Arturo Zuany Portillo es el hombre más buscado por las fiscalías estatal y federal, y también por Maru Campos, pues la gobernadora lo ha señalado como el responsable de permitir que agentes de la CIA operaran en el estado de Chihuahua. Lo responsabiliza directamente a él y a su jefe, el exfiscal César Jáuregui Moreno, actualmente preso y procesado por el delito de traición a la patria.
Arturo Zuany Portillo es un policía investigador de carrera que comenzó a ascender junto con el exfiscal de Juárez, Jorge Nava López. Este último era jefe de los Ministerios Públicos de la Unidad Antisecuestros, mientras que Zuany se desempeñaba como jefe de la Policía Investigadora de esa misma unidad.
Durante el gobierno de César Duarte, en dicha unidad especializada asestaron importantes golpes a bandas de secuestradores, un delito que preocupaba especialmente y por el que exigían resultados los empresarios reunidos en la Mesa de Seguridad Todos Somos Juárez. Ese trabajo les valió las recomendaciones para ocupar, respectivamente, los cargos de fiscal de Juárez y primer comandante de la Policía Investigadora durante el quinquenio de Javier Corral.
Jorge Nava López dejó el cargo; sin embargo, su amigo y excolaborador, Zuany, dio el salto a la titularidad estatal durante el gobierno de Maru Campos, cuando fue nombrado director estatal de la Agencia Estatal de Investigación. Ahí se ganó la confianza del fiscal César Jáuregui Moreno, quien mantenía una relación más que excelente con la gobernadora Maru Campos, hasta que cayó en desgracia.
Un servidor fue uno de los que cuestionó, en estas mismas páginas de El Diario, el nombramiento de César Jáuregui como fiscal. Dicho cuestionamiento no obedecía tanto a su capacidad como abogado, de la cual nunca dudé para ocupar tan importante cargo, sino a lo que se requiere para desempeñar una responsabilidad como la de fiscal general: conocimiento de la materia y del medio.
Desde ese importante cargo no podía delegar toda la responsabilidad; tenía que estar pendiente de lo que hacían sus subordinados. El Ministerio Público, cuya cabeza era César Jáuregui Moreno, debía verificar que todos los actos de la Policía Investigadora fueran legales y constitucionales. Así lo establecen la Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Lo digo con conocimiento de causa, pues durante muchos años me desempeñé como agente del Ministerio Público y, posteriormente, como coordinador de Ministerios Públicos. En ambas funciones tuve bajo mi mando y conducción a la Policía Investigadora, a la que siempre hay que dirigir dentro del marco de la legalidad, supervisando que todas sus actuaciones y acciones se apeguen a Derecho.
Por ello, sin saber si es cierta o no la responsabilidad que se atribuye tanto al exfiscal estatal César Jáuregui como a Arturo Zuany Portillo, primero director de la Agencia Estatal de Investigación y posteriormente de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, lo que se desprende de las declaraciones de la gobernadora, de las investigaciones de la Fiscalía Estatal y de lo que ha filtrado y comunicado la Fiscalía General de la República es que el tema central radica en la falta de legalidad de las actuaciones de la Policía Investigadora durante el operativo El Pinal.
Hasta este momento se desconoce si las actuaciones que les atribuyen Maru Campos y las fiscalías estatal y federal fueron realizadas dolosamente y con autorización de ambos funcionarios. Como ya dije, debe respetarse la presunción de inocencia. Lo que sí puede afirmarse hasta ahora es que hubo una actuación ilegal en el operativo de El Pinal, al permitirse la participación de agentes estadounidenses, cuando lo primero que debió cuidarse era precisamente la legalidad del operativo.
También está pendiente verificar lo publicado esta semana por The New York Times, que aseguró que Zuany Portillo afirmó que la gobernadora Maru Campos tenía conocimiento de la operación de los agentes de la CIA. Una acusación que tanto la mandataria como la actual Fiscalía Estatal han negado.
Veremos en qué termina todo esto y si es cierto, como sostiene la gobernadora, que los responsables son sus excolaboradores, quienes antes gozaban de toda su confianza y ahora son perseguidos por ella y por su fiscalía: César Jáuregui Moreno y Arturo Zuany Portillo. También falta que la Fiscalía General de la República investigue lo que Zuany declaró al reconocido periódico estadounidense: que Maru Campos sí estaba enterada.
Hasta ahora, lo único que se conoce son las declaraciones de Maru Campos y de sus excolaboradores, quienes se contradicen entre sí. Falta conocer qué documentos y videograbaciones existen y si estos pueden ayudar a esclarecer los hechos para determinar si la gobernadora está lavándose las manos y responsabilizando a sus antiguos colaboradores, o si estos actuaron por cuenta propia y al margen de la ley durante el operativo.
