-Promete Daniela llenar todas las casillas

-Bonilla lidera Parral, Santa... el sur

-Más extradiciones y mayor polémica

Con cargo al erario, por supuesto, dos desesperadas funcionarias de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) traen una intensa promoción de sus actividades públicas, en medio de las versiones de supuestos cambios en la dependencia al mando de Gilberto Loya.

Ambas, dicen los reportes internos que circulan entre directores y subsecretarios, andan más adelantadas que aspirantes en campañas, al grado de que en sus promocionales incluyen sus nombres con los logotipos y lemas oficiales.

Por un lado, Rosa Isela Gaytán, subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, coordina un noble programa que lleva ayuda a la gente de todo el estado, pero lo aprovecha para hacerlo como si fuera algo personal, salido de su bolsa, cuando personal, equipo y apoyos son costeados con recursos públicos.

A algo aspira la subsecretaria de origen tricolor a la que menos trabajo operativo le toca de todas las divisiones de la SSPE, de ahí la necesidad de poner por delante el lucimiento personal.

Tal vez eso caló hondo en la abogada Sarahí Lucio, titular del área de Justicia Cívica, quien siguió el ejemplo que le pone la subsecretaria y otros que promueven su imagen en la SSPE en vez de ponerse a trabajar.

Lucio no lo hace con recursos públicos, sino con las donaciones obligadas que deben hacer los automovilistas sancionados por manejar en estado de ebriedad, con el fin de pagar su falta.

Recientemente, con el pretexto del Día de Reyes, difundió sus actividades en redes más como algo personal que institucional, al llevar esos regalos a gente de escasos recursos.

Sería plausible la labor de Justicia Cívica en las colonias si no estuvieran abandonadas y sin utilizar las modernas salas de juicio en las instalaciones de la Policía Vial, a las que fueron destinadas varios miles de pesos del presupuesto y todavía no han sido echadas a andar para agilizar las labores de la dependencia.

Esos dos casos vienen a sumarle inestabilidad a la SSPE, donde otro subsecretario, César Komaba, de Movilidad (a cargo de la Policía Vial, principalmente), está entre que se va y no se va a atender su otra labor de dirigente del PAN Municipal en la capital.

Posiblemente estas son las consecuencias políticas y administrativas de borrar esa delgada línea entre responsabilidad pública y un delito electoral, algo que en la SSPE ha quedado evidenciado de la cabeza hasta los pies.

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La presidenta del PAN Estatal, Daniela Álvarez, encabezó en la capital el pasado sábado la primera reunión de su estructura en el estado, con lo que se estrenaron los dirigentes municipales del albiazul apenas electos o designados a finales del año pasado.

La jefa de Acción Nacional fue dura con su mensaje, especialmente contra el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, en el encuentro realizado en el salón Sunion, del hotel Mirador el pasado sábado.

Pero más allá de las expresiones bélicas que hizo -entre las cuales anunció nuevas denuncias que habrá de presentar el PAN este martes-, Álvarez anticipó que el partido ahora sí estará preparado para cuidar la elección de 2027, con representantes en todas las casillas.

Para los panistas, esa determinación de la dirigente estatal es la que esperan por fin, dado que las últimas elecciones el blanquiazul ha descuidado esa labor tan básica, que no solo refleja debilidad partidista, sino irresponsabilidad en el cuidado del voto.

Según el reporte de los asistentes -entre los que estuvieron los polémicos líderes del PAN Municipal de Juárez y Chihuahua, Ulises Pacheco y César Komaba-, la juarense al mando hizo compromisos esperanzadores, con una visión responsable y factible, más allá de los discursos espectaculares.

Todos, no solo ella, deberán trabajar en regenerar y ampliar su estructura para cubrir todas las casillas electorales en el proceso del año próximo.

Centrar las expectativas en elegir buenos candidatos sería un suicidio si no existe una maquinaria que los cobije y apoye con realidades, no sólo con mensajes de unidad y palabras bonitas.

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El pasado viernes y sábado, Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua, anduvo al sur del estado, Parral, para encabezar los trabajos de la Asamblea Regional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.

Ese fue un evento oficial que sirvió como detonante para una intensa gira que no paró con la Asamblea y conferencias que ahí se dieron.

Las pláticas fueron bien recibidas y sirvieron para presumir algunos logros del DIF municipal de Chihuahua encabezado por Karina Olivas, esposa de Bonilla.

Posteriormente, Bonilla aprovechó para sostener algunas entrevistas con medios de comunicación, reuniones con empresarios, estructuras de partidos políticos, diferentes simpatizantes, e incluso ser el padrino del arranque de la temporada estatal de basquetbol en Parral y el sábado en Chihuahua.

En ese marco destacó una reunión de la que damos cuenta en una fotografía en GPS digital, que destaca una comida que reunió a los alcaldes Raúl Ulloa, de Santa Bárbara; Enrique Peña (Churrique), de Matamoros; Leo López, de Coronado y el anfitrión Chava Calderón, de Parral.

En esa reunión pocos fueron testigos pero nos cuentan que los cuatro alcaldes cerraron filas en torno al liderazgo de Marco Bonilla.

Comprometieron su apoyo para los proyectos futuros. Marco agradeció el respaldo, habló de la necesidad de trabajar ya en estructuras y equipo de apoyo.

El encuentro concluyó con el compromiso de seguir creciendo los apoyos y adhesiones en la región y convertirse en un bastión frente a la maquinaria oficial federal.

Es de suponerse que estas reuniones y sumas continuarán. Lo interesante aquí será saber quiénes son las y los siguiente alcaldes en sumarse con Bonilla.

Esperemos Calderón siga la línea vertical y no regrese a los tumbos de principios de administración.

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En medio de las amenazas de Donald Trump de ir por tierra contra los cárteles de las drogas, y de la insistencia de la presidenta Sheinbaum de que se trata de cooperación y no de subordinación, el viernes 23 ambos gobiernos acordaron agilizar la entrega de narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos y combatir la crisis del fentanilo.

En un comunicado del sábado, el Departamento de Estados Unidos anunció que representantes de seis agencias estadounidenses y sus contrapartes mexicanas celebraron en Washington la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG) y acordaron acelerar “las extradiciones y transferencias de objetivos de alto valor” junto con acciones para frenar el tráfico de armas y el uso ilícito de drones.

Con ese acuerdo binacional cerró una intensa semana, con la entrega de 37 capos a Estados Unidos, para sumar 92 en la actual administración y que la presidenta Sheinbaum insistió en que se trató de una “decisión soberana”.

También se da en una competencia entre el FBI y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, por adjudicarse la detención o entrega -justo ese el litigio- del exmedallista olímpico canadiense Ryan Wedding en la embajada de Estados Unidos en México.

Antes de llevarse al “rey de la cocaína” de suelo mexicano, posaron para la la foto el director del FBI, Kash Patel, el embajador, Ronald Johnson y Omar García Harfuch.

El jaloneo vino después, cuando Patel publicó en su cuenta de X que fue una “operación de alto riesgo” y lo secundó la vocera de la Casa Blanca, Pam Bondi, asegurando que fue otro logro de la administración de Trump, pero tanto el Secretario de Seguridad como el Embajador aseguraron que fue una entrega pactada la del canadiense.