea y la OEA han expresado preocupación por la falta de transparencia y equidad en los procesos electorales de Nicaragua y han impuesto sanciones; se acusa de manipulación del padrón electoral, intimidación a votantes y candidatos de oposición, control estatal y mediático de las campañas electorales, falta de acceso de observadores independientes, y cambios legales que favorecen al partido en el poder.
En las elecciones de 2021, el arresto de varios candidatos de oposición antes de las elecciones también fue un tema importante de denuncia. El Centro de Investigación en Comunicación ha reportado numerosas violaciones a la libertad de prensa. Los funcionarios gubernamentales tienen una prohibición de declarar a medios de comunicación.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron en 2021 detenciones arbitrarias de líderes opositores, periodistas y activistas. En febrero de 2023 Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión por los delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Los hechos que sostuvo el gobierno para sentenciar al prelado católico fueron convocar a la desobediencia civil, criticar al gobierno y denunciar injusticias; después de un año de reclusión fue expulsado del país.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro documentó el uso de la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Agentes Extranjeros para perseguir a periodistas y defensores de derechos humanos. Reporteros Sin Fronteras denunció el deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua y la falta de garantías para el ejercicio del periodismo independiente. Medios como Confidencial y 100% Noticias han seguido enfrentando obstáculos significativos, con periodistas exiliados y operaciones limitadas.
En enero de 2025, la asamblea nacional, controlada por Ortega, reformó la constitución -en solo cuestión de minutos y sin discusión- para ampliar hasta 2027 las elecciones.
Esto es una breve radiografía de los que pasa en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega, personaje que se ha enquistado en el poder por 3 décadas. Como resultado de esta relatoría se presentan dos preguntas, que no necesariamente son excluyentes: ¿tendrá razón la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando afirma que sin libertad de expresión no hay democracia? ¿o simplemente estamos ante un régimen que usa todos los instrumentos del Estado para fines político-electorales, incluyendo el fraude y la represión?