Lo que comenzó hace un mes como el aseguramiento de un gigantesco narcolaboratorio en el serrano municipio de Morelos, terminó convirtiéndose en algo mucho más delicado: una fractura institucional Federación-Estado en el renglón más delicado para cualquier gobierno, el de la seguridad.
La trágica muerte del jefe de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera y su escolta Manuel Genaro Méndez, además de dos oficiales de Estados Unidos que estaban de forma irregular en territorio mexicano, fue el detonante de este conflicto político y constitucional que, de no superarse, podría ser el anticipo de una crisis mayor.
Ello quedó evidenciado ayer en las tensiones previas a la marcha morenista, que pusieron de cabeza a la capital desde temprano e incluso elevaron el nivel de alerta, el "modo operativo" de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
Con 20 menciones en cuatro semanas en las conferencias mañaneras de Claudia Sheinbaum, el asunto se ha politizado a tal extremo que Morena organizó una movilización masiva para pedir el juicio político contra Maru Campos, en un momento clave para el estado y el país; el momento en que la gobernadora conduce su propia sucesión y la presidenta es sometida al referéndum de la mitad de su administración.
Al mismo tiempo -lo que hace parecer un nado sincronizado en la 4T- la Fiscalía General de la República avanza en investigaciones que conducen a la sinrazón de que no hay delito en el narcolaboratorio, pero sí en la supuesta traición a la patria de la que las fuerzas políticas pretenden hacer culpable a Campos Galván. No a sus comandantes o fiscales, sino a ella directamente.
El discurso oficial de la FGR no ha sido estático, puede notarse en el análisis profundo de sus comunicados oficiales. Ha evolucionado de forma tal que cada boletín sube un peldaño en intensidad y confrontación.
Los comunicados emitidos entre el 28 de abril y el 13 de mayo pasados muestran con claridad esa transición, quizás motivada porque Sheinbaum sí visualiza una intentona de desestabilización contra su gobierno en el que estaría detrás la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
Sólo ese razonamiento explicaría por qué en Morena y la 4T quieren la cabeza de Maru y no les importara un laboratorio de drogas sintéticas, así fuera el más grande de aquí a la Luna.
Ahora no se trata de un caso de narcotráfico a gran escala que se supone combate el Estado mexicano. El Ministerio Público Federal ha delineando otro eje, el de la posible invasión de competencias por parte de autoridades estatales, derivada de la participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano.

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El primer comunicado de la FGR sobre el caso, identificado como 218/26 del 28 de abril, tuvo un tono institucional y acartonado. Anunció la apertura de dos investigaciones: una relacionada con el narcolaboratorio y otra derivada de la presencia de estadounidenses “aparentemente pertenecientes a agencias de seguridad”.
Desde el inicio aparecieron dos elementos relevantes. Primero, la Fiscalía federal dejó asentado que la investigación original estaba en manos de la Fiscalía estatal y que la FGR “desconocía” esa indagatoria previa; segundo, introdujo por primera vez la suposición de “delitos en materia de seguridad nacional”.
Ese punto no es menor. En el lenguaje jurídico y político, hablar de seguridad nacional implica elevar el caso por encima de un simple operativo antidrogas; significa colocar el asunto en la esfera de las relaciones internacionales, la soberanía y las facultades exclusivas de la Federación.
Aun así, en esta primera etapa la FGR todavía mantuvo la moderación. Habló de coordinación, análisis y revisión de actuaciones y no acusó directamente a la Fiscalía de Chihuahua de irregularidades.
El comunicado siguiente, el 233/26 del cuatro de mayo, cambió el tono. Aquí la FGR ya no habló únicamente de hechos, sino que comenzó a poner el foco sobre decisiones concretas tomadas por autoridades estatales, al tiempo en que avanzaba con sus informes la fiscal Wendy Chávez, nombrada por Maru Campos como titular de una unidad especial de investigación de ese caso, dentro de la misma Fiscalía General del Estado.
La FGR mencionó que cerca de 50 personas serían citadas a entrevista ministerial y anunció requerimientos de información, como las acreditaciones de los agentes extranjeros y si el Gobierno de Chihuahua las conocía.
Aquí dejó de investigar únicamente el laboratorio. “La única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la FGR”, estableció el fiscal de Asuntos Relevantes, Ulises Lara. Sí, el mismo que fue a rescatar al expanista y arribista de Morena, Javier Corral, cuando la Fiscalía Anticorrupción intentó detenerlo en la Ciudad de México, por si faltaran evidencias del sesgo político del caso.
Desde ese momento, la Federación consideró que la autoridad de Chihuahua pudo haber actuado fuera de sus atribuciones y ya personalizó con una referencia al “ahora exfiscal general”, César Jáuregui, quien para entonces había dejado su cargo y abierto la puerta a Arturo Zuany, hoy exfiscal de Operaciones Estratégicas.

