Los Provida que quisieron sobornar al INE
Menos homicidios, mismo puesto nacional

Con incontables cajones de estacionamiento perdidos debido a que está cerrado todo un nivel en la Ciudad Judicial, los que ganan dinero son los que tienen inmuebles viejos apenas habilitados para que puedan ser dejados vehículos en los alrededores de la sede de la justicia estatal.
Entre los ganones de los estacionamientos privados se encuentra la lucrativa familia Aguilar, repartida entre la Cámara de Diputados, el Congreso del Estado, la dirigencia del Partido del Trabajo y hasta el mismo Poder Judicial, donde Rubén Aguilar Jr. es magistrado gracias a su doctorado en el acordeón
Las propiedades de los Aguilar no se limitan a El Pasito, las enormes extensiones en colonias al norte de la ciudad y grandes residencias en el San Francisco. También frente al edificio del Poder Judicial tienen su minita de oro -entre la avenida Niños Héroes y la Julián Carillo sobre la calle Décima- en forma de estacionamiento.
Pero no quiere decir que este sea uno más de los negocios al amparo del poder, porque resulta más bien en una obra de la casualidad.
De hecho, es un asunto colateral de un problema realmente grave: la Ciudad Judicial está sostenida sobre gatos hidráulicos en gran parte de su estructura, desde hace años cuando comenzó a crujir el edificio y se registraron daños complejos en su cimentación.
Desde principios de 2025 -como dejamos constancia con la nota de El Diario publicada en 28 de enero de ese año- fue cerrado uno de los estacionamientos de forma definitiva, aunque entonces se dijo oficialmente que iba a ser una medida provisional.
La mala construcción tiene dando señales desde 2017, antes de cumplir dos años de su entrega como el nuevo edificio del Poder Judicial, pero a la fecha hablan en los pasillos de que ya hay dictámenes técnicos sobre los daños que presenta y son bastante más graves de lo imaginado.
Es más, hay quienes sostienen que esos dictámenes, mantenidos en la opacidad como si alguien quisiera beneficiarse del silencio, no le dan más de cinco años de vida útil al edificio, ante la enorme carga que representa para la pobre de cimentación.
Ya es tiempo de que, en un ejercicio de transparencia, concepto generalmente lejano para la administración de justicia estatal, sean dados a conocer públicamente los dictámenes sobre los daños que tiene el inmueble y los riesgos que representa, al menos para que los empleados y usuarios sepan dónde están parados...En un edificio mazapán que, el Altísimo no lo quiera, puede irse abajo en algún momento.

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Tres de cuatro organizaciones sociales que buscan constituirse en partidos políticos fueron acusadas de fraude y sancionadas por el Instituto Nacional Electoral, por alteraciones en las supuestas afiliaciones conseguidas mediante asambleas a lo largo del país.
Entre esas tres asociaciones aparece la denominada “México tiene vida”, cuyo fundador y principal dirigente es Jaime Ochoa Hernández, un empresario originario de Nuevo León. Otros promotores son Eduardo Zamarripa Cortés y Jorge Garza Talavera, del mismo estado.
La agrupación, de corte ultraconservador y provida, tiene señalamientos graves de colectivos locales, como la Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua, que denunció la afiliación de personas mediante engaños y aprovechándose de sus condiciones de pobreza.
Las acusaciones las habíamos documentado en GPS durante el año pasado. Los promotores de la organización, sin nombres visibles en Chihuahua, entregaron despensas a cambio de participar en eventos y tomaron datos y credenciales sin informar claramente que se trataba de una afiliación partidista.
Pero ahora el INE acusa incluso intentos de sobornar a una funcionaria electoral para que validara una asamblea en Chihuahua, en el colmo del sistema vigente para la creación de más organizaciones políticas. Sí, pretendían fundar un partido con un acto de corrupción, mientras hacen propaganda con la cantaleta de que “la vida y la familia deben estar en el centro de las decisiones” y que buscan “el México que todos queremos”.
Por esa conducta, el INE presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. Y si bien la responsabilidad penal no puede recaer en un partido sino en la persona que quiso comprar a la autoridad electoral, lo más lógico es que su registro sea negado este día.
Ojalá que así sea, por “el México que todos queremos”.

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De acuerdo con el último informe de la consultora TResearch International, el estado exhibe una tendencia decreciente y sostenida en homicidios dolosos.
Con 616 casos registrados en casi la primera mitad de 2026, las proyecciones sugieren que la entidad podría cerrar el año muy por debajo de los 1,500 casos, consolidando el descenso del 2025 (1,910 homicidios) frente a 2024 (2,305) y 2023 (2,517).
El contraste es claro, los mil 910 homicidios reportados al cierre de 2025 representan una reducción del 70.2% en comparación con el pico histórico de 2010, cuando contabilizaron seis mil 407 víctimas.
En los 631 días transcurridos del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, Chihuahua acumula tres mil 088 homicidios, situándose como la tercera entidad más violenta del país, superada únicamente por Guanajuato y el Estado de México.
Con Andrés Manuel López Obrador, el estado cerró en el cuarto puesto nacional con un acumulado de 15,773 casos. La diferencia es descomunal.
Negar la disminución constante del homicidio en Chihuahua sería ignorar la evidencia que entregan los registros oficiales, celebrar el descenso como una batalla ganada resulta prematuro.

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Las recientes inspecciones realizadas por la alcaldía en establecimientos dedicados al reciclaje son una acción preventiva necesaria... igual de improrrogable que el retiro de yonquerío de vehículos chatarra en banquetas y calles.
La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología junto a Protección Civil Municipal, inspeccionaron 16 recicladoras de distintos puntos de la ciudad.
El resultado fue de 11 establecimientos clausurados al no contar con la documentación indispensable para operar, particularmente la Resolución de Impacto Ambiental y la licencia de Uso de Suelo.
Detrás de esos requisitos administrativos existe una razón de fondo mucho más importante que un simple trámite. Se trata de verificar que los espacios donde se almacenan materiales reciclables cuenten con las condiciones adecuadas para evitar riesgos.
La experiencia ha enseñado que cuando se ignoran las medidas de seguridad y prevención, las consecuencias pueden ser devastadoras.
Los incendios en establecimientos de este giro suelen generar daños materiales importantes, contaminación ambiental y, en los casos más graves, ponen en riesgo vidas humanas. Ninguna ciudad puede darse el lujo de esperar a que ocurra una tragedia para actuar.
Bien por esa acción encabezada por el propio alcalde, Marco Bonilla.