Morenistas tras la magistrada naranja
“El Cabrito” hoy con su ChihuAgua Fest
Crecen los empleos como nunca…pero los informales
El “estilo americano” de las casas del Residencial Leones, a unos minutos de la capital, pero fiscal y formalmente ubicado en el municipio de Aldama, parece estar sepultado entre los pleitos de vecinos a los que nomás les faltan balazos y alguna tragedia humana que lamentar.
Los vecinos organizados en contra de la Sociedad Inmobiliaria Leones (SIL), empresa de no muy buena reputación en el sector, acudieron a manifestarse ayer frente a la Fiscalía General del Estado por la nula intervención de las autoridades penales, en un pleito que debería dirimirse por la vía civil, pero ha escalado al grado de involucrar a guardias armados y amenazas entre grupos vecinales.
Los señalamientos contra Héctor Serapio Muñoz Arrieta y algunos de sus familiares, quienes encabezan el desarrollo ubicado a un costado de la carretera a Aldama, se han intensificado los últimos meses.
No son pocas las manifestaciones, protestas y enfrentamientos, pero habían estado acotados hasta antes de ayer a los límites del fraccionamiento ubicado en una zona antes despoblada entre la capital y el municipio vecino.
A lo más que llegaron, en octubre del año pasado, fue a bloquear momentáneamente el acceso al residencial y parte de la carretera Chihuahua-Aldama, con la amenaza de paralizar el Libramiento Oriente, pero la intervención de la Guardia Nacional ayudó a despresurizar el conflicto, aunque no a resolverlo de fondo.
Según algunas versiones, los costos del mantenimiento, la falta de respeto a algunas reservas del desarrollo y la prepotencia en el trato a los residentes, son algunas de las cuestiones de fondo que llevaron a crecer las protestas, hasta el grado de hacerlas del conocimiento de la opinión pública.
Hasta esos temas podrían quedar limitados a pleitos o litigios que alguna autoridad civil, municipal específicamente, debería dirimir, pero al parecer nadie ha querido intervenir por supuestas influencias con las que les encanta alardear a los residentes.
Pero los señalamientos de vandalismo contra las casas de los vecinos, a causa de estos pleitos, y de corrupción del municipio de Aldama, dirigido por la alcaldesa panista Sandra Galindo, ya rebasan el nivel de lo tolerable e implican un riesgo social al que alguna autoridad debería meterle mano.
¿O estarán esperando a que surjan los balazos y haya algún muerto en la caseta de entrada o entre las casas “estilo americano”?
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El director de la JMAS Chihuahua, Alan Falomir, tendrá los reflectores este miércoles con su ChihuAgua Fest en el Centro de Convenciones, desde las 11 de la mañana hasta las seis de la tarde.
Está convocada la clase política y social, encabezando, desde luego, la gobernadora, Maru Campos.
Y no es un evento cualquiera, congregará a voces influyentes como Chumel Torres, Carlos Chavira, los actores de doblaje que dan vida a Bob Esponja y Vegueta, así como de la influencer, Ashly Hinojos.
Con este evento se busca promover en los jóvenes la cultura del cuidado del agua y de pasada dar a conocer "Cómo anda el agua" de viva voz del también conocido como “El Cabrito”.
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Hace unos días, el exdiputado morenista y abogado, David Óscar Castrejón, presentó una denuncia formal en la Fiscalía Anticorrupción contra la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, por el conocido caso de su hermano, Edgar Herman, sentenciado por secuestro.
La querella también está dirigida al juez de Ejecución de Penas, Juan Carlos Erives Fuentes, quien dio el beneficio de la semiliberación al sujeto, cuñado del diputado y dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Francisco “Pancho” Sánchez, esposo de la magistrada.
La sospecha de que hubo tráfico de influencias del legislador y la magistrada naranja no es nueva, pero lo relevante es la vía que eligió el morenista, quien mantiene estrecha relación con el coordinador de los diputados de su partido, Cuauhtémoc Estrada.
Entre los abogados que han seguido el caso dicen que resulta interesante un punto: el Tribunal de Disciplina Judicial es el encargado de sancionar a los juzgadores -magistrados y jueces- con señalamientos de mala actuación, pero la sospechosa es integrante de este mismo organismo.
