Masa de indecisos y desencantados
Resolución de Guerrero pega hasta Chihuahua
Docentes ante denuncias maliciosas

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal y el Ejército, con un centenar de elementos en conjunto, entraron ayer por enésima ocasión al Cereso de Aquiles Serdán para otro más de sus operativos sorpresa.
En esta ocasión, nos reportan elementos del Sistema Penitenciario Estatal, la incursión estuvo dirigida a los módulos seis y siete, estancias y otras áreas, para la revisión de alrededor de 400 internos, menos de un 20 por ciento de los más de dos mil 600 que están actualmente recluidos.
La revisión, supuestamente muy profunda, dio como resultado el aseguramiento de puntas de hierro hechizas; resistencias eléctricas, que deben ser muy efectivas para el agua del café; bocinas, relojes, ropa y algunos otros artículos prohibidos.
Ahora no hubo -o no fueron reportados de forma oficial- cargadores de celulares, que son la evidencia de esos teléfonos “fantasma” que nunca aparecen, pero desde luego existen, junto con las tomas de electricidad que deben tener disponibles los reclusos, aunque no sea legal.
Aunque el operativo fue presumido como una acción extraordinaria para la seguridad estatal, entre los agentes siguen al alza los cuestionamientos sobre la efectividad de esta y las demás intervenciones, que no dejan de exhibir la porosidad de los ingresos al penal.
No son menores los hallazgos de objetos prohibidos que entran a la prisión por sus únicos accesos que tiene, no caen del cielo ni se cuelan por las paredes. Así sean espejos, tenis de marca o figurines de la Santa Muerte, alguien los deja entrar y no debe ser de a gratis; eso reprueba todos los controles del sistema penitenciario.
Si a eso se le suma que los teléfonos nunca aparecen, como tampoco salen las drogas en una población recluida con altos índices de adicciones, queda la duda sobre dónde esconden tan bien los reos esas cosas o quién se las cuida mientras entran los operativos.
Eso no hace más que agrandar las sospechas de que las prisiones y todos sus operativos no tienen la seriedad requerida.

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Al margen de los cuestionamientos por los “se$gos” que puedan tener las encuestas, los estrategas electorales tienen el foco puesto en el alto nivel de indecisos, algunos francamente desencantados, que tienen los aspirantes de los partidos políticos en medio de sus procesos internos de elección de candidatos para 2027.
En la batalla por la gubernatura y la alcaldía de Chihuahua, en el duelo de las marcas, el nivel de indefinición no rebasa un dígito, al ubicarse alrededor del ocho por ciento, por encima, incluso, de las preferencias de los minipartidos como el PRI, Movimiento Ciudadano, Verde y PT.
Pero al interior de los partidos, todavía es muy alto el nivel de militantes que no han decidido por quién votar: en el PAN, son cerca del 17 por ciento, indicador que sólo rebasan César Jáuregui, Rafael Loera y “Manque” Granados; en Morena, los indecisos son más del 22 por ciento, cifra sobre la que están nomás la diputada Brenda Ríos y el exalcalde Marco Quezada.
El PRI merece atención aparte, porque son cerca del 50 por ciento los indecisos o los que, abiertamente, prefieren otro candidato a los que hasta ahora ofrecen las encuestas, el dirigente estatal Alex Domínguez y Rosy Carmona, lideresa de una de las organizaciones otrora poderosas dentro del partido dominante en la prehistoria.
En el promedio ponderado de encuestas de varios colores y sabores, la lectura política no arroja sorpresas, en el sentido de que Morena mantiene cierta ventaja estatal, achicada por los esfuerzos albiazules; mientras que en la capital hay inclinación favorable hacia el PAN.
Esas diferencias no eliminan la competencia que se vislumbra para 2027 y la cantidad de indecisos habrá de reducirse conforme se abran los procesos de selección dentro de los partidos.
Por eso, es al interior de los partidos, PAN y Morena sobre todo, donde estarán más reñidas las batallas y una vez que hayan elegido candidatos, habrá una foto de arranque más nítida.

