Los agentes mal pagados del MP
Renuncia a Morena... y le echa a Maru la culpa

En la Subsecretaría de Movilidad, de la que depende la Policía Vial del Estado, generó malestar el uso político, al grado de lo ridículo, de la muerte por enfermedad de una agente.
La policía, María Elena Alarcón, falleció el fin de semana, tras 26 años de servicio en la corporación y en la Dirección de Transporte (cuando estaba vinculada a Vialidad). Su trayectoria era reconocida por propios y extraños, más allá de cualquier color en el gobierno.
Pero resulta que el luto por su muerte y despedida fue manchado en redes con uno de los tantos promocionales del titular de la Secretaría, Gilberto Loya. En las cuentas oficiales fueron subidas imágenes del funeral sólo para dar la apariencia de que había estado presente.
En realidad, acudieron a despedir a Alarcón buena parte de sus compañeros, hermanos de la Policía Vial, y mandos como el subsecretario César Komaba, entre otros de la misma SSPE.
Lo irreal de esas imágenes es que aparece también el secretario a un lado de otro ataúd, de algún otro funeral oficial, lo que fue considerado una falta de respeto por doble partida, tanto para la agente que recién perdió la vida como para el que estaba en la foto vieja usada para el montaje.
La diferencia es muy clara, como puede verse en las imágenes que dejamos en GPS versión digital. El verdadero funeral es el del ataúd color café, mientras que el secretario, uniformado como policía, posa con la mano izquierda puesta sobre el ataúd de color gris, correspondiente al de algún otro elemento caído y despedido con honores.
El colmo, dicen en la Policía Vial, es que hasta esa despedida de una hermana de sangre azul se promueva como parte de las “instrucciones” del secretario de Seguridad, pues así maneja la dependencia toda su comunicación cricka, como si todo lo que ocurriera fuera dictado por el titular de la SSPE.
Además de rayar en la grosería, critican, resulta absurda tal necesidad de protagonismo y reflectores, si ya ni siquiera tiene posibilidades de ser candidato, como en algún momento llegó a creerlo.

***

Empezaron agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Zona Centro, y se sumaron algunos más de otras partes del estado, con un movimiento para pedir un aumento salarial y mejores condiciones de trabajo, porque sus ingresos están muy lejos de otros operadores del sistema de justicia penal con los que pueden compararse.
Según sus cálculos, su salario está por debajo de los jueces penales, de los defensores de oficio (no se diga de los particulares) y hasta de los representantes de víctimas en los procesos judiciales, lo que marca una desventaja, la cual se agrava con la cantidad de asuntos que tienen en sus manos y deben llevar a los tribunales.
Además del salario, la compensación garantizada también está por los suelos, porque mientras los juzgadores la traen por encima de los 50 mil pesos y los defensores andan pegándole a los 20 mil mensuales, las de los MP apenas van de los cinco mil a los 10 mil 500 pesos.
Por esa razón solicitaron formalmente un aumento al Gobierno del Estado y, ante una respuesta política y esquiva de la Fiscalía General, demandaron el amparo y ganaron... pero solo para efectos de que la autoridad estatal les dé una respuesta, un sí o un no a su petición, con el debido fundamento que debe contener toda contestación oficial.
Algunos agentes del MP han promovido el amparo como un triunfo jurídico que obliga a la Fiscalía General del Estado a otorgarles un incremento, pero en realidad la resolución de la justicia federal está limitada a que la autoridad responda con detalle esa petición.
No hay necesidad de jugar con medias verdades sobre el amparo, menos entre especialistas en derecho y leyes, sobre todo porque es una realidad palpable que sus ingresos nominales han crecido apenas un 25 por ciento desde 2010 a la fecha, mientras la inflación en el mismo periodo supera el 100 por ciento y el salario mínimo ha subido alrededor de un 400 por ciento.
Los argumentos para pedir mejoras salariales, pues, son muy evidentes, así que no tienen que recurrir a herramientas propagandísticas o políticas para sostener su demanda.

