El viernes 2 de enero fueron vinculados a proceso un agente y un exagente de la Guardia Nacional acusados de homicidio, pero no son los únicos casos de excesos, descontrol y desatino en los que ha incurrido la corporación en Chihuahua. Sus antecedentes son, si se puede, todavía más tristes que eso.
El recuento crítico y análisis del saldo que deja en el estado no deja bien parada a la sucesora de la funesta Policía Federal creada durante el calderonismo. Si bien es cierto que es reconocida por su apoyo a las autoridades estatales y municipales, es evidente que le faltan controles.
A más de cinco años de su creación, está dicha corporación en una encrucijada donde la narrativa oficial de disciplina y servicio choca brutalmente con un historial delictivo que crece a la par de su despliegue territorial. El estado ha sido uno de sus principales teatros de operaciones donde el saldo no es positivo.
Lo que nació en 2019 como una promesa de paz bajo tutela militar se ha transformado, en demasiados casos, en un cuerpo marcado por la opacidad, la ineficiencia y, lo más grave, la infiltración criminal, un fenómeno persistente en todas las corporaciones, lo que no lo convierte en algo aceptable, normal o tolerable.
La institución joven que debe ser guiada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para heredar valores de lealtad y honestidad, da al traste con ello en el choque con la realidad a nivel de calle, donde el grito silencioso habla de una historia de abusos y complicidades que no pueden ignorarse.

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La Guardia Nacional no nació de la noche a la mañana, sino que es producto de un proceso de militarización y centralización federal, en los últimos cuatro periodos presidenciales.
Debe analizarse la GN como parte toral de la transición de la seguridad pública en una trayectoria de consolidación militar que comenzó como una medida de emergencia y ha culminado en un cambio estructural permanente.
Con Felipe Calderón inició la denominada "Guerra contra el Narcotráfico", caracterizada por un combate frontal contra los grupos del crimen organizado utilizando la fuerza militar.
Durante dicho periodo, se intentó regular el despliegue de la Fuerza Armada Permanente mediante una Ley de Seguridad Nacional que no logró ser aprobada, pero sentó el precedente del uso del Ejército en tareas de seguridad no contempladas en la Constitución, lo que derivó en un incremento de la violencia, los homicidios y las desapariciones.
Con Enrique Peña Nieto, hubo continuidad al modelo anterior, manteniendo a las Fuerzas Armadas como el eje principal de combate a la delincuencia, centrando la estrategia en la captura de líderes criminales bajo una lógica militar.
Fue autorizado un marco legal para justificar la presencia permanente de las tropas en las calles a través de la Ley de Seguridad Interior, pero más tardó en tener vigencia que en ser declarada inconstitucional por la Corte.
En el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador fue disuelta la Policía Federal para dar paso a la Guardia Nacional (GN), definida en ley como institución civil, pero en la práctica operó con mando, formación y despliegue militar.
La administración lopezobradorista culminó con una reforma constitucional para adscribirla formalmente a la Sedena, profundizando la militarización del país con narrativa centrada en la atención a las causas sociales. Con Claudia Sheinbaum el modelo entró en fase de consolidación, con un Estado mexicano que ha renunciado a poseer una fuerza de seguridad nacional de carácter civil, dejando a la GN con estructura militar sin los controles civiles previos.
Hoy, la GN es una comandancia de la Defensa, de las tres que tiene; las otras dos son la del Ejército, también a cargo de la seguridad pública y otras amenazas contra el territorio); y la de la Fuerza Aérea. Del modelo centralizador en la Sedena se ha escapado la Marina Armada, que es una secretaría aparte, por razones de política militar.