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La resolución adoptada el lunes pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Controversia Constitucional 174/2025 ha establecido con claridad que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene competencia exclusiva para fiscalizar fondos del Ramo 33, con lo que aventó por el suelo el intento de la auditoría estatal de Guerrero por revisar 900 millones de pesos del fondo FAISMUN en Acapulco.
Aunque la Corte aclaró que esta decisión no exime de responsabilidad a los ayuntamientos, sino que define que la rendición de cuentas debe realizarse ante la federación y no ante los estados, dejó abierta la puerta a la existencia de convenios de coordinación, pero sembró la duda de la exclusividad de facultades que podrían ser indelegables.
Bajo esta lógica jurídica, diversos municipios en el estado de Chihuahua que son gobernados por Morena (o su coalición) y que administran cuantiosos recursos federales podrían estar tentados a acudir con la Corte una vez que la Auditoría Superior del Estado aplique el convenio firmado con la ASF que le permite auditar recursos federales.
La tentación de obtener protección federal nace de que, por ejemplo, Juárez recibe este año cerca de mil 735 millones de pesos en Ramo 33; Guadalupe y Calvo, 339 millones; Urique 111 millones y Guazapares, 64 millones, sólo por poner unos ejemplos.
Estos municipios, igual que el de Acapulco, Guerrero, prefieren la auditoría federal bajo el signo morenista por obvias razones partidistas y la incapacidad de la ASF por llegar al último rincón del país.
En el caso de Guerrero no había aún en 2023 un convenio que permitiera una derivación de competencias, ahora lo hay, desde el último día de junio, pero ¿qué tan constitucional es que la ASF delegue en las ASE’s esas facultades?
Seguramente lo sabremos si hay impugnaciones, con seguridad las habrá, antes de abrir las puertas de par en par a una fiscalización estatal sobre dineros federales, que son cuantiosos, como ya dijimos arriba.

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Bajo el argumento de que el magisterio enfrenta una vulnerabilidad ante campañas de desprestigio y denuncias penales o administrativas que carecen de sustento, fue presentada una iniciativa de reformas a la Ley Estatal de Educación y a la Ley de Seguridad Escolar, con el fin de establecer protocolos que protejan al personal docente de agresiones o denuncias maliciosas.
Una de las adiciones es la fracción X del artículo 131 de la Ley Estatal de Educación, que establece la obligación de madres, padres y tutores de conducirse con respeto y abstenerse de realizar actos de intimidación o difamación contra el personal escolar, complementados con reformas al Código Penal para incrementar las sanciones por amenazas cuando estas sean dirigidas a docentes en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, habría que encontrar un justo medio, ya que debe armonizarse con la obligación de garantizar la integridad de los alumnos frente a casos reales de abuso sexual o maltrato.
Con eso, la propuesta -que de origen viene firmada por decenas de maestros, entre ellos Guadalupe Hinostroza, Lourdes Dueñas, Dalila Flores Gutiérrez y Marcela Rodríguez- no está peleada, porque los nuevos protocolos determinan que la autoridad educativa debe actuar de manera inmediata ante cualquier riesgo, pero asegurando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia.
Nos dicen las maestras impulsoras que el objetivo de la reforma no es crear un marco de excepción para los docentes, sino integrar el interés superior de la niñez con una seguridad jurídica que evite el uso doloso de los mecanismos de denuncia contra maestros.

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El alcalde, Marco Bonilla, anduvo por El Charco y El Vallecillo.
En aquella zona han sido destinado más de 10.6 millones de pesos para la ampliación del Salón de Usos Múltiples de El Vallecillo, la nueva aula de usos múltiples en el CREI Martín López, la continuidad de la pavimentación de la calle Tercera y la entrega de equipos de cómputo.
En una región golpeada durante años por la sequía, tampoco es menor el respaldo al sector agropecuario. Hubo entrega de semilla de sorgo y avena, alimento para ganado, maquinaria e insumos que representan un alivio para productores que han enfrentado condiciones cada vez más adversas.
El DIF, encabezado por Karina Olivas, entregó sillas de ruedas, andadores, bastones, medicamentos y otros apoyos funcionales a las familias.
No para la administración municipal.