El miércoles 25 de febrero de 2026 fue presentada finalmente la tan anunciada y polémica iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Resultó polémica porque se planteaba la posibilidad de eliminar a los llamados plurinominales, esos legisladores que llegan al Congreso sin hacer campaña y sin ser elegidos directamente por la ciudadanía.
Finalmente, no se eliminaron los plurinominales —al menos no los 200 de la Cámara de Diputados—, aunque sí en la Cámara de Senadores, donde se suprimen los 32 que eran designados exclusivamente por las cúpulas partidistas sin intervención ciudadana. No obstante, se introdujo una modificación en la integración de los nuevos plurinominales que garantiza la participación ciudadana, algo que no ha gustado a las cúpulas de los partidos, pues se les quitó la facultad de designarse y designar a sus allegados, muchos de los cuales han sido plurinominales durante toda su carrera, brincando de una cámara a otra.
Otro tema polémico que la iniciativa tampoco aborda —y que generaba mayor oposición— es la eliminación de los llamados OPLES (Organismos Públicos Locales Electorales), es decir, los institutos electorales de las entidades federativas, aunque sí se reduce significativamente su presupuesto en un 25 por ciento.
Por ello, en el presente artículo revisamos lo más relevante de dicha iniciativa, considerada la reforma electoral más importante de la década junto con la reforma judicial, pues implica cambios relevantes en la integración del sistema político mexicano.
En primer lugar, se analiza el cambio en la integración de los diputados plurinominales. A diferencia de cómo está establecido actualmente —500 diputados federales, de los cuales 300 son de elección directa y 200 plurinominales sin intervención ciudadana—, ahora la integración de los 200 diputados plurinominales no se hará con base en listas elaboradas por los partidos para beneficio de sus cúpulas y allegados, práctica que ha propiciado una casta de legisladores que brincan de una cámara a otra y de la federación a una entidad federativa y viceversa.
Ahora serán 97 diputados plurinominales que corresponderán a los mejores perdedores de cada partido político —lo que garantiza pluralidad y representación de fuerzas que no ganaron pero obtuvieron alta votación—, 95 que serán votados por la ciudadanía en las circunscripciones electorales del país garantizando la paridad de género, y 8 elegidos por mexicanos en el extranjero. Esto representa un cambio significativo, pues se otorga a la ciudadanía el poder de decidir sobre todos los legisladores y se reduce la discrecionalidad de los partidos políticos.
De igual forma, se plantea la reducción del costo de las elecciones en un 25 por ciento, disminuyendo en ese porcentaje los presupuestos del Instituto Nacional Electoral, de los institutos estatales electorales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales estatales electorales, así como el financiamiento a los partidos políticos. Lo anterior se justifica por el elevado gasto en estos órganos, ya que la última elección tuvo un costo de 61 mil millones de pesos: 36 mil millones a nivel nacional y 25 mil millones correspondientes a institutos locales.
Otras medidas incluyen la incorporación nacional de mecanismos de democracia participativa como referéndum, plebiscito y revocación de mandato, que ahora podrán aplicarse a gobernadores y presidentes municipales —en aquellos estados donde no existen; en Chihuahua ya se contemplan—.
Una de las medidas más relevantes es la reducción del número de regidores en todos los municipios del país, estableciendo un tope máximo de 15. Asimismo, se eliminan los 32 senadores plurinominales —designados por los partidos—, quedando la Cámara de Senadores integrada por 96 legisladores en lugar de los 128 actuales. Con esta nueva integración se ahorrarían miles de millones de pesos al año.
También se reducen los sueldos de quienes perciben ingresos superiores al de la Presidenta de la República, fijando su salario como el tope máximo para altos directivos de institutos y tribunales electorales.
Se prohíbe el nepotismo en todo el país para impedir que familiares directos, cónyuges o parejas sucedan en el cargo a los gobernantes, prohibición que aplicaría desde las candidaturas. Asimismo, se elimina la reelección inmediata de todos los cargos de elección popular, con el objetivo de erradicar cacicazgos y dinastías políticas en estados y municipios.
Además, se reducen los tiempos de radio y televisión durante los periodos electorales, pasando de 48 a 35 minutos diarios por emisora. Se prohíbe el uso de bots por parte de candidatos y partidos en campañas electorales, y se incorpora la inteligencia artificial en la fiscalización del gasto de campaña, estableciendo la prohibición del uso de dinero en efectivo.
Finalmente, uno de los puntos que más debate generará es la eliminación del PREP o conteo rápido, ya que el cómputo iniciaría hasta el término de la jornada electoral.
En el siguiente artículo se abordarán las consideraciones personales, así como los pros y contras de esta reforma electoral, que en algunos puntos suena ventajosa y bien recibida por la ciudadanía, y en otros resulta compleja y polémica. Como siempre, la mejor opinión será la de usted, que tiene la amabilidad de leerme.
