Primeramente, antes de tocar el tema de la defensa de la soberanía nacional, es importante dejar asentado, como hechos reales que son, los siguientes: a principios de diciembre del año pasado, Donald Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien en 2024 había sido condenado por un juez estadounidense a 45 años de prisión y a pagar una multa de 8 millones de dólares, por delitos de narcotráfico. Sin más ni más, o liberó y utilizó para impulsar a la derecha en las elecciones presidenciales de ese país centroamericano.
Asimismo, el 3 de enero del año que transcurre, por órdenes de Trump, el presidente venezolano Nicolas Maduro, fue capturado con motivo de, entre otros supuestos cargos, dirigir el llamado “Cartel de los Soles”, de cuya existencia, a la postre, fue desmentida por el propio Departamento de Justicia norteamericano. Esto es, nunca existió tal organización criminal, tratándose de un deliberado engaño.
Por otra parte, en cuanto al odio y agresión hacia los cubanos, el vicecanciller de la isla caribeña, Carlos Fernández de Cossío, atinadamente describe muy ilustrativamente la maldad norteamericana al señalar: “Sin excusa legítima alguna, el gobierno de Estados Unidos construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar” (La Jornada, 18 de mayo de 2026).
Entonces, con los antecedentes anteriores, queda claro que para EE. UU. no es primordial encarcelar a los narcotraficantes para que se haga justicia, pero sí lo es el recurrir a cualquier argucia para justificar sus intromisiones indebidas en otros países. En pocas palabras, el gobierno estadounidense no es digno de confianza en sus relaciones internacionales, sino de desconfianza.
En tales condiciones, hablar de la soberanía de México no es un asunto menor, “pasado de moda”, sino por el contrario, ante las posibilidades reales de una intromisión de tropas norteamericanas en nuestro territorio —pues con ello sigue amenazando Donald Trump—, resulta fundamental su defensa por todas y todos los mexicanos, habiten donde habiten.
Pueden tratar de imponer los temas que se deseen para desviar la atención ante un asunto tan delicado, pero frente a hechos reconocidos hasta por el embajador estadounidense en México, de la intromisión [indebida] de agentes norteamericanos “dedicados a proteger nuestras comunidades”, el asunto revierte una mayor preocupación. Efectivamente, habrá múltiples pendientes que atender e investigar en los distintos órdenes de gobierno y zonas del país, de igual o menor importancia, pero concretándonos al que nos ocupa, de la misma manera no se puede dejar pasar.
Ante esos sucesos, destacando la acostumbrada y engañosa intromisión estadounidense para desestabilizar países, además de las históricas agresiones extranjeras que hemos padecido, todas y todos los mexicanos tenemos no únicamente el derecho, sino también el deber y la obligación, de defender la soberanía nacional.

Por ello, además de necesaria y oportuna, la marcha y protesta del pasado sábado en la ciudad de Chihuahua y en otras regiones del estado, constituyen la exigencia de una investigación de hechos y de la aplicación del derecho, ante una posible —¿evidente? — violación constitucional y legal en relación con la soberanía multicitada.
En esa protesta participaron respetables mexicanas y mexicanos, no “narcos marchantes”. No pudieron llegar todas y todos los que así lo deseaban, pero nada impidió que se realizara con el éxito previsto. Se trató de impedir —y en algunos casos se impidió— el ejercicio del derecho a manifestarse y la libertad de tránsito, con los férreos bloqueos de carreteras para evitar que acudieran a la marcha personas no únicamente de otras entidades, sino también de otros municipios de Chihuahua.
A pesar de las divergencias políticas-ideológicas que deben existir y ser respetadas en una democracia, lo que debe mover a las y a los mexicanos comprometidos con su patria, en cuanto a las relaciones con otros países, es la defensa irrestricta de los principios constitucionales de: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
No es correcto permitir o permitirnos, por una simpatía político-electoral, por una relación laboral o, incluso, hasta por una animadversión hacia una corriente ideológica, que se vea vulnerada la soberanía nacional. Ningún acto de intromisión extranjera, por aislado o mínimo que se le quiera hacer ver, debe ser tolerado. Ese puede ser el comienzo de otra desgracia histórica para las y los mexicanos.
Hoy más que nunca, nuestra nación que tanto ha padecido, que ha librado múltiples luchas frente a los embates extranjeros, pero, sobre todo, que tanto nos ha dado, está demandando de todas y todos nosotros, en esa defensa de la patria, tener presente y sostener con orgullo y compromiso:
¡UN SOLDADO EN CADA HIJO TE DIO!