Es un contrasentido de la justicia que ella intervenga como jueza y parte en un proceso en el que está señalada, pues si bien el juez, evidenciado con su decisión de beneficiar a un secuestrador sentenciado, sí puede ser investigado y sancionado eventualmente, la magistrada no deja de estar en el fondo del problema.
Habrá que esperar qué resuelve y cómo acuerda la Fiscalía Anticorrupción la denuncia, que desde luego lleva una carga política importante.
Por mientras, sigue exhibiéndose la deficiencia en el control interno que existe en el Poder Judicial y el deprimente nivel al que ha caído Movimiento Ciudadano en Chihuahua, secuestrado por “Pancho”, como las víctimas del hermano de su esposa.
Y ahora que será sumada la exdiputada por Morena, Adriana Terrazas, pues peor tantito.
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Ahora que en febrero se dictamine sobre la jornada laboral de 40 horas, si en verdad se pretende una mejora integral a las condiciones de trabajo, a la par de elevar la productividad en el país, no estaría mal que fueran revisados otros indicadores relacionados.
Por ejemplo, el INEGI ha publicado que al cierre de diciembre pasado se alcanzó la cifra más alta registrada en empleo informal, con 32.98 millones de mexicanos, contra 27.93 millones en ocupación formal.
Otro dato relevante es que hubo un detrimento en los empleos ocupados por mujeres. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en 2025 hubo una ocupación de 35.8 millones de hombres, con un repunte de 1.1 millones, contra 24.6 millones de mujeres, un alza de apenas cuatro mil 6237 plazas.
De acuerdo con ese estudio, al cierre de 2025 la población ocupada ascendía a 60.38 millones personas con la creación de un millón 57 mil 970 puestos respecto a 2024.
Sin embargo los empleos informales crecieron en un millón 161 mil 962 puestos, un crecimiento del 54.6 por ciento en la tasa de informalidad laboral contra un 53.7 por ciento del periodo anterior.
Por sectores de la economía, el mayor crecimiento en empleos se dio en el segundo, que incluye comercio y servicios, con 852 mil 74 plazas, mientras que en el primario, que incluye agricultura y ganadería se crearon 500 mil 652 plazas.
Pero le fue muy mal al sector terciario pues se perdieron 153 mil 132 empleos por la caída en la construcción, donde desaparecieron 237 mil 652 plazas, mientras en la industria manufacturera sólo se generaron 10 mil 312 plazas.
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Hay dos casos que parecen no estar relacionados pero que apuntalan que Chihuahua lleva la delantera, el problema es que la federación no se lo reconoce. Se trata del sarampión y del gusano barrenador.
En cuanto al primero, la Organización Panamericana de Salud ha colocado a México en la tablita, bajo el riesgo de perder su condición libre de sarampión, que mantiene desde 2016.
Diciembre de 2025 cerró con 24 muertes y uno más en lo que va de 2026, en Michoacán.
En Chihuahua, donde inició el brote, se acumularon 4 mil 493 casos y 21 defunciones confirmadas, las otras se registraron en Jalisco y Durango.
En lo que va del año se han registrado 996 casos, sobre todo en Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Ciudad de México y Colima. En Chihuahua, sólo seis, a la inversa del resto del país.
En un comunicado publicado el 16 de enero, la OPS anunció que México y Estados Unidos fueron citados a una reunión virtual el 13 de abril para evaluar su situación tras los brotes.
La otra paradoja, la del gusano barrenador. En lo que va de enero los casos incrementaron 74.79 por ciento con 860 registrados el viernes 23.
Según la Senasica, de las entidades que presentan animales con miasis por gusano barrenador. Oaxaca lidera la lista con 184, seguido de Veracruz con 175, Chiapas con 144 y Guerrero con 111 casos, entre otros 9, además de Tamaulipas, el único estado fronterizo.
En Chihuahua, ninguno.
Tanto frente al sarampión como contra el gusano barrenador el gobierno de Chihuahua va adelante, por lo que sería justo que si no se lo reconocen, mínimo que no le pongan trabas.