***

Tras 120 días sin ejercer como senador, sin acudir a las reuniones de la Comisión Permanente y mantenerse escondido en Sinaloa, el intocable Enrique Inzunza, señalado como narcopolítico por Estados Unidos junto con Rubén Rocha Moya, anunció su separación de la bancada de Morena para ser independiente.
El legislador ahora exmorenista optó por dejar el partido guinda más no el fuero que ganó con sus siglas, luego del ridículo espectáculo que brindó el fin de semana su exjefe Rocha Moya, quien regresó al cargo de gobernador para volver a pedir licencia 34 horas después, tras el generalizado rechazo popular y político.
En la picota desde la acusación y presionado para solicitar licencia debido a la forma en que mancha y quema las siglas del partido que lo hizo senador, su salida fue la de renunciar al grupo parlamentario, no sin antes escribir una extensa carta llena de argumentos históricos más bien huecos, casi comparándose con Benito Juárez.
Lo más llamativo fue, además del anuncio final de que dejaba la bancada de sus amores, que le echó la culpa a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, de su decisión, de las acciones del poderoso país vecino y de la descomposición que priva en el morenismo de unos meses a la fecha.
Según él, al escándalo de la intromisión extranjera en México con el narcolaboratorio desmantelado en el municipio de Morelos, le siguió la andanada de Estados Unidos contra los actores políticos de Morena, tan castos, blancos y puros que merecen monumentos y no legítimos reclamos sociales por su evidenciada complicidad con el crimen organizado en Sinaloa.
Menciona Inzunza Cázares a Campos Galván una sola vez en su carta, pero dice que desde que él la denunció en tribuna, vino la persecución en su contra.
Pobre hombre, la de Chihuahua movió la maquinaria estadounidense para destruirlo, no fue él con la complicidad de Rocha Moya y otros ocho acusados de pactar con “Los Chapitos” desde las elecciones de 2021.
Sin embargo, no es la referencia a la mandataria panista lo más interesante de su renuncia al grupo guinda, sino la forma en que Morena, el PVEM y el PT han perdido, desbalanceado y desmantelado, ellos mismos, la histórica mayoría calificada que lograron hace ya dos años.

***

La idea del alcalde Marco Bonilla por recuperar espacios emblemáticos y convertirlos nuevamente en puntos de encuentro para la ciudadanía está tomando forma.
La inauguración del Museo de Arte Contemporáneo Águeda Lozano (MACAL) es muestra de ello. Lo que alguna vez fue la Quinta Touché hoy vuelve a tener vida, pero ahora como un espacio dedicado a la promoción, difusión y conservación del arte.
Fueron 30 millones de pesos los destinados a la restauración integral del inmueble, la conservación patrimonial, la rehabilitación arquitectónica y su adecuación museográfica.
Apenas la semana pasada, Bonilla entregó las nuevas instalaciones del Conservatorio de Música de Chihuahua, una obra que representó otros 45 millones de pesos de inversión y que beneficiará directamente a 260 estudiantes.
Dos inmuebles emblemáticos que recuperan espacios que estaban ahí, pero que necesitaban una nueva oportunidad para volver a ser parte activa de la vida de la ciudad.

***

El dardo matutino de inicio de semana lanzado contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al deslizar la idea de una reforma constitucional para prohibir la doble nacionalidad en titulares del Ejecutivo, trasciende la mera dedicatoria a un adversario en el exilio legal.
Late en la iniciativa un ejercicio de pragmatismo puro, para instalar en la mentalidad colectiva la sospecha de la "lealtad dividida", envolviendo la iniciativa en una bandera de soberanía nacionalista con efecto electoral, la especialidad de la casa.
Sin embargo, termina por raspar de manera colateral a aliados incómodos que comparten la misma condición jurídica, como el exgobernador chihuahuense y actual senador oficialista, Javier Corral.
Aunque se argumente que la firma del certificado de renuncia ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) purga cualquier impedimento legal en territorio mexicano, en la arena política real dicho trámite se revela como una simulación constitucional.
Para Washington, esa firma en un papel ante la cancillería mexicana no revoca automáticamente la ciudadanía estadounidense, por lo que la renuncia doméstica opera más como un formulismo que como una desvinculación real del fuero exterior.
Arrincona Palacio Nacional a perfiles opositores señalados por la justicia, pero también envía una advertencia disciplinaria a sus propias filas, porque no sabemos cuántos como Corral están en esa condición, incluso ocupando puestos de alto nivel, como el senador chihuahuense.