No conformes con apropiarse de territorios, pueblos enteros y mantener en jaque importantes ciudades, los grupos criminales ahora utilizan tecnología avanzada para despojar del dinero a particulares y empresas.

Desde finales del siglo XX, la tecnología transformó nuestro modo de vida; hoy, la sociedad digital está profundamente entrelazada con nuestras comunicaciones, finanzas y relaciones personales.

Sin embargo, esta integración ha abierto vulnerabilidades que delincuentes y organizaciones criminales explotan con rapidez alarmante, provocando pérdidas económicas, traumas psicológicos y erosión de la confianza ciudadana.

En México y en muchas partes del mundo la extorsión telefónica y los fraudes cibernéticos han crecido de forma exponencial, aprovechando desde llamadas tradicionales hasta mensajes de texto y plataformas digitales sofisticadas. Lejos de ser simples molestias, estos delitos representan una amenaza estructural a la seguridad individual y colectiva.

En México, datos oficiales revelan patrones significativos: en 2023 la Guardia Nacional atendió 46 mil 859 reportes por incidentes cibernéticos, de los cuales 80% se ingresaron a través de números telefónicos -lo que evidencia que el uso del teléfono sigue siendo el vector predominante para extorsión y engaños- mientras que los correos representaron el 20% restante.

En comparación con 2022, los incidentes aumentaron 92.5%. Entre éstos, las extorsiones pasaron de mil 641 casos en 2022 a 4 mil 114 en 2023; fraudes al comercio electrónico también crecieron a 6 mil 303 casos el mismo año.

Por ejemplo, en Nuevo León, de 19 mil 600 reportes atendidos por la Policía Cibernética en 2023, cinco mil 523 correspondieron a fraudes generales, mientras que mil 643 fueron por extorsión digital y telefónica, una proporción que subraya la predominancia de estas modalidades delictivas.

En el contexto mundial, los números tampoco son menores: el FBI informó que el costo del cibercrimen superó los 16 mil millones de dólares en 2024, siendo los fraudes y extorsiones digitales parte significativa de estas pérdidas, tras recibir cerca de 860 mil denuncias en su centro especializado.

Las estadísticas son sólo el reflejo de un fenómeno mucho más profundo. Las víctimas de extorsión no sólo pierden dinero, sino que muchas veces experimentan miedo, vergüenza o trauma emocional, especialmente cuando los delincuentes recurren a tácticas de amenaza personal o suplantación de identidad.

El subregistro es enorme: en algunos estudios estiman que hasta 96.7% de víctimas de extorsión jamás denuncia formalmente, por miedo o desconfianza en las instituciones.

Además, el fraude cibernético masivo, como el phishing, ha dejado una huella permanente en el tejido social mexicano: más de 13 millones de personas han sido víctimas de estos fraudes en los últimos siete años, con seis millones de casos sólo en 2024 y pérdidas que superan los 20 mil millones de pesos.

¿Por qué estos delitos persisten y crecen? Porque explotan debilidades humanas y técnicas: Ingeniería social, que manipula emociones, confianza y miedo para obtener datos o dinero; call centers clandestinos y números falsos: cientos de números telefónicos son usados para intimidar o engañar, incluso desde el extranjero.

Ingeniería digital avanzada: el uso de deepfakes, suplantación de identidad en redes sociales y correos electrónicos falsos refinados hace que la distinción entre lo real y lo fraudulento sea cada vez más difusa.

Estos factores convierten al usuario promedio en un objetivo permanente, y exigen no sólo estrategias técnicas sino también educativas para fortalecer la ciberconciencia social.

La extorsión telefónica y los fraudes cibernéticos no son sólo delitos aislados; son síntomas de fragilidades más profundas en la infraestructura social, educativa y de seguridad digital.

Su crecimiento amenaza la confianza pública, deteriora la seguridad económica y socava la sensación de bienestar en las comunidades. Combatir estos delitos requiere una respuesta integral: mejores herramientas tecnológicas, cooperación internacional en inteligencia, políticas públicas educativas en seguridad digital, y una sociedad más consciente de sus derechos y riesgos en el entorno digital.

La Policía Cibernética del estado de Chihuahua ha sido punta de lanza en el combate a este delito, con unidades de inteligencia en la Fiscalía General del Estado que, hasta el año pasado, había logrado desarticular algunas células importantes que operaban desde otras entidades.

Pero, lo más importante, es la forma en que debe involucrarse la sociedad en general para prevenir estos crímenes que ya empiezan a preocupar a los gobiernos de todo el mundo. Al tiempo.

Fuentes: INEGI, Milenio, Reuters, El País