Carga con sus hijos el peso de 13 causas penales

Bloqueo al consenso en Derechos Humanos

Chalecos azules aquí...y en Juárez, con Bonilla

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", generó una psicosis colectiva en ciudades enteras de Jalisco y otros estados vecinos. No fue para menos, fue la caída del hombre que convirtió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una maquinaria de expansión violenta con capacidad para desafiar al Estado mexicano a plena luz del día.

Conviene recordar un episodio que retrata su perfil. El 26 de junio de 2020, en una de las avenidas más vigiladas de la capital del país, un comando armado atacó con fusiles Barrett y granadas al entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la CdMx, Omar García Harfuch, lo que dejó tres escoltas muertos.

Harfuch sobrevivió y horas después acreditó al CJNG el atentado del que salió ileso; cinco años y medio después, ayer, ajustó esa y otras cuentas con "El Mencho", abatido con varios de sus pistoleros.

Ese atentado no fue un acto aislado, sino parte de una cadena de retos, desafíos y agresiones contra las áreas de seguridad en todos sus niveles, a las que, si no tenía compradas de su lado, las tenía sometidas con su poder de fuego.

Hoy, García Harfuch ocupa la Secretaría de Seguridad Federal y el hombre al que señaló como responsable de intentar eliminarlo está muerto. El círculo se cerró, pero el tablero criminal que involucra en este caso tensiones geopolíticas y de seguridad también se movió.

Sería muy ingenuo pensar que este golpe fue sólo producto de la voluntad interna de México y de la administración de Sheinbaum.

Durante años, Washington -Seguridad Nacional, el Tesoro, el Departamento de Estado y hasta el Pentágono- colocó a "El Mencho" entre sus objetivos. Ofrecía una recompensa millonaria y elevó el discurso del combate al fentanilo a categoría de emergencia nacional, desde la llegada de Donald Trump por segunda vez a la Casa Blanca.

La crisis de sobredosis en el país vecino convirtió al CJNG en problema doméstico de EU; lo hizo también asunto electoral y tema central en conversaciones diplomáticas recientes, al grado de que, según algunas versiones, la cabeza de "El Mencho" fue solicitada como condición indispensable para moderar el discurso sobre una posible incursión militar en México y dejar de insinuar que la 4T era un narcogobierno o que Sheinbaum tenía miedo de enfrentar a los cárteles.

Así, para dar el golpe, EU no solo presionó políticamente, también aportó inteligencia financiera, tecnología, seguimiento de rutas químicas y coordinación operativa; ejecutó la autoridad mexicana, pero el contexto estratégico fue binacional.

No es casual, desde luego, que el trancazo llega en un momento donde la agenda de seguridad vuelve a ocupar el centro del debate político de EU.

Ahora bien, el vacío que deja un liderazgo vertical como el de Oseguera es el siguiente reto a enfrentar por Harfuch y las corporaciones de ambos países.

La historia de los cárteles mexicanos nos dice que puede venir una sucesión ordenada y estructurada, poco probable; una fragmentación de la organización, muy posiblemente; o una intensa pelea externa por los territorios, también muy factible. Un escenario de esos tres o algunos elementos de cada supuesto, en un cóctel más explosivo que todas las drogas juntas del cártel.

Cuando cayó otro jefe criminal, también legendario y tampoco simbólico, Joaquín "El Chapo" Guzmán, el Cártel de Sinaloa no desapareció, pero se dividió violentamente, así que hay antecedentes de lo que puede venir desde el Pacífico hacia el Norte, el Golfo y Bajío.

Si bien Chihuahua parece lejos de la dinámica criminal occidental, la realidad es que los estados fronterizos con EU no son meros observadores, sino piezas importantes del tablero político del crimen organizado.

La fragmentación del CJNG, que ha tenido eventuales alianzas e incluso incursiones coyunturales en regiones de la entidad, podría tener repercusiones violentas en la eterna batalla de los grupos delincuenciales por ocupar rutas, fortalecer alianzas o ganar espacios logísticos.

Eso no necesariamente significa guerra abierta inmediata, pero pueden venir ajustes de cuentas, incremento selectivo de homicidios, reacomodos silenciosos en municipios serranos y mayor presión en cruces fronterizos. Y en este último punto entra de nuevo Estados Unidos a la ecuación.

Si la inteligencia compartida permitió el golpe, también puede servir para la obligada tarea de contener las reacciones más nocivas, a las que deberán estar atentas todas las corporaciones de seguridad de ambos países si, como es lo más lógico, el abatimiento de "El Mencho" no era el fin de la estrategia binacional de seguridad, sino solo una parte de la misma.

