Puros triunfos de Duarte... y seguirá preso
Carecen empresarios de entusiasmo para invertir
Incertidumbre por el nuevo acuerdo del pago de agua
La detención de Ever José González Bournes, alias “El Águila” y “Pepe Águila”, no es una buena noticia, al menos para los conocedores de los entretelones de la narcoguerra en la sierra de Chihuahua y de sus vinculaciones políticas regionales.
Según el escueto reporte de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “El Águila” fue capturado al comenzar este mes de febrero por autoridades federales y estatales mientras viajaba en una camioneta blindada en una carretera cercana a Torreón, Coahuila.
El sujeto usó un nombre falso para tratar de ocultar su identidad -por eso no aparece en el Registro Nacional de Detenciones- pero dicen que alguno de sus tres acompañantes también detenidos, los hermanos Jesús Adán y Aylin Andrea Cruz Alveláis e Isabel Guadalupe Perla Trujillo, pudieron haber soltado el dato por alguna instrucción recibida desde los límites de Chihuahua y Sonora, donde tiene su asiento el grupo de “Los Bournes”, conocidos por ser parte de “La Línea”.
Ese es un detalle por el que nadie debería festejar la caída de “El Águila”. Por un lado, sigue libre su hermano, también cabeza de la organización, Víctor Noé González Bournes, conocido como “El 500”; por otro, podría haber una reconformación del grupo, proceso que inevitablemente eleva los niveles de violencia.
Otro factor, que no le resta mérito a la detención, pero tampoco es para cantar victoria, es que Ever José jamás enfrentó causa penal alguna en Chihuahua, a pesar de que dos hechos de enorme gravedad le fueron achacados por las autoridades.
Además de la masacre de la familia LeBaron de 2019 en la entonces brecha entre Bavispe y los límites del estado, “El Águila” aparece señalado en diversos informes como presunto responsable de ordenar un incendio forestal que consumió 800 hectáreas y mató a dos personas, en marzo del año pasado; y de encabezar la emboscada contra policías estatales en octubre de 2025, ambos casos en Moris.
A eso hay que sumarle laboratorios en operación en aquel rincón de la entidad, ataques con drones en la cabecera municipal, despojos de tierras, robo de minas y hasta la extorsión o hurto de los programas sociales federales destinados a la gente más desprotegida.
Si faltara algo, la red narcopolítica en Moris sigue intacta: el alcalde morenista, Lotabel Rivera Martínez, se mantiene bajo la sombra de su antecesora priista, Perla Gacela López, cuyo esposo Diego C.P fue detenido como segundo al mando de “Los Bournes” en esa región, tras el ataque contra los agentes de la Policía Estatal.
Así pues, no es que sean demasiado pesimistas quienes conocen las respectivas alianzas de “La Línea” y el Cártel de Sinaloa con los diversos grupos regionales, sino que, en realidad, el golpe contra “El Águila” es apenas relevante en este contexto.
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La nueva suspensión dictada a favor del exgobernador César Duarte, preso en el Cefereso del Altiplano desde hace casi dos meses, está muy lejos de acercarlo a su libertad, de acuerdo con la apreciación de los penalistas que conocen del caso, pero no están cerca de la defensa ni de chiste.
En la determinación más reciente, un juez federal le dio la suspensión definitiva en el juicio de amparo contra la vinculación a proceso que le recetó otro juzgador ante la acusación de lavado de dinero sostenida por la Fiscalía General de la República.
Pero eso únicamente detiene el proceso en lo que es revisado el amparo. Es una pausa que impide sea llevado a juicio Duarte Jáquez, no elimina las acusaciones ni lo absuelve, por el contrario, lo mantiene en prisión.
Ahora bien, el juicio de amparo, en el mejor de los escenarios, si la justicia federal falla a favor del exmandatario, sería anulada la vinculación a proceso, pero sería mantenido en prisión en lo que la FGR refuerza la imputación; en el peor de los casos, si no es amparado, vuelve a reactivarse el procedimiento y sería llevado a juicio.
