Las calificadoras de riesgo —también conocidas como agencias de calificación crediticia— son entidades privadas, aunque sujetas a supervisión gubernamental: la CNBV en México, la SEC en Estados Unidos. Su función en los mercados es altamente relevante ya que anticipan la probabilidad de que un emisor, llámese gobierno o empresa, incumpla sus obligaciones financieras.
Han sido señaladas, en algunas ocasiones con razón, como corresponsables de la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, pero ese cuestionamiento no elimina su influencia: sus calificaciones siguen siendo el principal referente que utilizan los inversionistas del mundo para decidir dónde colocan su dinero y a qué precio —es decir, a qué tasa de interés— están dispuestos a prestarlo.
Las tres agencias más influyentes son Fitch Ratings, Standard & Poor's y Moody's. Cada una maneja su propia escala, pero en términos generales: AAA representa la máxima calidad crediticia, mientras que D, significa riesgo de default. Entre ambos extremos existe un umbral crítico conocido como "grado de inversión", el cual es representado en el rango BBB+ y BBB−. Cuando un país recibe una calificación inferior a ese nivel por parte de al menos dos de las tres grandes agencias, pierde formalmente dicho grado. Las consecuencias no son menores: muchos fondos de inversión institucionales están obligados estatutariamente a retirar su capital de ese destino, o bien exigen rendimientos más altos para asumir el riesgo adicional. El resultado es un encarecimiento generalizado del crédito —soberano y privado— que termina pagando la población entera, no solo la administración gubernamental.
Ocho años de descenso
La calificación de riesgo de nuestro país, lleva ocho años transitando un deterioro crediticio paulatino pero constante. En 2018, S&P y Fitch lo ubicaban en BBB+, mientras Moody's le asignaba una calificación A3. Hoy el panorama es otro: Moody's lo redujo dos niveles, a Baa2; Fitch lo bajó igualmente dos peldaños, a BBB−, el último escalón antes de perder el grado de inversión; y S&P lo recortó un nivel, a BBB, aunque en días pasados cambió su perspectiva de "estable" a "negativa", una señal de alerta que pudiera anticipar una rebaja adicional en los próximos 24 meses.
Los argumentos que S&P expone no dejan mucho espacio para la interpretación. El PIB creció apenas 0.8% en 2025, frente a 1.1% en 2024 y 3.3% en 2023. En el primer trimestre de 2026, la expansión anual fue de apenas 0.2% en términos anualizados. La incertidumbre en torno a la renegociación del T-MEC agrava el panorama externo. La deuda pública podría alcanzar 54% del PIB hacia 2029, con pagos de intereses que representarían alrededor del 15% de los ingresos del gobierno. El déficit fiscal estimado para 2026 ronda el 4.8% del PIB.
Mediciones que no se pueden ignorar
Estas advertencias no son opiniones ideológicas ni juicios políticos: son mediciones. Como tales, no admiten ser desestimadas ni respondidas con comunicados de prensa tranquilizadores, como ya lo hizo la Secretaría de Hacienda, sino que exigen acciones concretas.
Recuperar la confianza de los mercados requiere de decisiones que hoy parecen evadirse: proyectar certeza jurídica desde las instituciones encargadas de impartir justicia, preservar las relaciones comerciales con los socios estratégicos del país en lugar de tensarlas innecesariamente, realizar los ajustes fiscales indispensables sin sacrificar la inversión en infraestructura que detona crecimiento real —generación de energía, conectividad, logística—; y proteger los contrapesos institucionales que son pilares fundamentales de la vida democrática.
México no puede darse el lujo de seguir administrando el declive como si fuera un fenómeno inevitable, ajeno a las decisiones de quienes gobiernan. Cada rebaja en la calificación crediticia es la consecuencia documentada de elecciones concretas: de gasto, de instituciones, de señales enviadas a los mercados y al mundo.
No hay que confundir al termómetro con la enfermedad, las calificadoras miden y los mercados actúan. Discutir si son justas o si tienen conflictos de interés es una conversación legítima, pero no puede ser una justificación para desestimar a la enfermedad misma: el estancamiento del crecimiento, la fragilidad fiscal, la incertidumbre que ahuyenta la inversión que el país necesita desesperadamente.
México sigue siendo un país con fortalezas reales y con una capacidad de recuperación que ha demostrado en los peores momentos de su historia. Pero las fortalezas no se administran solas, requieren decisiones, liderazgo y la honestidad de reconocer que no es tiempo de diagnosticar, sino de actuar.