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En más de 100 juicios de amparo, relacionados a 13 procesos penales que tiene junto con dos hijos en algunos casos, aparece el nombre del exauditor superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, fiel escudero del exgobernador Duarte, ahora huésped del Cefereso del Altiplano.

Las causas penales en contra, todas por peculado agravado, refieren hechos de 2012, 2013, 2014 y 2016, por presunta simulación de prestación de servicios profesionales pagados y no realizados; compra de facturas y hasta meterle la mano al cajón directamente para pagarse vacaciones fuera de Chihuahua. El cinismo ramplón, uno de sus sellos.

En dos procesos aparecen embarrados también sus hijos, Ileana Guadalupe y Ricardo Esparza Gámez, ambos vinculados a una facturera, Baupre Networks, la cual habría dispersado dinero público a otras dos simuladoras de actividades económicas, Smartbuilding y Kabi Globalmarck, tras cobrar una comisión.

Esto arroja una somera revisión a la enorme cantidad de causas penales que el exauditor Esparza (Es-Tranza, le dicen algunos abogados) mantiene frenadas mediante una también enorme cantidad de juicios de garantías, que no lo han salvado de fondo dada la complejidad de las acusaciones.

En ese contexto, cómo no iba a festejar uno de sus abogados, Irving Anchondo, haber ganado un amparo para que la Fiscalía General del Estado reabra un asunto por el que ya había decretado el no ejercicio de la acción penal, luego de tres años de no tener avance en las investigaciones.

Anchondo, dicen, le ha vendido a Esparza la idea de que es un gran triunfo en tribunales la reapertura del caso contra el exconsejero jurídico estatal, Maclovio Murillo, a quien acusó de intentar extorsionarlo, a través del abogado Carlos Emmanuel “Meño” Aguirre, primer defensor o representante del exauditor cuando fue acusado.

Aguirre le cobró dos millones a Esparza por representarlo y, según el muchas veces imputado, le pedía más dinero para pagarle a Murillo Chávez con el fin de que cerrara las carpetas de investigación en su contra.

El problema es que el consejero jurídico no manejaba las carpetas, era la Fiscalía del Estado, en tiempos de César Augusto Peniche.

De ahí, Esparza denunció supuesta sociedad o complicidad entre el entonces funcionario y su primer defensor, pero no hay registro alguno que ligue a ambos abogados y durante tres años, a partir de la querella inicial, no aportó evidencia alguna para sustentarla.

Tal vez eso explica que un escuálido triunfo en un mar de derrotas jurídicas se haya maximizado y publicitado como si fuera una sentencia trascendental. Pero tal vez, también, Esparza o Anchondo traen un poco confundidas las prioridades de los múltiples litigios que tienen encima.

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Otra vez las posiciones irreductibles de Morena y el PAN en el Congreso del Estado mantienen bloqueado cualquier consenso para designar a la nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que debe llegar al relevo del actual encargado de la institución, Alejandro Carrasco.

La terna seleccionada por la Junta de Coordinación Política, integrada por Ada Miriam Aguilera Mercado, Flor Alejandra Corral Requejo y Fryda Libertad Licano Ramírez, no tiene un solo cuestionamiento encima. El perfil de las tres es ideal para el cargo, más allá de cercanías políticas o filias que puedan tener.

Pero el coordinador de la bancada del PAN, Alfredo Chávez, busca que haya un consenso previo para la hora de emitir la votación, con el fin de que salga una designación unánime o con el más amplio respaldo de las fuerzas políticas, con lo que se evitaría otro teatrito como la última vez que intentaron designar al titular de la CEDH.

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Llamó la atención el ejército de chalecos azules que invadió diferentes cruceros de la ciudad para repartir periódicos con volantes del informe de la gobernadora, Maru Campos, algo que ocurre cada año.

Sin embargo, esta vez también participaron los panistas que colaboran en el municipio y el estado.

El sábado, el alcalde, Marco Bonilla, apoyó en la repartición de periódicos pero en Ciudad Juárez y lo mostró con un posteo que subió a sus redes sociales al lado de la gobernadora.

El mensaje que acompañó a la imagen, Bonilla resalta que caminó junto a grandes aliados y amigos, y habla de un panismo unido.

Si bien a varios personajes les late el corazoncito rumbo al 2027, anteponen al partido y el bien común antes que sus intereses.