La reciente designación criminal de Gorditas Chiwas y Grupo Especial Mamba Negra, negocios envueltos en una nebulosa de silencios, hace resurgir el inevitable cuestionamiento de cómo Washington puede señalar redes financieras nacionales ilegítimas sin que México mueva un dedo para revisar lo que pasa en casa.
Los contadores que olfatean el lavado o prácticas fiscales delicadas a kilómetros de distancia lo dicen con claridad: al Servicio de Administración Tributaria le importan un comino los pobres, esos que ganan menos de 300 ó 400 mil pesos al año; con que estén asalariados y paguen IVA es más que suficiente.
Pero a los que rebasan esa métrica, sean de clase media, alta o súper alta, tienen marcaje especial, supuestamente, para que no se les vaya más dinero en complejas arquitecturas fiscales que en pagar la tributación correspondiente.
Así, al SAT nada le interesa hacer con vendedores informales de piratería ni narcomenudistas o delincuentes que inflan sus cuentas de poco a poquito o inventan formas sencillas de evasión, pero sí tiene capacidad para detectar cuentas que no cuadran de empresas reales o ficticias. Si no lo hace, así se sencillo, es porque no quiere.
Por ello, resulta incomprensible la inexistencia de causas fiscales o penales contra los negocios operados por Alfredo Orozco Romero y sus familiares Amalia Margarita y Liliana, antes y después de la inclusión en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El misterioso propietario de las gorditas y la empresa de seguridad -ramo que ha florecido en Chihuahua gracias a la inseguridad y la violencia reinantes en el estado durante décadas- es señalado como asesor y cobrador de deudas para Armando Ojeda Avilés, líder de la red de lavado de dinero de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Las entidades y personas de Chihuahua están acusadas de “haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Ojeda Aviles”, bajo las órdenes ejecutivas 13224 y 14059, que elevan la gravedad en relación a anteriores intervenciones estadounidenses antes de la administración de Donald Trump.

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Pero aquí en México no pasa nada. Las gorditas siguen abiertas y la Mamba Negra -nombre que mayor indignación debería generar- mantiene en su lista de socios al subsecretario del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del Estado, el general retirado Ricardo Fernández Acosta.
La designación causó cierta sorpresa, igual que la sociedad empresarial de un militar. Pero la verdadera sorpresa debería ser otra, porque no es la primera vez y ni siquiera una excepción. Es una historia repetida en dos décadas.
Desde hace días o semanas, las pantallas, las conversaciones, las redes sociales, los noticieros, las sobremesas, los anuncios, los patrocinios, las quinielas y hasta las disputas cotidianas son en torno al Mundial de Futbol de la FIFA. El país entero parece vivir una especie de tregua emocional alrededor del deporte.
Pero mientras millones siguen las alineaciones y los resultados, hay otro juego desarrollándose fuera del reflector. Es uno menos espectacular, pero infinitamente más trascendente porque no se juega en las canchas, sino en los bancos, en las transferencias, en los expedientes financieros, en las listas negras.
En ese otro partido, México no parece ser el director técnico, para nada. Parece otro simple espectador o a lo mucho un jugador a riesgo de recibir tarjeta amarilla o roja, a pesar de las enormes y costosas burocracias federales, estatales y municipales que mantienen sus habitantes.
En este marco, dos empresas de Chihuahua quedan no como simple curiosidad regional, sino como parte de una advertencia de que Washington está metido con todo en el país, pero mucho más lejos que de aportar información para capturar capos como Nemesio “El Mencho” o detectar narcolaboratorios en la sierra.
Las señales, como esa de llegar a una pequeña cadena de comida regional y una miniempresa de seguridad local, apuntan a que Estados Unidos va por los engranes, los prestanombres, las fachadas, los flujos de efectivo, las criptomonedas y los negocios “legales”, que están a la vista (gorda) de la autoridad mexicana.