Así, este amparo no tiene por donde ser considerado un triunfo, aunque así quieran verlo o publicitarlo sus defensores, quienes, hasta donde se sabe, ni siquiera han podido verlo personalmente en estas semanas que ha estado preso en el penal ubicado hasta Almoloya de Juárez, Estado de México.
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En enero de 2026 la confianza empresarial en México sigue floja. El indicador general (IGOEC) se ubicó en 48 puntos, por debajo del nivel de 50 que separa el optimismo del pesimismo. No sólo eso: ya son 11 meses seguidos en terreno negativo y, frente a enero del año pasado, la confianza cayó 3.4 puntos.
Traducido: los empresarios hoy ven el panorama peor que hace un año y no encuentran razones para entusiasmarse.
El caso más claro es la construcción, un sector que suele anticipar lo que viene en la economía real. Su índice de confianza está en 45.5 puntos y lleva 17 meses seguidos en zona de pesimismo.
El dato más brutal es el de “momento adecuado para invertir”: apenas 21.7 puntos. Eso no es duda, es freno de mano bien jalado. Cuando invertir se percibe así de mal, las obras se posponen, el empleo se enfría y el crecimiento se retrasa.
Hay, eso sí, una contradicción interesante: cuando se pregunta por el futuro, las respuestas mejoran. La situación económica futura del país marca 51.8 puntos y la futura de las empresas 58.9.
Pero el presente manda: la situación actual de las empresas está en 49.4 puntos y la del país en 46.2. En pocas palabras, el empresariado dice “algún día puede mejorar, pero hoy no”. Y mientras el hoy no cambie, la inversión —y con ella la economía— seguirá caminando con paso corto.
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El año pasado, el alcalde Marco Bonilla durante una atención a medios, mencionó que el IMPAS estaba gestionando contar con un número corto y fácil de memorizar para atender las llamadas de la Línea de Atención a Crisis que mantiene activa el municipio para atender situaciones de suicidio o de problemas psicológicos.
Ayer finalmente el mismo edil anunció el inicio de operaciones de este número *800, que si bien la iniciativa es local, sabemos que lo que ocurre en Chihuahua pronto lo adoptan otras ciudades, porque justo lo novedoso es lo corto de marcar y fácil de memorizar, igual que número de emergencia 911, el 072 del Municipio, el 071 de la CFE o 073 de la Junta de Aguas.
Con esta iniciativa para atender esta problemática que se ha convertido en un problema de salud pública, la administración de Bonilla refuerza esta campaña de salud mental que inició desde el 2021 y que lamentablemente a afectado a familias de todas las clases sociales.
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Hay demasiadas dudas y muy poca claridad sobre el acuerdo entre México y el Estados Unidos para el pago de agua a la nación vecina, en un asunto que le atañe directamente a los agricultores chihuahuenses, sobre todo de la región centro-sur.
Ocurre particularmente así por el entusiasmo con que se abordó en el gobierno norteamericano y una mayor sobriedad, por no decir timidez, de este lado.
De acuerdo a la versión oficial, México acordó suministrar a Estados Unidos un mínimo de 350 mil acres pies de agua al año, equivalentes a unos 432 millones de metros cúbicos, de la cuenca del Río Bravo.
El acuerdo incluye un plan detallado para liquidar la deuda hídrica acumulada en el ciclo anterior y un mecanismo de coordinación mensual para evitar futuros déficits.
Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio, calificó el acuerdo como “una victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses” y agradeció los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum para que México cumpla con sus responsabilidades del Tratado de 1944.
Por su parte, en el comunicado de la Secretaria de Relaciones Exteriores, emitido en conjunto con la Secretaria de Agricultura y la Conagua, se reconoce que se trata de una ruta de trabajo en un contexto de sequía extrema en la región fronteriza.
El plan fija lineamientos claros para la gestión del recurso hídrico en la cuenca del río Bravo mediante los mecanismos previstos en el propio tratado binacional y es resultado
de “un trabajo técnico y político sostenido” entre ambos gobiernos, con “pleno respeto a la soberanía de ambos países”.
Sólo falta que ahora Trump revele que fue otra concesión que le pidió a la presidenta Sheinbaum en la llamada del 29 de enero, habida cuenta que con anterior ya había amagado con imponer aranceles si no se paga la famosa deuda.
