-Brigadas en colonias para invitar a la marcha
-Red flag en protesta laboral de la UACH

La incidencia de ejecuciones en el Valle de Allende no es baja, a pesar de ser un municipio con menos de 10 mil habitantes. Cada año se acumulan alrededor de 10 homicidios dolosos, aunque generalmente resultan ligados a la actividad criminal de las dos ciudades medias que flanquean la localidad, Parral y Jiménez.
Sin embargo, los hechos rara vez son registrados en la cabecera municipal, en plena zona urbana de Allende, como lo fue el caso de la maestra Lucía Guadalupe Mora Ávalos, maestra de profesión y coordinadora de Morena en la región.
Su ejecución, la noche del pasado martes, estremeció a la población por lo ampliamente conocida de la víctima, pero especialmente sacudió a la clase política. Su marido, que resultó gravemente herido, y su hermana, también maestra, regidora y excandidata a alcaldesa hace unos años, colaboran con la administración municipal, a cargo del alcalde Rafael Payán Morales.
Hasta ayer no había pistas claras sobre el móvil del ataque que comenzó a investigar la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres (FEM), pero en la región sur se desataron las especulaciones sobre presuntas motivaciones político-criminales, por la actividad de la víctima en la promoción de su partido.
La ejecución de una morenista destacada en un municipio gobernado por Morena le pone un desafío de peso a la Fiscalía Zona Sur, encargada a Guillermo Hinojos, en momentos en que está desatada la guerra política y abundan las acusaciones y etiquetas criminales entre partidos.

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Todavía no acababa de irse de Chihuahua la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, cuando las brigadas de su partido comenzaron a recorrer casa por casa para invitar a la marcha de este sábado en contra de la gobernadora Maru Campos.
En Villas del Rey, Del Real, Sahuaros, Minerales y otras de la zona norte de la capital, fueron vistos la tarde del martes los brigadistas bien identificados con su chaleco guinda y tabletas electrónicas, para motivar a la gente a salir “en defensa de la soberanía” y registrar sus datos.
Todo apunta a que el morenismo tiene el interés muy marcado de desbordar la avenida Universidad con el reclamo que ha tomado como bandera política.

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Ayer los trabajadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua comenzaron a utilizar un moño negro en su ropa, como parte de las medidas anunciadas, entre ellas las de trabajar bajo protesta en lo que analizar la conveniencia de emplazar o no a una huelga.
Por acuerdo del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UACH, encabezados por María Concepción Rodríguez Zendejas, los empleados fueron conminados a unirse para reclamar una respuesta de las autoridades universitarias, que desde alrededor de un mes dejaron en visto su último planteamiento para mejorar las condiciones laborales.
Entre los trabajadores comienzan a surgir algunas fracturas por las medidas adoptadas -como esa del moño negro o laborar “bajo protesta” pero sin dejar de cumplir sus obligaciones que les impone el patrón-, que seguramente han de tener muy presionados a los funcionarios universitarios.
Es real la demanda de cesar malos tratos contra los empleados y mejorar las condiciones en que deben laborar, pero los trabajadores comienzan a percibir que la dirigente Rodríguez parece esconder algo más personal con la encargada de Recursos Humanos, Daniela Bustamante, quien tampoco se queda atrás en la animadversión que muestra hacia la lideresa sindical.
Sería lamentable que por una cuestión llevada al terreno de lo personal vaya avanzar un problema laboral universitario. Como si le faltaran red flags a Chihuahua en el mapa nacional.

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Hay más adelanto de lo que será el hospital escuela en la Universidad Autónoma de Chihuahua, que en una primera etapa está pensado como atención de primer nivel y probablemente quirófano ambulatorio.
En dichas instalaciones los servicios serían prestados por estudiantes de todos los grados, inclusive algunos que cursen especialidad, con apoyo, guía y supervisión de algunos maestros asignados.
Es un reto muy interesante hacerlo así, por la dificultad financiera que plantea hacer contrataciones y generar un cargo para la nómina.
Para ejemplificar nos dicen que podría ser algo como un CESSA, o Centro de Salud con Servicios Ampliados, que bien podría rondar en inversión de construcción y equipamiento desde unos 60 millones, y más ambicioso, hasta 200 millones de pesos.
A diferencia del CESSA sólo habría consulta de primer nivel, aunque muy bien podría de manera posterior pensarse en algunas especialidades con trabajo probono.
La secretaría de Salud Estatal tiene experiencia en la construcción y operación de dichas instalaciones. Por ahí podría venir el plan para bajar recursos estatales y federales, y generar ahorro.
Pero que ya empiecen, de lo contrario se quedará en mero propósito incumplido.

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Cinco páginas de explicaciones técnicas recetó el ingeniero Mario Mata, en su calidad de cabeza de la JCAS a los diputados de Movimiento Ciudadano, Alma Yesenia Portillo y Francisco Sánchez Villegas, mejor conocido como Pancho.
Se les ocurrió -ternuritas- preguntar ¿Qué tipo de medidores se encuentran actualmente instalados en el municipio de Hidalgo del Parral, especificando si cuentan con certificado conforme a normas oficiales aplicables y el porcentaje de cobertura en el padrón de usuarios?
Pues mejor no hubieran preguntado. Nada más responder a ese cuestionamiento le llevó al ingeniero Mata, colmilludo, casi una hoja entera de la respuesta presentada en papel membretado de la Junta Central de Agua y Saneamiento.
Les dijo, “Tipo de medidor. Para agua potable, tipo velocidad de 1/2" de diámetro, designación N 1.5 clase B, chorro múltiple, transmisión magnética, registro sellado herméticamente y compuesto en su alojamiento de cobre con cubierta en vidrio IP68, pre equipado para lectura remota, registro totalizador análogo y digital con 5 dígitos enteros”, y mil etcéteras.
Las otras cuatro páginas corresponden a más definiciones técnicas, como para explicarles, por ejemplo, porque el agua si regresa por la tubería no acrecienta el consumo para fines de cobro con afectación para el usuario, con una tecnología de doble marcaje.
Quedaron con cara de what. Hay un exceso en esa figura de las preguntas a dependencias y secretarías, y otros organismos, con cuestiones que ni al caso, y que sirven para nada, sólo en la exhibida de los mismos legisladores que no son especialistas en las materias técnicas, y en mucho papeleo burocrático.
Pura pérdida de tiempo en muchas ocasiones, como es el caso, con sus excepciones que las debe haber.

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Resulta relevante que el gobierno municipal de Chihuahua le apueste a la profesionalización de sus funcionarios, en un contexto donde la ciudadanía exige gobiernos más eficientes, transparentes y cercanos.
La capacitación de los servidores públicos deja de ser un simple requisito administrativo para convertirse en una verdadera necesidad institucional.
El reconocimiento entregado por el alcalde, Marco Bonilla, a los 15 funcionarios que concluyeron el Diplomado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Administrativa no solo representa un logro académico, sino también una apuesta por mejorar la atención y resolución de conflictos dentro del servicio público.
El hecho de que Chihuahua sea el único municipio del país en contar con este diplomado especializado habla de una visión enfocada en fortalecer las instituciones y preparar perfiles cada vez más capacitados para enfrentar los retos de la administración pública moderna.
Más allá de los discursos, la profesionalización termina reflejándose en decisiones mejor tomadas, procesos más eficientes y una atención más sensible hacia la ciudadanía. Gobernar no solo implica administrar recursos, sino también contar con personas preparadas, con criterio y vocación de servicio.
En tiempos donde la confianza ciudadana en las instituciones suele ponerse a prueba, invertir en servidores públicos mejor capacitados siempre será una decisión que vale la pena.