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El historial de la corporación en Chihuahua es alarmante y trasciende los errores aislados. Uno de los hechos más graves y recientes ocurrió en diciembre de 2025 en el fraccionamiento Riberas del Sacramento, donde el oficial en activo Eduardo Miguel M. C. y el desertor Jesús Eduardo M. fueron detenidos por el homicidio agravado de Adrián Muñoz Morales.
Según las investigaciones, los agentes habrían confundido a la víctima con su objetivo original, disparando siete casquillos calibre 9 mm antes de huir en una camioneta Jeep negra. En el colmo del descaro, uno de ellos, el activo, huyó usando un DiDi.
Por este asunto fueron vinculados a proceso ambos personajes, por lo que habrán de enfrentar juicio para pagar por el crimen cometido, que más allá de lo terrible del homicidio y la ironía de la equivocación, habla de una colusión a nivel sicariato, que corroe la corporación.
Este caso no es un evento único de "malos elementos", como ha intentado calificarse. Es cierto que dos elementos no definen a un grupo policial, pero son tantos los hechos de abusos y crímenes, que dejan claro que la infiltración del crimen organizado dentro de la GN es un hecho ineludible, por más que quiera ocultarse.
En enero de 2025, tras un ataque en Villa Matamoros, fueron detenidos exintegrantes de la GN (Daniel Iván G.T. y Francisco Guerrero G.C.) que operaban como sicarios para el Cártel de Sinaloa bajo las órdenes de "El Pana", participando activamente con el grupo criminal "Gente Nueva".
Antes, en enero de 2023, en la región de Jiménez, elementos de la GN dispararon contra un vehículo Fiat donde viajaban dos jóvenes, Luis Fernando y Mauro Miguel, tras una persecución por no detenerse en un retén. De los 11 elementos procesados, tres fueron vinculados por homicidio y el resto por alterar la escena del crimen.
En mayo de 2022, un oficial identificado como Octavio B. V. fue vinculado a proceso por violar a una mujer dentro de las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Juárez.
Antes en 2020, fue la muerte de Jéssica Silva, en la llamada guerra del agua de la presa La Boquilla, un episodio de los más graves en la historia política de entidad, gestionado de la peor forma por los gobiernos de López Obrador y Javier Corral, en aquel entonces panista.
Frente a esta ineludible realidad, la corporación ha mostrado una faceta de opacidad institucional preocupante, hasta en casos no graves.
Hace unos días, en diciembre de 2025, una patrulla de la GN derribó la estructura de un semáforo en el cruce de la avenida Heroico Colegio Militar y la calle Del Ángel.
La corporación, presuntamente ayudada por la Policía Vial, ocultó lo ocurrido, manejando el caso como confidencial.
Innecesaria opacidad, en caso nimio, qué harán en asuntos verdaderamente graves, más allá de un semáforo tumbado.

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Pese a que la presencia de la GN en Chihuahua aumentó un 62.4 por ciento entre 2019 y 2024, llegando a tres mil 289 elementos, su efectividad no camina en paralelo, porque de acuerdo a un informe de la Universidad Iberoamericana, mientras un policía estatal preventivo realiza 1.6 detenciones anuales, un elemento de la GN apenas logra 0.071 arrestos por año.
Más indignante resulta el uso de recursos en zonas críticas. En septiembre de 2025, mientras Guadalupe y Calvo sufría una ola de violencia por enfrentamientos entre "La Línea" y “Los Salgueiro", se videograbó a la alcaldesa Ana Laura González escoltada por tres de las únicas cuatro patrullas disponibles en el pueblo para realizar un recorrido recreativo en cuatrimotos.
Parece que hay esfuerzo en deteriorar aún más la imagen de la corporación. Si la tendencia actual persiste, el panorama para 2026 y años posteriores es sombrío.
La integración formal de la GN a la Defensa, con la creación de ocho regiones territoriales propias -incluyendo la Región Noreste con sede en Coahuila que abarca a Chihuahua-, la militarización permanente, exige medidas remediales.
Resultan indispensables mecanismos de control externos y una depuración real, para evitar la erosión total de la confianza ciudadana, y aumento de la criminalidad interna, donde la deserción hacia grupos delictivos podría continuar si la GN sigue funcionando como una especie de "escuela" de tácticas para futuros sicarios.
El grave riesgo es la institucionalización de la impunidad; el rosario de caso expuestos es evidencia, por más que puedan reconocerse sus contribuciones, reales o supuestas, a los cuerpos de seguridad locales.