El asesinato del reportero Luis Ángel López Valdez en Poza Rica, Veracruz, y el secuestro de la periodista Roxana Guzmán, menos de una semana antes, no son hechos aislados ni pueden interpretarse como episodios de delincuencia común. Estos hechos constituyen la expresión más reciente de una crisis estructural que, desde hace años, coloca a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Ambos casos ocurrieron con apenas días de diferencia y vuelven a situar a Veracruz como uno de los principales epicentros de la violencia contra la prensa.

La gravedad de estos acontecimientos radica en que suceden en un contexto donde la violencia física contra periodistas se combina con una creciente deslegitimación política y social de la actividad periodística. La agresión ya no proviene únicamente de grupos criminales o de actores locales corruptos; también se alimenta de narrativas públicas que presentan a los medios de comunicación y a los periodistas como adversarios políticos, actores deshonestos o enemigos de determinados proyectos de gobierno.
Por ello, es pertinente la exigencia del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, ya que este crimen representa un nuevo agravio contra la libertad de expresión y contra el derecho de la sociedad mexicana a estar informada. Ningún periodista debe ser asesinado por ejercer su profesión y ningún atentado contra la prensa puede quedar impune.
El caso de Luis Ángel López resulta especialmente alarmante porque reportaba temas de seguridad y violencia, uno de los ámbitos más peligrosos para el ejercicio profesional. Más preocupante aún es que diversas versiones señalan que contaba con medidas de protección previas, lo que abre cuestionamientos sobre la eficacia real de los mecanismos institucionales destinados a proteger a comunicadores en situación de riesgo.
Por otra parte, el secuestro de Roxana Guzmán representa una modalidad de agresión particularmente grave, porque busca no solo silenciar una voz, sino generar terror colectivo entre los periodistas de una región. La desaparición temporal o permanente de comunicadores tiene un efecto multiplicador: produce autocensura, inhibe investigaciones y reduce el acceso ciudadano a información relevante.
A casi dos semanas del secuestro de Roxana, la preocupación crece entre familiares, amigos y, desde luego, entre todo el gremio periodístico.
Durante las dos últimas administraciones federales se ha observado un fenómeno preocupante: la normalización de discursos de odio hacia la prensa.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las conferencias matutinas se convirtieron frecuentemente en espacios donde periodistas, medios de comunicación y columnistas fueron exhibidos públicamente, cuestionados por sus motivaciones o señalados como representantes de intereses políticos y económicos.
Si bien la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum había mostrado un tono distinto, diversos acontecimientos recientes parecen indicar un cambio de rumbo. Un ejemplo de ello fue el llamado de la propia mandataria a no ver TV Azteca.
Cuando desde el poder se instala la idea de que los periodistas son mentirosos, corruptos, opositores o enemigos del pueblo, se genera un ambiente propicio para que actores criminales y grupos de interés consideren legítimo hostigarlos. El discurso de odio no dispara el arma, pero puede contribuir a crear las condiciones sociales que facilitan la violencia.
No se puede ocultar la gravedad de las agresiones contra la prensa: las cifras son contundentes. Datos citados por organismos internacionales indican que entre 2016 y 2025 fueron asesinados al menos 89 periodistas en México, presuntamente en relación con su labor informativa.
Durante el sexenio de López Obrador fueron asesinados 47 periodistas, una cifra equivalente a la registrada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En el actual gobierno federal ya se contabilizan nuevos casos de homicidios contra comunicadores.
Y el principal fracaso del Estado mexicano no es únicamente que sigan ocurriendo agresiones; es que la inmensa mayoría permanece sin castigo.
La impunidad tiene efectos devastadores porque convierte cada asesinato en un mensaje para toda la profesión. Cuando un periodista es asesinado y nadie es condenado, el resultado práctico es una advertencia para cientos de reporteros que cubren corrupción, crimen organizado, seguridad pública o abusos de poder.

En ese sentido, el homicidio de Luis Ángel López y el secuestro de Roxana Guzmán no solo afectan a dos personas y a sus familias. Constituyen ataques contra el derecho colectivo de la sociedad a estar informada. Cada periodista silenciado implica historias que no se contarán, investigaciones que no se publicarán y actos de corrupción o criminalidad que permanecerán ocultos.
La discusión ya no debería centrarse en si México es o no uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo; la evidencia demuestra que lo es. La pregunta de fondo es si el Estado mexicano será capaz de romper el círculo de violencia e impunidad que ha convertido el ejercicio de informar en una actividad de alto riesgo.