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Un tercer comunicado, el 241/26 del seis de mayo, cambió nuevamente el eje. Aquí la FGR se concentró en exhibir la magnitud del narcolaboratorio, con datos ya conocidos que la autoridad federal llegó a validar: más de 55 mil litros de sustancias químicas, más de 50 toneladas de sólidos, cerca de dos mil litros de metanfetamina, etc.
La institución introdujo abundancia de cifras, tecnicismos y procesos periciales. ¿Por qué era importante hacerlo? Quizás porque necesitaba reforzar la idea fundamental de que no se trataba de un laboratorio menor o aislado, sino de una instalación de escala industrial, compatible con hipótesis de delincuencia organizada.
Y eso, aunque validó en parte la acción de seguridad del gobierno de Campos Galván, también llegó a fortalecer jurídicamente el argumento federal sobre competencia exclusiva. El mensaje que buscaba la FGR, evidentemente, era el de que un operativo de ese tamaño no podía manejarse únicamente desde el ámbito estatal.
Además, la FGR aprovechó este boletín para remarcar la coordinación con la Defensa, Guardia Nacional y fuerzas federales; comenzó a construir un contraste entre el modelo federal de actuación institucional y la operación originalmente ejecutada por autoridades estatales, con apoyo supuestamente marginal del Ejército.
Pero el mayor punto de quiebre está en el comunicado 258/26, emitido apenas el 13 de mayo, casualmente un día después de que, desde Chihuahua, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunciara la concentración masiva y la exigencia de juicio político contra Maru Campos.
Aquí la FGR dejó atrás la cautela y entró directamente al terreno del señalamiento político-constitucional. Primero, acusó que las autoridades estatales no entregaron el lugar ni los indicios bajo cadena de custodia, lo que es gravísimo en términos procesales porque reduce a nada el delito, con lo cualquier responsable que pueda ser detenido tiene garantía de libertad con esas fallas; en suma, no hay delito.
Después, la Fiscalía federal enfatizó que el operativo ya estaba planeado y ejecutado antes de informar a la Federación, para rematar con que “la conducción de la política exterior, al igual que las funciones en materia de seguridad nacional, son atribuciones exclusivas del Gobierno de la República”.
La frase no fue colocada al azar. Es un recordatorio constitucional elevado a la mayor gravedad política posible; es cuando queda claro, pues, que el laboratorio clandestino no es relevante, como sí es que las autoridades estatales permitieron o coordinaron la participación extranjera sin conducción federal; ello se agrava con el anuncio de “una nueva línea de investigación” para determinar si Chihuahua invadió la competencia federal.

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Es claro el sobredimensionamiento político del caso Chihuahua-CIA, frente a la minimización del reclamo que hace la Agencia Antidrogas de Estados Unidos del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Es muy evidente en el manejo comunicacional sesgado de la 4T, evidente con sus propios boletines oficiales.
Del presunto narcogobernador la exigencia es de pruebas al país vecino y tímidas investigaciones federales sobre el crimen sinaloense. La FGR apenas ha girado un par de comunicados, casi en papel de defensor de oficio de Rocha Moya, que contrastan con la rudeza aplicada a Campos Galván, elevada a traidora de la patria y promotora de la desestabilización nacional.
La Federación parece excedida tanto si trata de mandar el mensaje a los gobernadores de que la seguridad nacional y la relación con agencias extranjeras son territorios reservados; como si pretende decirle a Estados Unidos que cualquier operación con agentes norteamericanos en México debe pasar por los canales federales.
Entonces, claramente queda un trasfondo político como motor principal del escándalo, que serían las elecciones de 2027, cuando están en juego 17 gubernaturas: 12 que ya están en poder de Morena; tres de Acción Nacional, entre ellas Chihuahua; más Nuevo León de Movimiento Ciudadano y San Luis Potosí, del parásito Verde.
En este contexto de batalla electoral, vale la pena recordar que en el país la justicia siempre ha estado subordinada al poder político, pero desde los tiempos de la vieja hegemonía priista no había carecido de contrapesos y límites, judiciales o legislativos.
Ahora, los tres poderes de la unión están plenamente sometidos al dictado del Ejecutivo, que no tiene más frenos aparte de los que quiera autoimponerse.
Así, la guerra política de la 4T contra Maru Campos supone un reto monumental para la mandataria estatal, porque el discurso de la FGR, alentado desde Morena sin separación alguna de los asuntos políticos y los de seguridad, apunta claramente a su cabeza. Ni investigar el narcolaboratorio ni frenar a la CIA es de su interés.