“La risa nos permite aceptar ser parte ilusoria de un todo incomprensible.”

— Jodorowsky

Los poderes de la Unión, ahora bajo el mando que les otorgó el pueblo por conducto de la presidenta y bajo la ejecución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están sometiendo a nuestro país a la creación de normas constitucionales y resoluciones que afectan la vida diaria de los ciudadanos.

Sometidos bajo una —izquierda fascista—, olvidaron lo que tanto odiaron cuando eran estudiantes. Se les olvidó que lucharon contra las arbitrariedades que en sus tiempos imperaban. El pueblo sigue igual de jodido. Más vergüenza debería darles a los ministros de la Corte, porque de Suprema no tiene nada. No es necesario citar casos en específico; basta con informarse en los medios de comunicación. Cuando los huesos empiecen a quebrarse, entonces sabremos el daño que le están haciendo a México y la vergüenza que estamos dando, cuando menos, en Latinoamérica.

El sistema judicial en México enfrenta una crisis profunda y un alto riesgo de colapso, caracterizado por una impunidad generalizada, corrupción, falta de recursos y una creciente inoperancia. Las reformas recientes, la elección de jueces y la saturación de casos han debilitado la impartición de justicia, con más de 1.9 millones de casos acumulados.

Factores clave del colapso del sistema jurídico:

Impunidad y corrupción: La mayoría de los delitos no se resuelven, lo que fomenta la violencia y la desconfianza ciudadana.

Reforma judicial y falta de experiencia: Existe preocupación por la llegada de jueces y magistrados sin la experiencia necesaria, lo que pone en riesgo los derechos fundamentales y la imparcialidad.

Sobrecarga de trabajo: El sistema está saturado con millones de casos, lo que provoca demoras extremas y una justicia lenta.

Interferencia política: Se señala una pérdida de independencia judicial, lo que debilita el Estado de derecho y la justicia constitucional.

Falta de recursos y capacitación: Las fiscalías operan con recursos insuficientes y capacitación deficiente, lo que limita su capacidad de investigación.

Consecuencias del colapso:

Este panorama lleva a una “justicia pendiente”, donde la falta de instituciones efectivas perpetúa la impunidad y la inestabilidad social. La situación ha forzado la intervención de organismos internacionales ante la falta de mecanismos internos confiables.

Encarar los problemas del sistema de justicia puede suponer cinco riesgos:

Reformar lo que no requiere reforma y, a su vez, dejar intacto lo que sí debería cambiar;

Reformar sin considerar que, en algunos casos, es necesario realizar ajustes a procesos completos del sistema de justicia;

Creer que el sistema de justicia se limita a la justicia penal;

Pretender resolver el problema con mano dura;

Creer que las reformas legales bastarán para enfrentar dichos problemas.

En este sentido, el mayor desafío parece hallarse específicamente en el sistema de procuración de justicia en todos los estados de la República. Como lo ha señalado el exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío Díaz, todo indica que la impartición de justicia es, en cambio, más eficaz. En un artículo de 2014, con datos de 2012, el exministro señalaba que, en relación con las personas que fueron puestas a disposición de un juez del fuero federal, el 87.5% fueron procesadas y, de estas, el 92.1% fueron sentenciadas. Es decir, mientras que en la procuración de justicia reina un clima de impunidad, en la impartición de justicia, cuando un asunto llega a manos de un juez, este es implacable.

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015, en promedio los países cuentan con diecisiete jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que en México hay solamente cuatro jueces por cada 100 mil habitantes; en Croacia hay hasta cuarenta y cinco. Lo más interesante es que Croacia es también el país con el índice más bajo de impunidad, lo cual permite establecer una correlación entre la impunidad y el recurso humano disponible para combatirla. De tal manera que la cantidad de ministerios públicos y jueces tiene un impacto directo en la carga de trabajo que, en el caso de México, rebasa las capacidades de atención y seguimiento de los casos. En México, la procuración e impartición de justicia presentan fallas graves; es un abismo que los políticos parecen ver como una “visita al circo”.

Como lo indica el informe Justicia Cotidiana del CIDE, desde los años sesenta se han realizado en Estados Unidos y en Europa estudios empíricos sobre el funcionamiento de la justicia. En México, un estudio pionero fue llevado a cabo entre 1969 y 1970 por el profesor alemán Volkmar Gessner, a propósito de la impartición de justicia en materia de controversias de derecho privado. Desde entonces, Gessner señaló la existencia de “filtros” que impiden el acceso de los ciudadanos mexicanos a la justicia y concluyó que los tribunales tienen un alcance de funcionamiento muy limitado, siendo efectivos principalmente para grupos urbanos de clase media. Así, el 80% de los conflictos identificados en su estudio se resolvían sin que el derecho tuviera una intervención destacable.

El humor es magnífico; los humoristas logran provocar una sonrisa. Entre ellos, Brozo nos muestra que hay pocos ejemplos de políticos que han trascendido y que tenían sentido del humor.

Por eso, los humoristas son considerados peligrosos —o más— por los autoritarios de pensamiento único y por los autoproclamados salvadores de la patria, aunque se enriquezcan con el dinero de los demás, invocando al pueblo como una masa dependiente, sin capacidad de decisión individual.

El humor es un magnífico indicador del desarrollo intelectual, y ciertas expresiones de algunos políticos reflejan degradación ética, liviandad personal y valores trastocados.

¡Se tenía que decir y se dijo! La presidenta Claudia Sheinbaum “alzó la voz” por las risas de abogados y académicos en Harvard ante la elección de jueces, magistrados y ministros.

Salud y larga vida.

Profesor por oposición de la Facultad de Derecho de la UAC.

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