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Decíamos que no es la primera vez que pasa. En Chihuahua, durante dos décadas, la OFAC ha decretado la muerte financiera de quince empresas aparentemente legales, ganaderas, gasolineras, casas de cambios, inmobiliarias, transportistas, procesadoras de alimentos y hasta equipos deportivos sin jugadores pero con marca.
De 15 empresas basadas en el estado, 14 han estado relacionadas con distintas facciones del Cártel de Sinaloa y una más con el Cártel de Juárez, lo que permite detectar muy bien cuáles son las prioridades de Estados Unidos (y por qué hay unos grupos criminales que actualmente mejor no se meten con el cristal ni el fentanilo).
De todas, ninguna había sido desmantelada previamente por las autoridades mexicanas. Todas fueron descubiertas primero desde Washington, como si las autoridades estadounidenses observaran desde un satélite financiero algo que aquí nadie logra ver. O nadie quiere ver.
La dimensión del fenómeno ya dejó de ser regional. El año pasado ocurrió algo que pocos dimensionaron, cuando la ofensiva de EU alcanzó al sistema financiero mexicano, con los dos bancos (CI Banco e Intercam) y una casa de bolsa (Vector) que horas después de ser enlistadas por la OFAC, ya estaban rematando sus activos.
Eran tres instituciones formales, reguladas, con cierto peso en el sistema bancario. No tenían importancia sistémica como las más grandes, pero sí eran jugadores establecidos del mercado.
Bastó que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro las colocara bajo sospecha para que comenzara una reacción en cadena. Su reputación se desplomó, los mercados reaccionaron y sin necesidad de una sentencia penal cerraron operaciones porque el aislamiento financiero es incluso peor que la prisión en este tipo de casos.
Y México respondió como acostumbra: pidió pruebas y argumentó falta de elementos. Y la misma respuesta que se escuchó con los bancos, es la que hoy escuchamos sobre las dos empresas de Chihuahua.
Ante esas posturas, EU parece decidido a no esperar más. Desde que Trump declaró a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, las reglas cambiaron de forma radical, extendiéndose la persecución a facilitadores, socios, familiares, operadores, amigos, ya no sólo a los capos o criminales directos.
Eventualmente podría llegar a los protectores, que deben estar en las estructuras del gobierno, sin más escudo que un hueco concepto de soberanía y muchas sospechas sobre el país vecino, que obviamente busca en principio beneficiarse, no ayudar a los mexicanos.
Visto así el panorama, la invasión ya comenzó. No fue con militares y comandos sobre el territorio mexicano -todavía no, al menos- sino con estrategias de guerra tecnológica que van de la piel a la médula del sistema político nacional.

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Abona a esta idea la versión de que bancos extranjeros con operaciones en México recibieron instrucciones para revisar las cuentas personales y familiares de varios gobernadores de diferentes partidos, surgida apenas hace unos días.
No hay acusación judicial, fuera de lo que ha pasado con el morenista Rubén Rocha Moya en Sinaloa, pero sí la confirmación de que Washington tiene en el sistema financiero el camino para entrar al país.
Estados Unidos parece actuar bajo la conclusión lógica de que no puede limitarse a perseguir y abatir sicarios, sino que debe incautar los activos que lubrican la entrada del crimen a las estructuras políticas.
La intervención es silenciosa, sin convoyes militares ni helicópteros, sin imágenes espectaculares del tipo hollywoodense que tanto gustan en ambos lados de la frontera. Es una guerra de algoritmos, de inteligencia, cuentas congeladas, bitcoins y transferencias rastreadas, todo lo cual también está al alcance de México, pero aquí no hay interés de recurrir a ello. O más bien hay interés de no hacerlo.
Quizá por eso Gorditas Chiwas sea mucho más que unas gorditas sabrosonas y la Mamba Negra mucho más que una negociazo de seguridad con auspicio y patrocino oficial, como antes fueron Indios Rojos de Juárez; Mexpacking Solutions; R y H, El Remate o las agroempresas de los hermanos Arriola de Saucillo, mejor conocidos como “Los Pichones”, que hasta ganaron una licitación oficial del Rastro TIF de Chihuahua...Y sigue bajo su control.
Es la misma historia: la del Estado que siempre llega tarde, la de investigaciones extranjeras que descubren lo que aquí nunca ven las autoridades que se hacen las sorprendidas para luego cruzarse de brazos otra vez.
De todo esto, tal vez lo más inquietante es que la estrategia estadounidense parece apenas comenzar. Los bancos fueron una señal, las empresas de Chihuahua otra y las versiones sobre las cuentas de gobernadores y presuntos narcopolíticos podrían ser una más. Y nadie sabe cuál será la siguiente jugada.
Mientras tanto, México vive pendiente del Mundial, de quién pasa a octavos, de las sorpresas, las goleadas, los memes y la esperanza nacional de que la selección de Javier Aguirre ahora no decepcione. Nada malo hay en ello. El futbol, después de todo, es una de las pocas cosas capaces de unir a un país fragmentado, atenazado por el crimen.
Sin embargo, es posible que sin darnos cuenta, lejos del ruido y del rugido de los estadios, ya esté en curso otro campeonato en el que otros ya juegan la final, mientras todo el país está pendiente del Mundial.