-Abusones ministeriales toman las banquetas
-Va Santiago por encuesta o elección
-El pero del IEE por bailarinas

La publicación de The New York Times sobre el exfiscal prófugo, Arturo Zuany Portillo, como presunto responsable directo de la incursión de agentes de Estados Unidos en Chihuahua, hizo salir al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a confirmar la existencia de órdenes de aprehensión en su contra.
No fue la gran revelación la que hizo ayer el secretario durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero vino a refrescar que el caso no se ha cerrado.
De una u otra forma era conocido que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República tenían causas abiertas contra el exfiscal de Operaciones Estratégicas, aunque no pareciera porque, tras la detención del exfiscal general, César Jáuregui, ambas autoridades se cruzaron de brazos y dejaron de lado la participación del también exdirector de la Agencia Estatal de Investigación.
Lo que sí fue revelador fue el sustento que, de acuerdo con el reportaje del medio estadounidense, tienen las órdenes contra Zuany, no ejecutadas hasta el momento porque, oficialmente, se desconoce su paradero, aunque de forma extraoficial se dice que permanece protegido por autoridades de Estados Unidos… o en Ecuador.
Entre los testimonios presentados aparece el de un “alto funcionario de la Policía Estatal” -suponemos que de la Ministerial Investigadora- que tuvo conocimiento de una instrucción girada por Zuany Portillo para ejecutarlo, en el tiempo en que se desempeñaba como director de la AEI.
Asimismo, aparece otro señalamiento contra Zuany, como involucrado en el asesinato de dos policías en el año 2022, también como director de la AEI y comandante de la corporación investigadora, cargo desde el cual habría impedido que las pesquisas sobre ese crimen avanzaran.
¿Ordenaba el exfiscal ejecuciones desde la Fiscalía General del Estado? ¿Alcanzaba ese nivel de gravedad la situación de la dependencia encargada de la procuración de justicia?
Como quiera que sea, la detención de Jáuregui Moreno en la vertiente política del caso de traición a la patria que le han imputado, no puede tomarse como la resolución completa del expediente con el que la administración federal mexicana busca sancionar la intervención extranjera en México.
Mientras Zuany permanezca prófugo, y quizá hasta protegido por las autoridades del país vecino, la administración federal difícilmente podrá hablar de justicia.

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Los grupos especiales de narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, con base en el viejo edificio de la avenida Niños Héroes y Décima, a unos pasos de bulevar Díaz Ordaz, usan las banquetas como estacionamiento, como puede verse en las imágenes que nos reportan para la edición digital de GPS.
Las instalaciones oficiales, en la parte trasera de la Ciudad Judicial, no disponen de lugares adecuados para dejar los vehículos, como gran parte de las dependencias ubicadas en el primer cuadro de la capital, que ya está muy rebasado en todos los aspectos.
Eso no debería ser pretexto para violar la ley, menos por parte de una autoridad, pero es pan de todos los días, invariablemente, que las unidades ocupen toda la banqueta y un pedazo de la calle para estacionarse, con los consecuentes riesgos para automovilistas y peatones.

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Setenta nuevos cadetes comenzaron esta semana su preparación para convertirse en policías municipales.
Y aunque fue el suplente, René Chavira, quien les dio la bienvenida, detrás de esa nueva generación hay una apuesta por la seguridad que, dicen en la alcaldía, Marco Bonilla dejó bastante encaminada Marco Bonilla.
Durante su paso por la Alcaldía, Marco metió inversión en patrullas, tecnología y equipamiento, pero también una decisión menos vistosa: fortalecer la formación de los elementos a través del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua.
Ahora, con la cuarta generación del ISSCUU, otros 70 aspirantes deberán completar mil 72 horas de capacitación antes de salir a las calles.
Lo interesante es que el proyecto sigue su curso con Chavira al frente del Municipio y Julio César Salas en la Dirección de Seguridad Pública, sin necesidad de comenzar otra vez desde cero.

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Nada sencillo estará para el Instituto Estatal Electoral (IEE) determinar si existió o no violencia de género por la inclusión de mujeres en microscópica ropa en caravana que enmarcó el arranque de campaña de Marco Bonilla en Juárez.
Hubo imágenes de memes en dichos tractocamiones contra a barredora, Adán Augusto, Andy López Beltrán y Rocha Moya, entre otros. De ahí la molestia en Morena.
Por petición de un exhorto del Congreso, el IEE abrió una investigación para determinar si hay discriminación o algún tipo de violencia, con un gran pero.
De antemano el IEE no va a revictimizar a las mujeres que engalanaron los camiones de propaganda, ni a juzgar su libertad de trabajo.
Eso lo puntualizó con muchísima claridad la presidenta del órgano electoral, Yanko Durán.
El expediente abierto es el IEE-AG-009/2026 con su cuaderno de antecedentes IEE-CPAS-002/2026 para desahogar las diligencias preliminares.
Como parte del procedimiento, la autoridad electoral solicitó formalmente al Congreso del Estado la entrega de evidencias en su poder, incluyendo material fotográfico, grabaciones de video y datos sobre la contratación o distribución de la propaganda.
Por lo pronto, encomendó el IEE a su Coordinación de lo Contencioso Electoral certificar las actas correspondientes sobre las publicaciones disponibles.
Dejó claro el órgano electoral que su facultad se limita a la investigación inicial y, de encontrarse elementos suficientes, a la apertura de un Procedimiento Especial Sancionador (PES), que deberá resolver el Tribunal Estatal Electoral (TEE).
Habrá que ver en qué queda el tema, que volvió a surgir a un mes de ocurrido, por la respuesta que Yanko Duran rindió al Congreso por pregunta de la morenista Magdalena Rentería y que fue divulgada apenas esta semana.

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Andan los equipos de precandidatos que comen ansias y con ellos la proveeduría y operadores alrededor.
El periodo de precampañas para el próximo proceso electoral local inicia el dos de diciembre de 2026 para la elección a la gubernatura y el 19 de diciembre de 2026 para las elecciones de Diputaciones, Ayuntamientos y Sindicaturas, concluyendo todas el 10 de enero.
Lo importante de esa fecha de inicio es que un partido político que registre precandidaturas en la totalidad de los cargos disputados podrá ejercer un límite máximo conjunto -si los reúne- de hasta 57 millones de pesos, 12 de ellos en la gubernatura, 16 millones en los distritos, 17 en los ayuntamientos y 10 en las sindicaturas.
Nada menos que un techo financiero teórico de 323 mil pesos diarios durante la etapa inicial de la gubernatura y de hasta dos millones al día por partido durante el periodo pico de 23 días donde convergen las cuatro contiendas electorales.
Bajo este escenario, si seis fuerzas políticas (PAN, PRI, MORENA, PVEM, PT y MC) participan de forma activa con precandidaturas completas en todo el territorio estatal, la verdadera "danza de millones" desplegará un techo de gasto acumulado de hasta 344 millones, únicamente en procesos de selección interna, unos 13 millones diarios en la fase pico.
Es el preludio de lo que ocurrirá en la contienda constitucional, donde hay que multiplicar la cifra por cinco veces, con lo cual cada partido podría gastar hasta 287 millones en sus fórmulas completas, una gigantesca bolsa potencial de mil 700 millones.
Viene entonces una auténtica danza de dineros, difícil sino imposible de fiscalizar, con grandes huecos responsabilidad toda del INE desde la ciudad de México.
Por eso hay quienes ya se relamen los bigotes en espera del inicio.